Agencias / Matrizur.org
20 de octubre de 2012.- El canciller Héctor Timerman leyó un comunicado en el que anunció que Cristina Kirchner había decidido evacuar a la tripulación del buque de la Armada, que llevaba a marinos argentinos pero también de otras nacionalidades y que desde hace 19 días se encuentra detenida en un puerto ghanés. La decisión, dijo, es por la «falta de garantías» para sus «derechos humanos».
Se estableció, no obstante, que el capitán y una dotación mínima de personas se queden en la nave.
El canciller informó que, pese a los pedidos de la Argentina, el juez que ordenó la retención de la fragata y dispuso que se prohíba la provisión de combustible para el buque, por lo que se impedirá el abastecimiento de energía afectando el funcionamiento del sistema de lucha contra incendios, las bombas de achique, las cámaras frigoríficas que mantienen los alimentos, entre otras cosas.
Afirmó que, como condición a la solicitud argentina para dejar sin efecto esa medida, el magistrado exigió que se llegue a un «acuerdo con el fondo buitre«. Pero advirtió, como lo había hecho ayer, que esa es la única opción que el Gobierno no considerará. «Es inaceptable para la Argentina», sentenció.
«A un acto que parecía un embargo comercial se le ha caído la careta y deja ver el poder de los fondos buitres«, denunció el ministro, quien advirtió que ni el juez ni la parte demandante «lograrán torcer la voluntad» del pueblo argentino.
Consideró que se trata de «un acto ilegal y violatorio» de las normas internacionales, «un secuestro, una extorsión y un acto de piraterís». Y agregó que «Argentina hace responsable al gobierno ghanés por los daños y perjuicios» que pueda sufrir la fragata.
Timerman indicó, además, que por instrucción de la jefa de Estado viajará a la sede de la ONU para reunirse, el lunes a las 10 de la mañana, con el presidente del Consejo de Seguridad y las comisiones encargadas de tratar las violaciones a los derechos humanos, los tratados internacionales y los delitos financieros.
En un mensaje leído ayer, el funcionario ya había alertado que el país no negociaría con los acreedores que presentaron la demanda y había adelantado que «de ser necesario» el Gobierno iría a las Naciones Unidas para destrabar el tema.