El sitio WikiLeaks publicó un comunicado para anunciar que su fundador, Julian Assange, había contratado al célebre magistrado internacional en derechos humanos, el juez español Baltasar Garzón, para liderar su defensa contra la extradición a Suecia. Garzón, que pasó más de un año, a fines de la década de 1990, intentando obtener la extradición del general Augusto Pinochet de Inglaterra a España por delitos de lesa humanidad, publicó un comunicado en el que calificó las acusaciones contra Assange de supuesto abuso sexual como “arbitrarias y carentes de fundamentos”, y declaró: “Hay una clara intencionalidad política detrás de este juicio, lo cual explica su situación actual”. Garzón se reunió recientemente con Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, donde espera que el gobierno de Rafael Correa se decida a darle asilo.
Precisamente, a fines de junio, la cara visible de WikiLeaks ingresó en ese edificio diplomático buscando refugio para evitar su extradición a Suecia, donde lo acusan por un supuesto abuso sexual. Si el gobierno de Correa acepta su pedido -una cuestión que todavía no se había decidido al cierre de esta edición-, Assange se convertirá en residente de América Latina, donde el tesoro de cables del Departamento de Estado estadounidense que él diseminó estratégicamente ha generado cientos de titulares desde México hasta el Cono Sur.
El “Cablegate” -tal como fueron denominadas las revelaciones- tuvo un grado de impacto diferente en cada nación latinoamericana, en áreas como la política, los medios y el debate público sobre la transparencia y la responsabilidad gubernamental. En dos países forzó la partida del embajador estadounidense; en otro, ayudó a cambiar el curso de una elección presidencial. En algunos países, los documentos revelaron el nivel de la influencia norteamericana en los asuntos internos; en otros, detallaron actividades criminales y corrupción en los países huéspedes. En muchas naciones, los cables revelaron el desfile de la elite política, cultural y hasta mediática que divulgó información -o chismes- a los funcionarios de la Embajada norteamericana sin sospechar jamás que sus diálogos se volverían titulares de los diarios.
Estados Unidos fue agasajado con una lección de educación cívica en el arte de la delación. Y los ciudadanos estadounidenses también observaron el abismo de nuestros lazos regionales y bilaterales. Un año después, cuando las aguas del fenómeno WikiLeaks se han aquietado en América Latina, parece adecuado evaluar -centrando la atención en las experiencias de Brasil, México y Colombia- qué consecuencias dejó la mayor filtración de documentos estadounidenses de la historia.
Efecto mariposa
Aunque al principio Assange ofreció los cables a cuatro grandes agencias de noticias europeas, siempre intentó distribuir los documentos más allá de los organismos de noticias del norte. América Latina era la región perfecta para generar conmoción con los cables. Históricamente, el “Coloso del norte” ha ejercido una imperiosa -si no imperial-influencia económica, militar y política en su “patio trasero”. Ese pasado intervencionista creó el deseo de obtener revelaciones sobre las verdades ocultas de las políticas y las operaciones estadounidenses.
La década cubierta por la mayoría de los cables, de 2000 a 2010, también abarcó grandes cambios en la región y en la relación entre Estados Unidos y América Latina: el ascenso de Hugo Chávez en Venezuela y el renacimiento de la izquierda populista; la llegada del Plan Colombia; la emergencia de Brasil como potencia mundial; la disputada elección de 2006 en México; la transferencia del poder de Fidel a Raúl Castro en Cuba; y el golpe en Honduras, de junio de 2009. Además, un creciente número de naciones aprobó leyes de libertad de expresión, reflejando el interés popular del acceso a los documentos oficiales y el derecho a saber que Assange deseaba promover. Como explicó en una entrevista con la revista Semana en Bogotá, WikiLeaks es una “organización que se opone al abuso del secreto por parte de los gobiernos”.
En noviembre de 2010, Assange invitó a varios periodistas, como la brasileña Natalia Viana, para ir a Londres y trabajar en un plan de diseminación regional. WikiLeaks seleccionó medios de comunicación de casi todos los países latinoamericanos: La Jornada en México, Página/12 en la Argentina, El Comercio y luego IDL-Reporteros en Perú, el diario El Espectador y la revista Semana en Colombia, El Faro en El Salvador y CIPER, el centro de periodismo de investigación de Internet en Chile, entre otros.
Los periodistas de cada grupo mediático fueron invitados a encuentros furtivos en Londres. En la sede de WikiLeaks, les dieron un pendrive con archivos encriptados; cuando volvieron sanos y salvos a sus países, recibieron un código para desencriptar la colección. “No lo podía creer”, recuerda Santiago O’Donnell, editor de la sección de internacionales de Página/12. “Eran 2.500 cables desde y para la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, todos organizados en una hoja de cálculo de Excel”.
De los 250 mil cables diplomáticos que Bradley Manning, la fuente de WikiLeaks, descargó de la base militar de Estados Unidos en Irak, unos 30.386 viajaron hacia o desde embajadas y consulados en América Latina. Más de la mitad eran cables sin clasificar o de “distribución limitada” y estaban relacionados con artículos de la prensa local, debates públicos, el chusmerío de las funciones diplomáticas y la rutina de los asuntos consulares. La mayoría de los cables, advierte Carlos Eduardo Huertas, en su artículo sobre Colombia, “revelaba cómo el cuerpo diplomático estadounidense lidiaba con las misiones oficiales”.
Pero casi 900 cables estaban clasificados como “secretos”, y otros diez mil, como “confidenciales”. Muchos de ellos revelaban políticas, operaciones, fuentes y evaluaciones que encresparon, al menos temporalmente, las relaciones bilaterales de Estados Unidos con varios países latinoamericanos.
En México, como informa Blanche Petrich Moreno, la crítica del embajador estadounidense Carlos Pascual sobre la falta de acción del ejército mexicano que contaba con inteligencia provista por Estados Unidos para perseguir a los líderes del narcotráfico resultó políticamente embarazosa para el presidente Felipe Calderón. Los artículos de La Jornada sobre la crítica sin reservas del embajador generaron una ruptura de las relaciones entre México y Estados Unidos. En marzo de 2011, Pascual se vio forzado a renunciar.
En Ecuador, el presidente Correa expulsó a la embajadora Heather Hodges luego de que la prensa informara sobre un cable secreto que revocaba la visa estadounidense del ex jefe de la Policía Nacional Aquilino Hurtado, quien “había usado su cargo… para extorsionar y acumular dinero y propiedades, malversar fondos públicos, facilitar el tráfico de personas y obstruir la investigación y el juicio de colegas corruptos”. Algunos funcionarios de la embajada, según el cable, “creen que Correa era consciente” de la corrupción de Hurtado, pero igualmente lo designó porque quería un jefe de la Policía Nacional “a quien pudiera manipular fácilmente”.
A pesar del escándalo, cuando los periodistas latinoamericanos examinaron los cables, descubrieron un cuadro más matizado que el que esperaban sobre el papel de Estados Unidos en la región. Por definición burocrática, los archivos del Departamento de Estado son los documentos menos escandalosos de la política exterior estadounidense. El lado oscuro de la política norteamericana se encuentra en otros sitios, como en los archivos secretos de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, según sus siglas en inglés), el Departamento de Defensa y la CIA.
Los documentos de la diplomacia estadounidense revelaron que los funcionarios tenían instrucciones de asistir a los “analistas de Washington” -aparentemente un eufemismo de la CIA- reuniendo inteligencia sobre la Presidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, incluyendo su “estado mental” y los tipos de medicación que tomaba para manejar “sus nervios y su ansiedad”. Y había otras revelaciones insidiosas relacionadas con el espionaje. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales expulsó a treinta funcionarios de la DEA acusados de espionaje y luego la Embajada norteamericana en Brasilia, informa Viana, presionó al ministro de Exterior brasileño para transferirlos al país. En Venezuela, según Huertas, los funcionarios consulares estadounidenses contrataron a una fuente clave para obtener inteligencia económica sobre los programas de Chávez.
Pero los cables también ofrecían información menos siniestra, y también menos útil. En Honduras, los envíos secretos tras el golpe de Estado dejaron claro que Washington no fomentó el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, aunque luego los funcionarios estadounidenses lo consintieron. “Las acciones tomadas para desplazar al mandatario fueron claramente ilegales”, informó el embajador norteamericano Hugo Llorens en un cable titulado “Cronología del golpe de Estado en Honduras”.
Desde La Habana, donde las relaciones de Estados Unidos con el gobierno de Raúl Castro siguen siendo hostiles, la Sección de Intereses norteamericanos envió frecuentemente cables sobre el deseo de Cuba de expandir las áreas de diálogo y acercamiento. Un cable de marzo de 2009 titulado “Mantén a tus amigos cerca, pero a Cuba aún más” cita a un funcionario cubano que le dice a un par estadounidense que las negociaciones “tenían que comenzar en algún lugar”. Luego le señalaron al funcionario norteamericano que “el presidente cubano se ofreció a hablar con Barack Obama en un lugar neutral”. La Bahía de Guantánamo, sugirió la parte cubana, “es un buen sitio” para reunirse.
América Latina develada
De los cables de Cuba, se puede determinar tanto el pensamiento del gobierno de Raúl Castro como, en igual medida, la política estadounidense al respecto. Y eso puede aplicarse en general a toda la región. En América Latina, donde la desclasificación de las deliberaciones internas gubernamentales está severamente limitada, los cables de WikiLeaks ofrecen información detallada sobre conversaciones oficiales, reuniones, planes de seguridad nacional, políticas sociales, exteriores, económicas y más.
Los lectores en la Argentina, por ejemplo, pueden seguir el debate dentro de la administración de Cristina sobre la despenalización del consumo de marihuana. Los hondureños pueden escuchar cómo se complotaron los generales y políticos que derrocaron a Zelaya para consolidar sus poderes tras el golpe. Los chilenos pueden entender mejor por qué su gobierno altera los códigos de la construcción de plantas termonucleares a instancias de las corporaciones extranjeras.
La habilidad de la Embajada estadounidense para enviar extensos informes sobre el funcionamiento interno de esos gobiernos está vinculada estrechamente con la calidad y las conexiones de sus fuentes locales. En la región, los embajadores crearon un auténtico quién es quién en la sociedad latinoamericana. Ministros, senadores, diputados, curas, empresarios, jueces y hasta algunos periodistas compartieron información sobre cuestiones de Estado en diálogos sin reservas con los embajadores norteamericanos dentro de los seguros confines de los cuerpos diplomáticos. Pero WikiLeaks expuso sus identidades y sus palabras.
En Brasil, los cables informaron que el ministro de Defensa menospreciaba incansablemente al canciller como antiestadounidense. En la Argentina, los cables revelaron que el ex jefe de Gabinete Sergio Massa calificó al ex presidente Kirchner como “perverso”, “cobarde” y “psicópata”. En Perú, los fujimoristas -aduladores políticos del depuesto presidente Alberto Fujimori, incluyendo a su hija Keiko, quien estuvo cerca de ganar la presidencia el año pasado- acudieron a la embajada para compartir sus estrategias para hacerlo retornar al poder. Sus reveladoras conversaciones, publicadas por el grupo de investigación peruano IDL-Reporteros durante la campaña electoral de 2011, resquebrajaron las afirmaciones de independencia con las que Keiko se diferenciaba de su padre caído en desgracia y ayudaron a volcar la balanza a favor del candidato populista, el actual presidente Ollanta Humala.
Pero esa noticia tal vez nunca haya llegado al público peruano porque, inicialmente, WikiLeaks ofreció los cables peruanos solamente al periódico El Comercio, de fuerte filiación con Fujimori y cuyos editores se resistieron a publicar artículos que dañaran la imagen de Keiko. La autocensura política se expandió por toda la región. El impacto a largo plazo del “Cablegate” en América Latina, como señala el experimentado periodista O’Donnell a The Nation, “es una pérdida de credibilidad para los medios de noticias tradicionales y una creciente importancia de los medios sociales, alternativos y ciudadanos, como lo refleja dramáticamente el fenómeno WikiLeaks”.
Aun así, la información es poder. Tal como reflejan los hechos del fenómeno WikiLeaks en Brasil, México y Colombia, la publicación del intercambio de cables ha generado escándalos, estimulado debates y expuesto la conducta (y a veces la mala conducta), las políticas y las estructuras de poder de los gobiernos en toda América. Desde Estados Unidos hasta la Argentina, las comunidades han logrado una mejor comprensión de las acciones que toman nuestros gobiernos en nuestra representación, pero también muy frecuentemente sin que lo sepamos. Lo que hagamos los ciudadanos del hemisferio occidental con ese poder será el legado final de la experiencia de WikiLeaks.
Tomado de: http://www.revistadebate.com.
Fuente original: The Nation