El pronunciamiento de la ONU se produce a más de nueve meses de los hechos y a menos de un mes para las elecciones generales en Paraguay, en las que será electo un nuevo mandatario.
El Comité de la ONU también manifestó su preocupación “por las alegaciones de importantes irregularidades del Ministerio Público, la judicatura y las fuerzas de seguridad en el caso”, así como “falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación”.
El 15 de junio del año pasado, 17 personas murieron durante un operativo de desalojo de una hacienda ubicada en Curuguaty, departamento de Canindeyú.
Una semana después, el Congreso paraguayo usó este caso para someter a juicio político a Lugo, luego que el ex mandatario anunciara la creación de una comisión especial para investigar el suceso.
Al ex mandatario se le dieron escasas 24 horas para presentar su defensa.
Esta medida fue calificada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) como un golpe de Estado parlamentario.
Lugo ha denunciado que la masacre se dio en el contexto de un «complot jurídico-político” planificado para derrocarlo.
Ante estas irregularidades, el Comité de la ONU ha instado a Paraguay a “garantizar que el proceso de destitución siempre se lleve a cabo con plena conformidad con los principios básicos del debido proceso”, cuestiones que no se cumplieron en la acción contra Lugo.