El enfrentamiento por el destino de las reservas del Banco Central, por el destino de su destituido titular y, en fin, por el destino de las políticas económicas del Gobierno, ha alcanzado un grado de virulencia tal que hace pensar en la imposibilidad de una solución razonable.
El arco opositor engrosa día a día, como consecuencia quizás de la intensa campaña mediática, que no deja espacio para las razones del oficialismo y multiplica las voces opositoras. Desde la Casa Rosada se responde con mayores rispideces, como la creciente presión sobre un Martín Redrado ya prácticamente condenado a la historia. ¿Qué pasará ahora?
No tenemos dotes adivinatorias, así que dejamos la respuesta a los propios hechos. Sí sabemos que habrá más pronunciamientos acerca lo que puede hacer el Gobierno con esos 48.000 millones de dólares que reposan en el Central.
Sobre este tema hay opiniones divergentes, aunque la mayoría de ellas coinciden en que por lo menos se deben reguardar 30.000 millones para respaldo del circulante actual; otros agregan previsiones en distintos montos hasta llegar a los 40.000, que sería el máximo.
Así y todo, quedarían 8.000 millones de la moneda estadounidense, pero aún admitiéndolo nos aguarda otra discusión entre el Palacio de Hacienda y la oposición, esta última decidida a impedir de cualquier manera que el Gobierno tenga márgenes para hacer frente a sus compromisos externos e internos al mismo tiempo, algo sobre lo que hablamos hace una semana.
Empero, la cuestión deja mucha tela para cortar. Por ejemplo, la independencia del Banco Central y el monto mínimo de reservas. Sobre este último tema, hay que advertir que la referencia al circulante forma parte de la ortodoxia monetarista, pero acaso no resulta tan importante para economistas de otras corrientes.
El diario La Nación del 17 de este mes revelaba que las reservas de Estados Unidos no llegan a 100.000 millones de dólares, lo que determinaría una situación de riesgo extremo. Pero a Washington no parece preocuparle el detalle, y algo muy parecido ocurre en Inglaterra.
En cuanto a la independencia de la institución, habría que determinar bien de quien debe ser independiente. Porque cuando estamos garantizando, por ejemplo, la autarquía absoluta del gobierno central, se nos puede estar colando la dependencia de otros factores de poder.
Recordemos que, en 1982 el Banco Central, gobernado en nombre de los militares por Domingo Cavallo, era «independiente», como ahora; sin embargo, fue dócil instrumento para nacionalizar una deuda privada de 23.000 millones de dólares. Que pagamos todos, aunque benefició, sin duda, a más de un empresario del círculo íntimo del luego ministro de Economía de Carlos Menem.
«Independiente» era el Banco Central de Ecuador cuando este país perdió su signo monetario, e «independiente» era el Banco Central de Venezuela cuando la desastrosa crisis de 1994. En fin, que en Redrado y quienes lo respaldan existe una comunidad de ideas que hace vaticinar respuestas comunes ante los requerimientos de la economía de un país.
Allí hay que encolumnar, sin duda, a la élite del empresariado argentino, empezando por los sectores afines a la Sociedad Rural Argentina; al macrismo y otros núcleos afines; a una UCR cada vez más volcada al alvearismo; y al peronismo conservador, entre otras agrupaciones políticas.
En suma, un conjunto de expresiones dispuestas a regresar a las ideas dominantes en la última década del siglo pasado. Cuando la Presidenta habla de restauración neoliberal no se equivoca: todas las fuerzas de la derecha están encaminadas hacia ese propósito, aunque los contornos aparezcan todavía muy difusos. Ya se definirán, aunque no hay que ser muy perspicaz para anticipar que seguirán el diseño del Consenso de Washington.
Si eso ocurriera, la responsabilidad sería del kirchnerismo, que en siete años de gobierno no tuvo la capacidad -o ni siquiera la intención- de desmantelar el entramado jurídico pergeñado en los años de neoliberalismo rampante. El ex presidente Kirchner reconoció en un reportaje semanas atrás que la reforma a la Carta Orgánica del Central era «una asignatura pendiente».
Da la impresión de que nunca en el kirchnerismo se pensó en la posibilidad de que el presidente del BCRA pudiera elegir un camino distinto; tan distinto como para colocar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la situación comprometida en la que ha caído.
Las mismas vacilaciones del kirchnerismo lo alejan hoy de la posibilidad de que la centroizquierda pueda convertirse en el respaldo que tanto necesita y, para colmo, aparece lo que el diario Clarín define como un «Partido Judicial» que desafía las interpretaciones oficialistas de la ley.
Ni la jueza Sarmiento ni las camaristas en lo contencioso administrativo salieron de un repollo: sostienen sin duda concepciones afines a aquellas cercanas al «Estado cero», y eso las coloca por lo menos en las inmediaciones del grupo restaurador que mencionamos unas líneas más arriba. No los unen contactos directos, por cierto, sino firmes lazos ideológicos.
La definición ideológica, para ser más específicos, permite tener un Banco Central capaz de sostener un desarrollo autosostenido del país o, por el contrario, un Banco Central dependiente de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI), como lo fue por tantos años hasta que la convertibilidad dejó al descubierto sus pies de barro. «Es la ideología, estúpido», se podría decir parafraseando a Bill Clinton.
Esa discusión que hace centro en los esfuerzos por evitar un revival neoconservador deja fuera de foco un problema fundamental, cual es el de la legitimidad de la deuda externa, empezando por la que consolidaron los militares de la última dictadura e incluyendo los movimientos que acompañaron aquel «blindaje» acordado en el catastrófico año de 2001.
Existe un libro, que recomendamos, prologado por el rector de la Universidad Católica de Córdoba, padre Velasco, con textos de Miguel A. Espeche Gil, Juan Pedro Schaad, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, Salvador Lozada, Alejandro Olmos Gaona y otros, todos los cuales coinciden en señalar y analizar las debilidades de la formación de esa deuda.
El país -tal vez sus representantes- debería abrir un debate serio sobre la pertinencia del pago de esos miles de millones de dólares y sus escandalosos intereses. Ecuador ha abierto una investigación exhaustiva que llevará luz sobre el proceso de endeudamiento que prácticamente hundió al país.
Y ahora Islandia -esa remota isla que se transformara en paradigma de las políticas financieras neoliberales-, por disposición de su presidente tendrá un plebiscito para que su pueblo decida sobre el pago de parte de su deuda. Nosotros también tenemos que hablar de la deuda.
Ernesto Ponsati es Director Periodístico del diario Hoy día Córdoba.
Fuente original: www.prensared.com.ar