El que fuera Presidente de Colombia entre 2002 y 2010 está siendo investigado por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por crímenes contra los Derechos Humanos y masacres sucedidas durante su mandato, que no han sido tratados a fondo por la justicia colombiana.
Uno de los informes en curso en la Corte se refiere a los llamados «falsos positivos», el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros de las FARC muertos en combate. Según Uribe y su entorno se trató de «casos aislados», aunque para el tribunal internacional, al que han llegado los más de 3.000 casos reconocidos por la propia fiscalía colombiana: «hay bases razonables para creer que se trató de una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad…».
La última de las denuncias contra Uribe ante la fiscal de la Corte Penal Internacional ha sido presentada personalmente por el Presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por el Polo Democrático (izquierda), Yván Cepeda, y se refiere, según declara a Público: » a hechos protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y que constituyeron delitos de persecución contra opositores, magistrados, políticos y periodistas contra los que ordenó intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que, según el artículo 7 del Estatuto de Roma constituyen persecución por motivos políticos». Algunas de estas persecuciones, como las que tienen en la cárcel al antiguo jefe de de los servicios secretos de Uribe, Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de sicarios paramilitares que actuaban con la información suministrada por éste.
Contra todas estas sindicaciones, a las que se suma la indagación de la fiscalía por su protagonismo en la formación del ejércitos paramilitares en sus fincas ganaderas, Uribe está intentando blindarse con la creación de una nueva fuerza política, el «Puro Centro Democrático» por la que sería cabeza de lista al Senado en las elecciones del año próximo, o incluso intentar alguna maniobra para poder optar de nuevo a la Presidencia, aunque las actuales normas constitucionales se lo impiden.
Mientras tanto, el expresidente intenta cada día sumar adhesiones con su oposición a las conversaciones de paz que llevan a cabo en La Habana emisarios del Presidente Juan Manuel Santos con los portavoces de las FARC, en aras de una política de exterminio y guerra sin cuartel, que no consiguió resultados decisivos durante su mandato.