Prensa Latina
25 de junio de 2013.- Los sindicatos y movimiento sociales paralizarán este martes Costa Rica con una huelga general nacional para demandar cambios sociales, políticos y económicos en el país, entre otras exigencias.
Líderes de los principales gremios y agrupaciones sociales informaron detalles del movimiento que incluye paro laboral, bloqueos de carreteras, marchas y movilizaciones en 24 puntos del país.
El rechazo al proyecto de ley de la Reforma Procesal Laboral, la Ley de Concesiones, los actos de corrupción y la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social son algunos motivos de la protesta.
La huelga es apoyada por las organizaciones del Magisterio Nacional que llamaron a los padres a no enviar a sus hijos a la escuela o colegio porque no habrá clases.
Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, afirmó que el Gobierno pretende eliminar el derecho huelga para que no podamos manifestarnos.
El pueblo no acepta más engaños; los sectores sociales exigen acciones y soluciones a los numerosos problemas que afectan a todos los costarricenses, aseguró el gremio en un llamado al cese de labores en centros de salud, excepto las urgencias.
Estamos hartos de los escándalos de corrupción y que nadie vaya a la cárcel, e instamos a denunciar a los políticos corruptos, dijo Mariano Rodríguez de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza.
Por su parte, Marysela Zamora, del Foro Nacional, expresó que pedirán la anulación de la Ley de Concesiones y de los contratos con las empresas extranjeras OAS y APM Terminals.
OAS debía mantener y ampliar una importante carretera, mientras APM tiene la licencia para la ampliación del puerto Moín, el principal del país, que anunció el cierre de actividades este martes. Ambos casos son considerados una forma de privatización y vía para hechos de corrupción denunciados públicamente.
Hasta el momento el Frente Amplio es el único partido político que hizo un pronunciamiento de apoyo a la huelga general, y expresó su respaldo a denunciar las concesiones corruptas de carreteras, muelles y otros bienes y servicios públicos nacionales.