A través de su Sistema de Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo denunció amenazas y presiones del grupo paramilitar Libertadores de Vichada, una disidencia del Ejército Popular Revolucionario Anti Comunista (Erpac).
Entre las víctimas se encuentran familias que ya habían sido desplazadas y residentes de predios que cedió el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural a modo de reparación.
La Defensoría indicó que ha recibido información de que los Libertadores de Vichada habrían cometido 11 crímenes en la región durante el mes de septiembre del año en curso, en la modalidad de sicariato, lo que habría motivado la salida de los campesinos.
Entre las familias afectadas están las de varios líderes comunales que han denunciado presiones por parte de empresas dedicadas a la agricultura y la minería.
El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez resaltó la importancia de tomar medidas tempranas para evitar que este tipo de situaciones ocurran y así lograr “el pleno restablecimiento de los derechos de la población campesina y desplazada”.
Otálora exhortó a las autoridades correspondientes unir fuerzas para luchar en contra del fenómeno de desplazamiento y pidió que “el Programa Presidencial para los Derechos coordine con todas las entidades del nivel nacional las acciones necesarias para atender esta situación con prontitud” precisó.
El gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, impulsó el año pasado una ley de restitución de tierras que persigue devolver, antes del fin de su presidencia en 2014, unos dos millones de hectáreas a cerca de 400 mil familias que se calcula que fueron desplazadas por la fuerza en Colombia desde 1991.
Sin embargo, las autoridades y las ONG vienen denunciando que grupos de bandas criminales, integradas por antiguos paramilitares de extrema derecha, presionan a las familias reubicadas para que abandonen los predios, o en su defecto para que no puedan acceder a las tierras adjudicadas.