La dependencia de Fernández-Rundle anunció que las denuncias de fraude están bajo investigación y adelantó que proyecta convocar un gran jurado, a fin de exigir que la legislatura estatal apruebe leyes para evitar estos escándalos.
Medios de prensa destacan que Fernández-Rundle tomó distancia legal en el proceso contra Pentón, pues uno de sus cabilderos políticos está involucrado en el escándalo originado en la ciudad de Hialeah, en el noroeste del condado Miami-Dade.
El uso de las boletas ausentes en los procesos eleccionarios en Miami provoca fuertes críticas, pues el sistema, creado para ser empleado por votantes que el día de las elecciones estarían de viaje, enfermos o incapacitados, se convirtió en un eficaz mecanismo de fraude electoral.
A finales de la década de 1990, cambios en la Ley Electoral estatal abrieron el camino al uso indiscriminado de las cédulas ausentes, y en 2004 se eliminaron todas las restricciones aplicadas a su uso.
En 2004, solo el 12 por ciento de los electores que participaron en las elecciones presidenciales en Miami utilizaron estas papeletas, mientras que en los sufragios de 2011 por la alcaldía condal, constituyeron más del 40 por ciento de los votos.
Raúl Martínez, exalcalde de Hialeah, acusó a la fiscal estatal y a los políticos de Miami-Dade por tener montado un gran negocio con el uso fraudulento de las boletas ausentes.
La fiscal Fernández-Rundle, con casi dos décadas al frente de la Oficina del Fiscal Estatal en el condado Miami-Dade, es conocida además por sus estrechos vínculos con grupos ultraderechistas de origen cubano residentes en Miami.
En 1997 un gran escándalo de fraude electoral en esa urbe de Florida provocó la anulación de la elección del alcalde Xavier Suárez, y el arresto y condena del entonces comisionado Humberto Hernández.
Se procesaron entonces a 56 personas, tras una investigación que descubrió más de 300 votos fraudulentos por boleta ausente, incluso el de un muerto.