Tras el desastre de Fukushima-1 causado por un tsunami en marzo del 2011, las autoridades tuvieron que revisar los planes de desarrollo del sector energético. El Gobierno presentó tres escenarios para la consideración de los expertos y la ciudadanía.
Tras realizar audiencias públicas y llevar a cabo una encuesta, el Gobierno tuvo constancia de que la mayoría de la población aboga por un Japón sin energía atómica. Las autoridades anunciaron que no habrá ninguna central funcionando para el 2030 y que las que cumplan su ciclo vital irán siendo cerradas paulatinamente, aunque nunca más allá de ese año.
Las 54 centrales existentes en Japón producían cerca del 30% de la energía del país antes del siniestro de Fukushima, y con el objetivo de alcanzar el 50%. Tras la fuga radioactiva casi todos los reactores fueron paralizados para someterlos a pruebas de seguridad.
A causa de la fuga, la contaminación se registró en el aire, en el agua del mar y acuíferos, en peces y algunos cultivos, incluso en zonas lejanas a la planta nuclear. En julio pasado el Gobierno reactivó los primeros reactores tras las pruebas, una medida que provocó numerosas protestas antinucleares en Tokio. Por su parte, las autoridades niponas indicaron que el rechazo a la energía atómica provocaría un déficit energético en el país.