Por: CEME
El episodio Lan-Sebastián Piñera, se reflotó cuando Eduardo Frei como un dardo en medio del primer debate presidencial televisado, puso en tela de juicio la transparencia del candidato de la derecha.
El caso mencionado por Transparencia Internacional en un Informe Global de Corrupción difundido, remite a la sanción que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS),resolvió aplicar en 2007 a Piñera y Juan José Cueto Plaza, directores de LAN AirlinesS.A., y Víctor Bezanilla Saavedra, director de Besalco S.A (posteriormente absuelto) por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada.
En su defensa, Piñera y su entorno siempre ha insistido en que no cometió delito alguno. Pero aceptó asumir la multa determinada por la Superintendencia, que ascendió a 19.470 UF (más de 300 millones de pesos), en lugar de recurrir a tribunales para defender su accionar impugnado por la entidad fiscal.
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EL CASO LAN CARGO
Además del episodio de Lan Airlines, Piñera fue sancionado en 2008 por colusión en Estados Unidos en el caso Lan-Cargo. En esta arista, debió pagar otra multa, esta vez de 88 millones de dólares, por violar la libre competencia. El Departamento de Justicia determinó que la compañía, junto a otra israelí y una brasileña por coludirse con precios excesivos, afectando a los exportadores e importadores que enviaron y trajeron sus mercaderías durante los años 2003 y 2006 desde Estados Unidos. La respuesta de Piñera en aquella oportunidad fue” Nunca fui director de LAN Cargo”.
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Piñera deberá pagar US$88 millones en multas por infracciones de Lan Cargo
La filial de LAN, cuyo socio mayoritario es el presidenciable de la Alianza, deberá responder por transgresiones realizadas a la normativa de libre competencia que rige en Estados Unidos.
El abanderado presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, deberá pagar US$88 millones en
Estados Unidos por concepto de una multa aplicada en ese país a la Lan Cargo, filial de LAN de la
Cual, el empresario, es accionista mayoritario.
Según indicó la empresa de encomiendas, la infracción que deberá hacerse efectiva con el pago de
la cantidad señalada en un plazo de cinco años al gobierno estadounidense, se debe a la fijación del precio del combustible, además de otros cobros que van en contra de la libre competencia que impera en ese país. La investigación dejó en evidencia que las faltas fueron cometidas entre febrero de 2003 y febrero de 2006.
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FARMACIAS
En medio del escándalo de la colusión de las farmacias, y cuando todo el país se indignaba con la concertación de precios, y hasta Piñera condenaba el comportamiento abusivo de estas firmas, se descubrió que el candidato de la derecha también era accionista de estas cadenas.
Si bien su generalísimo Rodrigo Hinzpeter intentó negar la participación del empresario en este rubro, los hechos terminaron por desmentirlo. A través de Inversiones Santa Cecilia y Bancard Inversiones, Piñera tenía participación minoritaria en FASA, como consignó la página web de la SVS.
Polémica por Piñera accionista de FASA
Según la información de la Superintendencia de Valores y Seguros, en el listado de accionistas de la firma farmacéutica que reconoció la colusión de precios aparecen Bancard Inversiones Ltda. e Inversiones Santa Cecilia, ambas compañías ligadas al candidato financista.
La bancada de diputados del PPD enrostró al candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, su “doble estándar”, luego que el empresario cuestionara duramente la colusión de las farmacias, siendo que consta su condición de accionista de FASA.
El generalísimo de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, aseguró a Radio Bío Bío que “entiendo (que Piñera) no tiene acciones de FASA , pero aunque las tuviera, hay muchos chilenos que las tienen». No obstante, según la información aparecida en la página web de la Superintendencia de Valores y Seguros, en el listado de accionistas de FASA, con menos de 1% de participación en la farmacéutica, aparecen Bancard Inversiones Ltda. e Inversiones Santa Cecilia, ambas compañías ligadas al candidato financista.
Antes, en conferencia de prensa Hinzpeter señalaba “hoy día Sebastián Piñera ha sido fuerte,
categórico y claro. La colusión es indignante, los chilenos merecen un trato distinto. Nosotros como comando presidencial, sentimos violados y vulnerados los derechos de los chilenos, y quiero que sepan todos los chilenos que Sebastián Piñera los va a defender, no va a permitir que se cometan esos abusos”.
Para el subjefe de la bancada PPD, Enrique Accorsi, “el candidato de la Alianza no puede salir defendiendo de esta manera los intereses de los consumidores, cuando forma parte deuna de las empresas farmacéuticas que produjo tal daño”.
Esto, en referencia a las palabras del empresario, quien salió a repudiar el comportamiento de las cadenas de farmacias. Sin ahorrarse adjetivos, Piñera calificó la colusión asumida por FASA -pero negada por Cruz Verde y Salcobrand- como “absolutamente inaceptable e indignante”.
Pero lo cierto es que el candidato de la derecha también se ve salpicado en este tema porque pese a su pública condena a esta escándalo, su historial empresarial tiene antecedentes de irregularidades de este tipo, como lo fue la millonaria multa por cargos de colusión con empresas del rubro que era presidente de Lan Cargo.
De ahí la molestia de la Concertación expresada por Accorsi quien emplazó a Piñera “qué se siente ser accionista de una empresa que le miente y abusa de la gente, principalmente de adultos mayores que gastan su jubilación en remedios. Creemos que él le debe una al país, a quienes se vieron afectados con esta alza en los precios”.
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CASO BANCO DE TALCA
Pero los líos de Piñera en el mundo de los negocios partieron mucho antes, en la década de los 80s. En 1982, el empresario enfrentó el caso Banco de Talca. El entonces ministro Luis Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude e infracciones a la Ley General de Bancos. El inversionista se mantuvo prófugo de la justicia por 24 días y sólo un recurso de amparo lo salvó de ir a la cárcel. La ex ministra de Justicia de la dictadura Mónica Madariaga y el mismo magistrado que llevo el caso admitieron hace unos meses que hubo gestiones del régimen para zafarlo del caso.