Sirio Canós Donnay
EL MAYOR DESPLIEGUE MILITAR BRITÁNICO DESDE LA II GUERRA MUNDIAL
12.000 policías, 17.000 militares y 17.500 vigilantes privados serán movilizados para los Juegos Olímpicos de Londres. Un despliegue millonario a medida de las grandes multinacionales, un dispendio en plena crisis.
Por tercera vez en su historia, Reino Unido será la sede de los Juegos Olímpicos. Bajo el lema “Inspirando a una generación”, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 (LOCOG, por sus siglas en inglés) ha presentado estas Olimpiadas como una oportunidad para generar empleo, regenerar zonas desfavorecidas y fomentar el deporte de base.
No obstante, con un coste estimado de 1.500 millones de euros, y en un año en el que los recortes al sistema educativo, sanidad, e inversión social han sacado a miles de británicos a la calle, los Juegos y su gestión no son del agrado de todos.
En las últimas semanas, tras una serie de revelaciones, las críticas al LOCOG abren diariamente la mayoría de los boletines informativos del país.
705 millones en seguridad
Aunque las cifras finales están todavía por confirmar, la Asociación de Altos Cargos Policiales (ACPO) ha informado que alrededor de 12.000 agentes patrullarán las zonas olímpicas, colaborando con los 17.000 militares –11.800 soldados, 2.600 marines y 2.600 aviadores– movilizados en lo que constituirá el mayor despliegue militar del Ejército británico desde la Segunda GuerraMundial.
A esta operación militar y policial hay que añadir los 17.500 vigilantes de seguridad privada contratados por el LOCOG, más un millar de agentes estadounidenses.
La Ciudad Olímpica estará protegida por una alambrada electrificada de 5.000 voltios de tensión y 18 kilómetros de longitud, cuyo coste asciende a 101 millones de euros.
Mientras tanto, misiles tierra-aire instalados en seis puntos del este de Londres –incluyendo la azotea de un edificio residencial cuyos vecinos no fueron consultados– velarán por el mantenimiento de la zona de exclusión aérea –en vigor desde el pasado 14 de julio– junto con los cazas y helicópteros de la Royal Air Force de las bases de Northolt e Ilford y desde un portaaviones fondeado en el Támesis.
La partida del presupuesto destinada a seguridad, que en la actualidad se cifra en 705 millones de euros, incluye también la instalación de cámaras de vigilancia –a incorporar a los tres millones de cámaras ya existentes en Reino Unido–, así como nuevos escáneres, controles y software de reconocimiento facial y de matrículas, que permanecerán una vez terminados los juegos.
A estos hay que añadir los aviones no tripulados que patrullarán el cielo de la ciudad, los 55 equipos de perros de ataque alrededor de la Ciudad Olímpica y las armas sónicas que protegerán el recinto.
El objetivo no es sólo garantizar la seguridad de los juegos, sino también, en palabras de un oficial del Gobierno británico, aprovechar “una tremenda oportunidad para exhibir lo que el sector privado puede hacer enmateria de seguridad”.
A las críticas por los contratos multimillonarios con empresas de armamento y seguridad privada, se han añadido en las últimas semanas las generadas por el comportamiento de GS4, la mayor compañía de seguridad privada del mundo, y la encargada de gestionar la seguridad de estos Juegos.
El pasado 13 de julio, Nick Buckles, presidente de GS4, anunció que no iba a poder proporcionar los 17.500 trabajadores acordados, y que el Ejército tendría que suplir las vacantes con 3.500 operativos adicionales. La compañía ahora se enfrenta a penalizaciones de hasta 63 millones de euros y a perder otros contratos que tiene con la administración británica, incluyendo la gestión de prisiones y comisarías.
Multinacionales
El LOCOG también ha sido criticado por su selección de patrocinadores y por las ventajas legales y fiscales que se les han otorgado a los mismos. A pesar de haber firmado un código de contratación “acorde con las reglas deportivas y principios definidos en la Carta Olímpica”, tales como la “sostenibilidad”, el “valor educativo del buen ejemplo” y el “respeto por los principios éticos fundamentales y universales”, la lista de patrocinadores y proveedores incluye empresas de ética cuestionable.
Por ejemplo, Adidas, proveedor oficial de uniformes olímpicos, está siendo investigada tras denuncias sobre las condiciones de trabajo en sus factorías en Indonesia, en las que fabrica el material olímpico. Río Tinto, proveedor oficial de medallas, está siendo juzgado por una serie de delitos medioambientales y de explotación laboral, y Dow Chemical, uno de los principales patrocinadores, sigue sin aclarar su conexión con el desastre de Bhopal. Otros patrocinadores con antecedentes discutibles son McDonalds, restaurante oficial y proveedor exclusivo de patatas fritas; Coca-Cola, bebida oficial; o BP, proveedor de combustibles.
La mercantilización de los Juegos ha sido exhaustiva, afectando a productos que abarcan desde cepillos de dientes a limpiadores de baño, pasando por camisetas, cuentas bancarias o relojes.
La legislación al respecto tampoco tiene precedentes: ninguna empresa o tienda que no sea patrocinador o proveedor oficial puede promocionarse en las inmediaciones de los Juegos ni usar símbolos ni términos asociados con las Olimpiadas, incluyendo palabras como “verano”, “oro”, “plata”, “bronce” o “Londres”. Más de 300 agentes de la Olympic Delivery Authority se dedican desde mediados de julio a inspeccionar tiendas y oficinas, para garantizar el cumplimiento de esta normativa, y aplicar sanciones de hasta 25.000 euros a aquellos que la incumplan.
Un paraíso fiscal
La aprobación de medidas excepcionales también afecta al apartado de impuestos, puesto que por imposición del COI, la zona olímpica ha sido declarada paraíso fiscal. Esta medida exime a todas las empresas participantes de pagar impuesto alguno, lo que según cálculos de la revista Ethical Consumer, supondrá una pérdida de 891 millones de euros para las arcas públicas.
Estas actuaciones, junto con las antes mencionadas y las revelaciones que se van sucediendo día a día, han abierto un debate que será difícil de cerrar.