Buenos Aires, 13 Enero 2010 – La primera mandataria de Argentina, Cristina Fernández, denunció que en su país existe una maniobra política nacional e internacional en su contra, que sólo busca «derrumbar su mandato», en respuesta al dictamen de la justicia estadounidense de embargar cuentas argentinas en la Reserva Federal de la nación norteamericana.
La medida tomada por un juez del Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, de embargar cuentas argentinas por 1,7 millón de dólares sobre la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) posee en la Reserva Federal de Estados Unidos.
En su propia voz, Cristina Fernández acusó al vicepresidente Julio Cobos de estar detrás de esa orden y de encabezar la conspiración para «querer ser presidente antes del 2011».
La presidenta afirmó que «la complicidad de funcionarios, dirigentes y jueces argentinos» con los llamados fondos buitres «avergüenza como argentinos», y remarcó que el Gobierno va a «sostener el Fondo del Bicentenario».
«Hay intereses que trabajan en contra de una Argentina en crecimiento, desendeudada, que pueda dar mejor calidad de vida, que ya no sea el pagador eterno de intereses, de deuda con la miseria del pueblo como lo hicieron durante décadas», consideró la jefa de Estado.
En ese marco, señaló que la creación del Fondo del Bicentenario «no le conviene a los fondos buitres» y explicó que son los mismos que buscan que «el canje de la deuda no se haga».
«El Fondo del Bicentenario no es sólo por la deuda y los intereses, sino para avanzar en la reducción de la deuda».
La dignataria afirmó que seguirá con firmeza y honestidad intelectual defendiendo los intereses de los argentinos.
Agregó que «nunca me moví y no me pienso mover de este lugar de la defensa de los argentinos, mucho menos ahora que me han delegado la facultad de defenderlos, dijo.
La pasada semana, una jueza de Buenos Aires sentenció un fallo que desautoriza al Gobierno de esa nación a utilizar las reservas del Banco Central para pagar las deudas del país y pasó la potestad al Congreso, de mayoría opositora, para el uso de los fondos.
La jueza María José Sarmiento complació las exigencias de la oposición que reclamaba frenar el pago de deudas con reservas del ente, al suspender un decreto presidencial firmado a mediados de diciembre.
Sarmiento sostiene que debe ser el Parlamento el que decida el uso de fondos del Banco Central.
Sobre la actitud de la jueza María José Sarmiento, la jefa de Estado la calificó como una «jueza delivery», a la cual la oposición » va, le pide algo y se lo concede», agregó Fernández