Magnetto, CEO del Grupo Clarín
Marcos Piña (*)
La propiedad intelectual ha sido desde el comienzo del mandato del Presidente Néstor Kirchner un problema planteado por el gobierno de los Estados Unidos y sus empresas, defendido directamente por los voceros del Imperio (Bush y Obama).
Para este país del Norte, los mecanismos de propiedad intelectual tanto en la industria de semillas y alimentos, como en la farmacéutica o de telecomunicaciones, les permite a sus empresas crear las condiciones de mercados monopólicos asegurando así ganancias extraordinarias por la protección mafiosa de sus negocios o la percepción de regalías a altos precios.
En Argentina, el permanente lobby de la transnacional estadounidense Monsanto logró el objetivo de enviar al congreso nacional el proyecto de ley que creará el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la normativa para proteger, mediante propiedad intelectual, las semillas transgénicas desarrolladas por generaciones de agricultores y simplemente mejoradas por hibridación/clonación artificial bajo el marketing de tecnología de punta con supuestas, pero no probadas, mejoras de productividad y resistencia a condiciones climáticas adversas como las inundaciones o las sequías.
Ante la presión descomunal de Monsanto, la propia presidenta aprobó personalmente el acuerdo con la transnacional de las semillas influenciada por el Secretario de Agricultura, Norberto Gustavo Yauhar y el Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao.
La propiedad intelectual también ha generado compra de voluntades a funcionarios y jueces en materia de productos farmacéuticos, como el caso sucedido con el antirretroviral didanosina, que al ser concedida la patente de segundo uso médico a partir de una patente ya caducada, permitió introducir en al justicia una medida cautelar para suspender una licitación pública que perjudicó a un laboratorio nacional (Richmond).
Pero haber cedido a los lobbies de propiedad intelectual también en materia comunicacional permitió que se destapara el escándalo del juez Francisco de las Carreras, quien en declaraciones públicas en los diarios Clarín y La Nación reconoce haber viajado a la II Cumbre de CERTAL (Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en América Latina) cuyo temática principal fue la Propiedad Intelectual, la “piratería” y los medios de comunicación audiovisuales: la ley de Medios comienza a aplicarse plenamente el 7 de diciembre próximo aunque un estado de rebeldía está motorizado por el Grupo Mediático Clarín, acérrimo enemigo del gobierno argentino.
Al gobierno en realidad, no le interesa que la empresa Clarín gane dinero como siempre lo ha permitido, sino el control que ejerce el poderoso medio de comunicación sobre la agenda de la realidad y la incidencia en la opinión y el comportamiento social., que en el marco del desarrollo de la actual “Guerra de V Generación” socava las estructuras democráticas burguesas representativas y puede llegar a volcar a la opinión de la sociedad en contra del gobierno.
Clarín, como vocero de los grupos económicos-financieros que juegan sus fichas detrás de la escena, le fija el discurso y el accionar a la oposición política del gobierno de Cristina Kirchner y destruye la credibilidad de varios de sus funcionarios con el poderoso cañon mediático de su grupo.
La reunión de los días 1, 2 y 3 de mayo pasados en la Universidad de Miami, con la propiedad intelectual como tema central, es una nueva muestra de cómo este mecanismo de protección de propiedad de intangibles en materia de comunicación (dirigida por las cadenas de los Estados Unidos) influye en la determinación de la estrategia del principal agente desestabilizador del gobierno argentino, sin que –en apariencia- el gobierno lo perciba.
El gobierno nacional si se detuvo en la anécdota del pago de las vacaciones del juez De Las Carreras, cuya familia posee un estudio de abogados especializado en Propiedad Intelectual y cuyos parientes son agentes intermediarios de patentes, marcas, modelos industriales, contratos de transferencia de tecnología y representantes de grandes empresas de entretenimientos y software de los Estados Unidos.
Haber negociado la propiedad intelectual con los EE UU es un precio muy alto cuando se trata del Grupo Clarín
(*) Marcos Piña es Economista