Autor: Agencias- TeleSUR
Asunción, agosto 2 – El motín suscitado los días martes y miércoles en la Penitenciaría Regional de San Pedro (centro) tuvo un móvil político, luego que los medios constataran que se trato de una manifestación en apoyo al director del penal, quien fue removido de su cargo por criticar la destitución del presidente Fernando Lugo y al actual gobierno.
Un total de 216 reclusos, entre los cuales hay 16 mujeres, tomaron el control de la instalación situada a 330 kilómetros de Asunción, y protagonizaron una sonada protesta, incendiando camas y colchones, derribando aires acondicionados de las oficinas y aislando a los guardias del lugar.
Los reos amenazaron con incendiar las celdas, destruyeron las ventanas y prohibieron el ingreso de guardiacárceles a los pabellones, tanto de hombres como de mujeres.
El descontento fue por el cambio del director de la penitenciaría, José Luis Benegas, quien fue cesanteado, para luego nombrar como sustituto al señor Catalino Vera, quien goza del beneplácito del actual Mandatario.
La situación movilizó hacia el lugar a refuerzos policíacos y altos funcionarios del Ministerio de Justicia, incluyendo al viceministro de esa cartera, Carlos Aquino.
Reporta la prensa local que fue el propio director cesanteado quien medió con los presos, para lograr el abandono de su protesta, materializada tras un minucioso cateo realizado por la policía.
Benegas se encargó de esclarecer lo relacionado con su despido, al apuntar que había sido designado para el cargo por el presidente Lugo, se opuso al juicio político contra él y critica al actual Ejecutivo.
Afirmó que los reclusos defendían la humanidad con que se les trataba y la transparencia de su gestión, durante la cual se propició la recuperación social de los internos.
“Mi orgullo es que el 95 por ciento de la población interna está libre de drogas y los que vienen de otras penitenciarías se recuperan allí”, señaló.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y Trabajo comunicó este miércoles que “ha vuelto la total calma y absoluta normalidad dentro del recinto penitenciario, no produciéndose ningún daño en la integridad física de los funcionarios e internos”.