La Voz del Pueblo
La facturación de los laboratorios medicinales, en el mundo entero, es una de las más altas de la actividad industrial y comercial, por lo cual se deriva de ello una serie de cuestionamientos, críticas y desde el otro lado, de presiones y «lobby». Eso no es nada nuevo, pero las discusiones son permanentes y significan enormes masas de dinero.
India es el segundo país del mundo por población y sus condiciones de vida, en centenares de millones de personas, es deplorable. Ante eso, hace bastantes años, el gobierno decidió ignorar el mecanismo internacional de patentes, que protege las invenciones en todos los órdenes. Dispuso en consecuencia comenzar a fabricar medicinas en gran escala, utilizando las drogas genéricas y logrando disminuciones espectaculares en los costos. Comenzó entonces, además de producir, a exportar a todo el mundo, lo cual significó un duro golpe a la industria farmacéutica de muchos países, que iniciaron en esa época a presionar para que las cosas volvieran, aunque sea parcialmente, al dominio monopólico anterior.
Organizaciones No Gubernamentales de innumerables lugares y los propios gobiernos pudieron registrar rebajas sustanciales, pero en el año 2005 la India aceptó someterse otra vez a la ley de patentes y que en el caso de fármacos existentes, se ajustaba a las normas internacionales solamente en los casos de productos innovadores, no modificaciones de ya existentes.
Novartis, uno de los grandes laboratorios, presentó un pedido de patente para una forma mejorada de un medicamento llamado Glivec, que llegó a curar muchos casos de leucemia en su variante de mieloide crónica. Su costo es muy alto, al extremo que aun la de fabricación india del genérico, se encuentra fuera del alcance de los más pobres. El producto de Novartis cuesta en Europa 2000 euros y el genérico 156 euros.
Esto originó un reclamo legal de la empresa, pero la Corte Suprema de la India dictaminó que la versión mejorada no era una innovación, basándose en una ley por la cual la Oficina de Patentes es el único organismo que puede dictaminar si es o no una innovación que pueda acogerse a la ley del asunto, y lo hizo en forma negativa. La variación producida se limitaba a brindar la misma droga como un compuesto de sal, pero no fue tolerada, máxime considerando que es una práctica habitual de los laboratorios presentar como nuevo un remedio existente, con muy ligeras modificaciones. Esto lleva también a reajustes de precios.
La famosa ONG «Médicos sin fronteras» lo celebró públicamente, aunque advirtió que esta es una lucha para abaratar medicamentos que no ha terminado. Esa ONG compra el 85% de sus productos farmacéuticos a utilizarse en el mundo que vive en la miseria, lo cual significa una rebaja de inversión muy grande. India tiene la tasa de desnutrición infantil severa más alta del sudeste asiático.
Volvamos a la Argentina. En agosto de 2002 el Congreso sancionó una ley que estableció la obligatoriedad de que las recetas médicas incluyeran obligatoriamente la droga genérica, sin especificar marca comercial, aunque el médico podía agregar este dato si lo deseaba. El país estaba en plena crisis y el ministro de Salud, Ginés González García, logró la sanción, que legalizó un decreto de necesidad y urgencia de semanas previas.
Declaraciones difundidas por publicaciones porteñas señalan que el 85% de acatamiento a la norma que se logró inicialmente ha caído bruscamente al 25%, con el agravante de que organismos nacionales como el PAMI no hacen cumplir la ley. Aunque las recetas no lleven el nombre genérico igualmente las reconocen.
Quien fuera jefe de gabinete del Ministerio de Salud de esa época, Federico Tobar, dice que hoy «como en tiempos de Menem, tenemos los medicamentos más caros del mundo». Afirma que en Brasil el precio con los genéricos descendió el precio medio, mientras que en nuestro país se encareció el precio promedio y se agrandó la diferencia. «Ha sido un fracaso, porque nadie se interesó en profundizar la política de genéricos», ni en los sectores políticos, sanitarios o sindicales.
Irónicamente, la Cámara de Medicamentos Genéricos sostiene que el sistema tiene una gran aceptación de parte del público y también de parte de los farmacéuticos, porque pueden coexistir un vademécum de genéricos y otro de marca.
Una última acotación: en Francia, se acaba de aplicar una multa de 40 millones de euros al laboratorio Sanofi por la campaña que desarrolló contra el genérico de su producto Plavix, afirmando que esos productos tenían fallas de calidad y seguridad. Esta campaña perjudicó a los sistemas oficiales de salud franceses en cerca de 40 millones de euros anuales.
En la Argentina nunca se realizó una campaña de promoción, salvo muy restringidas actividades de los sistemas mexicanos implantados en el país, como las farmacias del Dr. Ahorro y muchos creen que es un «medicamento para pobres», erróneamente.