25 de octure de 2012.- La Cámara de Diputados convirtió en ley la nueva legislación sobre Riesgos del Trabajo que el Gobierno envió al Congreso, con 140 votos a favor, 83 en contra y una abstención. El kirchnerismo sólo tuvo el acompañamiento de sus aliados más fieles y del macrismo, el único partido opositor que sumó su aprobación a la iniciativa oficial. La nueva ley eleva el monto de las indemnizaciones vigentes establecidas en casos de muerte, distintos tipos de incapacidad y enfermedades laborales; establece su actualización automática en forma semestral de acuerdo con la variación del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y reduce los plazos para su cobro a 15 días de producido el accidente. Pero impone una opción excluyente para los trabajadores: quienes cobren la indemnización de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) no podrán recurrir a la Justicia, y quienes elijan la vía judicial lo tendrán que hacer en el fuero Civil y ya no en el Laboral, como hasta ahora. La eliminación de la llamada “doble vía” –la posibilidad de reclamar ante la Justicia un resarcimiento económico mayor al abonado por la ART– fue el eje de las críticas de quienes rechazaron la iniciativa.
“No tenemos ninguna contradicción. Cuando mañana hablemos con un trabajador le vamos a decir que no tenés que mendigar nada, la ley te lo garantiza”, dijo el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, para defender la integridad de su bancada frente a los “embates” que –afirmó– la oposición dirigió hacia los diputados oficialistas “más que defender sus propias posiciones políticas”. “Este es el proyecto de la Presidenta. Somos el bloque del Gobierno, no somos librepensadores. El mismo bloque que recuperó YPF, modificó la Carta Orgánica del Banco Central, le puso límite a la extranjerización de la tierra y eliminó la ley Banelco. Somos parte de ese proyecto político.”
En el cierre del debate, Rossi afirmó que el proyecto oficial sobre ART “es para resolver un problema que no es neutro, que perjudica a los trabajadores y a las pyme y beneficia a las grandes empresas”, para luego sentenciar que el voto negativo a la iniciativa significa “mantener las actuales situaciones”. “Venimos a proponer la modificación que ahora beneficia a los trabajadores y pyme y disminuye la rentabilidad de las ART”, insistió.
La jornada no había empezado bien para el oficialismo. Consiguió un ajustado quórum (129 diputados) cuando faltaban solo tres minutos para el mediodía y para que venciera la media hora de tolerancia que podía hacer fracasar la sesión especial. Recién entonces, la oposición –que apostaba a que se concretaran las dificultades que el kirchnerismo podría tener para abrir la sesión– bajó al recinto.
El kirchnerista chubutense Juan Mario País y vocal de la Comisión de Legislación Laboral fue el encargado de defender el proyecto oficial. “Esta ley sustituye aquel sistema mezquino que funcionaba con una indemnización injusta para sustituirlo por un nuevo sistema tarifario” que apunta a la “justicia social”, aseguró País. Luego destacó que la norma “tiene un sistema no excluyente” y que “posibilita incluso la opción de reclamar el resarcimiento por la vía civil”.
El legislador de Nuevo Encuentro Carlos Heller apuntó que la norma actual prevé como reparación “cifras fraccionadas que se transforman en montos indignos” y no fija “ni pisos indemnizatorios ni topes”, a diferencia de la propuesta oficial, que “actualiza los mínimos” y tiene como objetivo la “reparación integral” encomendada por la Corte Suprema.
Cuestionamientos
“Este proyecto no va a tener el efecto deseado: es mentira que va a evitar la industria del juicio, porque como lo han dicho muchos aquí va a ser declarado inconstitucional. La Corte no va a aceptar el registro cerrado de enfermedades y la litigiosidad no va a bajar”, afirmó el jefe del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra. El radicalismo presentó un escueto dictamen en el que propone la creación de una comisión bicameral para redactar en un plazo de 120 días una nueva Ley de Riesgos del Trabajo. Pero el ex camarista federal también sumó cuestionamientos políticos. “Esto es volver a la receta fracasada del ’90, tarifada y de características neoliberales. Causa extrañeza que ustedes lo estén haciendo”, afirmó.
El FAP volvió a dividir posturas. La UP de Víctor De Gennaro –con la adhesión de la Coalición Cívica y Proyecto Sur– presentó su dictamen y el GEN de Margarita Stolbizer tuvo el propio, que incluyó el apoyo del radical Pedro Tunessi. El socialista Juan Carlos Zabalza, en tanto, adhirió a las iniciativas de ambos socios políticos, a los que calificó como “dos miradas diferentes” sobre el mismo tema.
Pero ninguno se privó de cuestionar el proyecto oficial. “Debería darles vergüenza porque este proyecto es un parche que no soluciona la inconstitucionalidad; y lo lamentable es que hasta tanto se resuelva el tema de fondo, habrá compañeros y compañeras muriendo, mientras siguen las ganancias de los grupos financieros”, espetó De Gennaro. “Esta ley busca conformar al trabajador con una indemnización tarifada para que renuncie a la posibilidad de reclamar una indemnización integral”, sumó Stolbizer.
Recalde, en tanto, transitó su intervención en medio de un difícil equilibrio, donde evitó cuestionar el proyecto oficial y reivindicó muchas de sus políticas del Gobierno, aunque defendió su propia iniciativa y reafirmó su “compromiso con los trabajadores y el derecho laboral”. “Hay que lograr que un trabajador no tenga que llegar a la Justicia para que le reconozcan un derecho”, insistió Recalde para defender su propio dictamen, que avala la CGT –pese a la ruptura política de Recalde con Hugo Moyano– y lleva las firmas de los diputados moyanistas.
“Esta ley, cuando se vote y yo no la voy a votar, sólo sube el precio de los brazos y ojos de los trabajadores. No hace más que reafirmar el negocio de las ART. La dignidad no se encuentra en este proyecto, que es un engendro de la UIA”, dijo el hijo del pope cegetista, Facundo Moyano, y se retiró del recinto junto a Plaini.
El peronismo federal también se encolumnó en contra del proyecto y reclamó que no se le comunicó el vencimiento de los plazos que le impidieron presentar su propio dictamen. El macrista Federico Pinedo siguió el camino inverso. Después de recriminarle al oficialismo el “maltrato al que sometió al resto de la oposición en el tratamiento del proyecto”, afirmó que “de todas maneras creemos que es bueno para los trabajadores que se hayan aumentado las indemnizaciones de manera sustancial, que exista actualización permanente de estas reparaciones, permitir la asegurabilidad de los riesgos del trabajo y generar previsibilidad para generar más trabajo”. El PRO votó a favor en general del proyecto oficial.
La suerte ya estaba echada y no hubo cabida para ninguna de las especulaciones que desde algún sector opositor auguraban un susto para el oficialismo. El Frente para la Victoria ratificó su superioridad numérica y la cohesión de su bloque, en el que –aun con disidencias– nadie votó en contra del proyecto del Gobierno.