Las razones que alegan las autoridades estadounidenses son de seguridad: la posibilidad de que uno de los viajeros secuestre el avión y cambie la ruta, según el periódico español.
Aunque no vayan a pisar suelo norteamericano, las compañías aéreas están obligadas a introducir en el sistema informático correspondiente los datos de los usuarios de estas rutas (si no lo hacen, no pueden volar), de acuerdo con el cotidiano.
Incluso, Estados Unidos se arroga el derecho de bloquear directamente la emisión de tarjetas de embarque de aquellas personas que aparezcan en su lista de indeseables, agregó.
Cuando esto sucede, la aerolínea no puede hacer nada más que llamar a los funcionarios estadounidenses, a quienes se permite operar en aeropuertos españoles en virtud de un acuerdo firmado en 2009 entre Washington y Madrid, subrayó El País.
Los norteamericanos pueden interrogar al pasajero y son quienes deciden si finalmente puede volar.
Además, al tener Washington en su poder desde marzo los datos de viajeros a terceros países, puede conocer, por ejemplo, cuántas veces ha viajado una persona a La Habana y con quién, siempre según la versión del diario madrileño.
Esta política afecta a dos compañías nacionales (Iberia y Air Europa) y a otras dos extranjeras que operan vuelos desde esta nación (Aeroméxico y la canadiense Air Transat).
Cuando se compran boletos a Toronto, Montreal, México D. F. o La Habana, lo último que puede imaginar el pasajero es que sus datos van a ser cedidos a Estados Unidos, apuntó El País.
Para las asociaciones de defensa del consumidor Facua y OCU, se trata de un exceso y de una medida desproporcionada, y coinciden en que los ciudadanos tienen derecho a conocer que sus datos serán entregados a otro país.
No existe marco legal europeo que ampare esta práctica, advirtió un funcionario de la Agencia Española de Protección de Datos, la cual se mostró muy preocupada por esta situación.
En mayo último, la coalición Izquierda Unida registró en el Parlamento español una pregunta sobre este asunto al gobierno de Mariano Rajoy sobre este asunto.
El Ejecutivo del conservador Partido Popular respondió que esas actuaciones «se amparan» en un acuerdo de Estados Unidos con la Unión Europea (UE) de diciembre de 2011.
Sin embargo, ese pacto, aprobado en abril pasado por el Parlamento Europeo, obliga a las aerolíneas europeas a suministrar al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional estadounidense datos de pasajeros, pero solo de vuelos con origen o destino en Estados Unidos.
El acuerdo, conocido como PNR (de registro de datos de pasajeros) no sería aplicable, por tanto, al caso del periodista colombiano Hernando Calvo Ospina, colaborador de Le Monde Diplomatique y residente en París desde hace 25 años, consideró El País.
Este comunicador se quedó el pasado 6 de mayo en el aeropuerto de Barajas, porque un funcionario de la embajada de Washington en Madrid le impidió embarcar a un tercer país, en este caso Cuba, en vuelo directo que no hacía escala en Estados Unidos, recordó.
Cuando Calvo Ospina reclamó a Air Europa que le reembolsará el dinero de su billete, la empresa le respondió que no se hacía cargo, «porque es obligación de todos los pasajeros llevar consigo la documentación necesaria y tenerla a disposición de las autoridades».
El periodista tenía su pasaporte en regla y no necesitaba nada más para volar a La Habana, enfatizó el diario español.