Niko Schvarz
Barómetro Internacional
Desde Asunción se informa que el pueblo paraguayo está realizando una serie de acciones en rechazo al golpe de estado contra el presidente constitucional Fernando Lugo. Se destacan los múltiples eventos culturales denominados “golpe a golpe, verso a verso” impulsados por la organización Paraguay Resiste con la participación activa del ex mandatario. Al mismo tiempo se multiplica la represión de los golpistas contra los partidarios del gobierno legítimo en todos los terrenos: intento de asalto a la TV pública, lo que generó una valerosa defensa de sus funcionarios, despidos de cientos de trabajadores por ser del Frente Guasú (según denunció su secretario general y miembro del Parlasur, Ricardo Canese), entre ellos 300 de la represa de Itaipú, a lo que se suman despidos masivos en la Radio Nacional de Paraguay, la TV pública, la agencia de noticias oficial IP Paraguay y la secretaría de Información y Comunicación. En el órgano de control de las semillas (Senave) el nuevo presidente, que es un vendedor de agrotóxicos, militante del PLRA (el partido del golpista Federico Franco) expulsó a más de cien funcionarios bajo la acusación de ser “luguistas”. Todo ello fue denunciado en una plenaria del Frente por la defensa de la democracia efectuada en la sede de la Central Nacional de Trabajadores.
El presidente Lugo señaló además que ni a él ni al senador Carlos Filizzola se le han entregado hasta la fecha (más de dos semanas después del atentado del 22 de junio) las actas de la sesión del Senado, al tiempo que el mencionado senador y su colega Sixto Pereira sufren amenazas de los golpistas por haberse opuesto a la farsa parlamentaria. A esta altura está claro que en la ocasión se consumó un golpe de estado en el cual se violaron descaradamente todas las garantías del debido proceso, como lo han detallado diversos analistas (en particular el artículo 17 de la Constitución en sus incisos 1,7 y 8). También está claro que los senadores corruptos (entre ellos quien aspira a asegurarse la futura Presidencia) reclamaron voluminosas coimas para admitir el ingreso de Venezuela al MERCOSUR.
Por estas razones se justifica plenamente la decisión adoptada por unanimidad (hay que subrayarlo) de los 11 países de la Unasur el 28 y 29 de junio en Mendoza (obviamente, Paraguay no participó) en el sentido de “expresar su más enérgica condena a la ruptura del orden democrático en la República del Paraguay, ejecutada mediante un procedimiento sumarísimo que evidenció una clara violación del derecho al debido proceso y en consecuencia de las mínimas garantías para su adecuada defensa”. Por ende se resolvió suspender a Paraguay de la Unasur, del mismo modo que los presidentes de Brasil, Argentina y Uruguay lo suspendieron del MERCOSUR.
Los primeros actos del gobierno golpista van en dirección diametralmente opuesta a la del gobierno de Lugo. Anunciaron que no aplicarán impuesto alguno a la producción de soja, actividad que arroja centenares de millones de dólares de beneficio a transnacionales como Cargill y Monsanto; darán vía libre a los transgénicos, resistidos por el gobierno anterior; iniciaron negociaciones con la transnacional de capital canadiense Río Tinto Alcan (RTA) para la explotación de recursos del subsuelo, para lo cual ésta pretende subsidios del orden de 14 mil millones de dólares en 20 años, a lo que Lugo se había negado.
A las medidas de solidaridad con la lucha del pueblo paraguayo decididas en el XVIII Encuentro del Foro de Sâo Paulo realizado en Caracas, se agregan las de eurodiputados del grupo de la Izquierda Unida Europea-Verde Nórdica (GUE-NGL), como el alemán Jürgen Klute, el de Izquierda Unida de España Willy Meyer y la del PC portugués Inés Zuber que se hicieron presentes en Asunción para expresar su solidaridad con el pueblo paraguayo en su lucha por la recuperación democrática.