Rojas señaló, a modo de ejemplo, el permiso otorgado para utilizar semillas de la variedad de algodón genéticamente modificado Bollgard, de la multinacional Monsanto, dejando sin efecto los estudios preliminares requeridos para el otorgamiento de ese tipo de licencias.
Franco designó al frente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) al empresario de agroquímicos Jaime Ayala, quien no tardó en inscribir en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC) la semilla Bollgard, rechazada por la misma entidad semanas antes debido a que la empresa no reunía los requisitos.
Según Rojas, la aprobación se dio de manera ilegal dado que aún no se contaba con el dictamen técnico de la Secretaría del Ambiente y del Ministerio de Salud, como lo exige la ley.
Con Tinto no es mejor
También se cuestiona desde la sociedad civil la posible instalación de la empresa transnacional canadiense Río Tinto Alcan (RTA) para la construcción de una planta de aluminio con una inversión de 3.500 millones de dólares.
“La negociación comenzó prácticamente al día siguiente del cambio de gobierno, el cual muestra total apertura para que se instale en Paraguay”, dijo a IPS el analista José Carlos Rodríguez.
El presidente Fernando Lugo, destituido por un juicio político sumarísimo el 22 de junio y sustituido horas después por Franco, había conformado un equipo técnico para el estudio del proyecto.
Sin embargo, Franco autorizó el comienzo de las negociaciones de inmediato sin esperar los resultados de ese estudio.
Rodríguez cuestionó que las nuevas autoridades no estén haciendo ningún cálculo costo-beneficio de las consecuencias económicas y ambientales del enclave en este país de una empresa con la potencialidad contaminante que tiene la fabricación de aluminio.
El actual gobierno se defiende con el argumento de que la fábrica generaría unos 4.000 puestos de trabajo en forma directa, pero en diciembre pasado el entonces ministro de Obras Públicas, Cecilio Pérez Bordón, aseguró que solo harían falta 1.250 trabajadores para llevar adelante esa producción.
Pérez Bordón explicó, en su informe presentado a una audiencia pública, que todas las materias primas e insumos serían importados, excepto la energía eléctrica. También indicó que RTA utilizaría en forma constante 1.100 megavatios (MW), equivalentes a 9.000 gigavatios/hora (GWh) por año, y pretende un contrato de consumo de 2016 a 2045 y renovable.
Paraguay demanda en la actualidad 11.000 GWh anuales de energía y produce unos 56.000, con una potencia cercana a 7.500 megavatios, sumando la central de Acaray y el 50 por ciento que le corresponde de los complejos binacionales de Itaipú, compartido con Brasil, y Yacyretá, con Argentina.
La instalación de RTA exigiría más del doble de la energía que hoy consume el país.
El entonces ministro hizo hincapié en no subsidiar el costo de la energía, sino que recomendaba que la empresa pagara el costo real del servicio eléctrico que era de 59,7 dólares por megavatio/hora en 200 kilovatios.
“Si se le vende energía a RTA a 38 dólares el megavatio/hora por 30 años o más, Paraguay perderá entre 195 millones y 1.008 millones de dólares anuales, con lo cual deberá subir la tarifa para los demás usuarios, incluido el uso doméstico, aumentar los impuestos o reducir la inversión pública”, explicó Pérez Bordón.
Golpes por dentro y por fuera
Frente a este escenario, las organizaciones sociales aumentan su rechazo al gobierno de Franco y sostienen que la destitución de Lugo tuvo como objetivo facilitar el ingreso de las firmas transnacionales.
“El gobierno no es un interlocutor válido porque no le interesa conversar con la sociedad civil, solo lo hace con el empresariado”, indicó Rojas.
Por su parte, el analista y político Bernardino Cano Radil señaló que su partido no ha discutido a profundidad este caso como para tomar una postura.
La inversión extranjera en general es positiva, pero se tienen que estudiar al detalle los beneficios para las empresas locales y los trabajadores, apuntó Cano Radil, dirigente del derechista Partido Colorado, principal promotor del juicio político a Lugo a poco de comenzar su mandato en 2008, cuando el exobispo católico acabó con 60 años de gobierno hegemónico de este color.
Pero el escaso reconocimiento hacia Franco no se detiene en las fronteras, ya que el mandatario sigue contando apenas con el visto bueno oficial de Taiwán y del Vaticano.
Tampoco pudo hacer prosperar el recurso presentado ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (Mercado Común del Sur) para que levantara su suspensión como miembro del bloque, decidida por sus tres socios, Argentina, Brasil y Uruguay, en la cumbre de fines de junio en Mendoza, Argentina.
Ahora las expectativas están solo puestas en la Organización de los Estados Americanos, cuya misión de observación recomendó al cuerpo no suspender a Paraguay. Pero esa decisión también se hace esperar.
La casa en orden
A ojos de los analistas, Franco encontró la casa ordenada en términos económicos y ahora se destrabaron proyectos de inversión, donaciones y otros fondos por al menos 500 millones de dólares, no permitidos mientras Lugo estuvo en el gobierno.
A esto se añade la entrada en vigencia, tras años de postergación, del Impuesto a la Renta Personal (IRP), con una tasa fija de 10 por ciento para quienes perciben más de 120 salarios mínimos al año, que equivalen a unos 45.000 dólares.
Un proyecto para imponer este tributo había sido trabado en el parlamento en la última etapa del gobierno de Lugo, con el agravante de que no sería tratado hasta 2015. Sin embargo, el 5 de este mes fue aprobado y Franco lo promulgó esta semana.
El IRP se imputará al ejercicio profesional o prestación de servicios personales, desempeño de cargos públicos, e ingresos por la venta ocasional de inmuebles, entre otras actividades. También deben aportar los socios o accionistas que obtengan dividendos de las empresas, pero solo sobre 50 por ciento de esos ingresos.
“Se trata solo del 10 por ciento de excedente para gente que gana mucho dinero”, un universo muy pequeño en este país, expresó Rodríguez. En una primera etapa, este impuesto alcanzaría a 12.000 contribuyentes en una población de 6,4 millones de habitantes.