Autor: EP
11 de julio de 2012.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles un drástico paquete de recortes sociales por valor de 65.000 millones de euros durante los próximos dos años y medio.
Rajoy ha acudido al Congreso a dar cuenta de los resultados de la cumbre europea de hace dos semanas, aunque ha aprovechado la ocasión para anunciar los recortes más duros desde su llegada al poder hace apenas seis meses.
En concreto, el jefe del Ejecutivo ha anunciado medidas que afectan a los empleados públicos, a los más de cinco millones de parados y a todos los contribuyentes en general, que tendrán que soportar mayores impuestos sobre el consumo.
Así, el Gobierno subirá la tasa general de IVA tres puntos, hasta el 21 por ciento, y dos puntos la tasa reducida (del 8 al 10 por ciento).
El Gobierno de Rajoy ha aplicado los recortes sugeridos por la llamada “Troika”, conformada por la Unión Europea (UE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Central Europeo (BCE), y que ya ha emitido un comunicado oficial en el que aplaude el paquetazo neoliberal, que será aprobado este mismo viernes.
Pero no solo habrá cambios fiscales, Rajoy ha decidido también recortar las prestaciones por desempleo, que reducirá del 60 al 50 por ciento de la base reguladora a los nuevos preceptores a partir del sexto mes.
Una medida muy polémica
Ésta es una medida muy controvertida que ha despertado la indignación de los sindicatos, que siempre han pedido al Gobierno que no toque las prestaciones por desempleo en un momento en el que el paro va rumbo a los 6 millones de parados.
En materia laboral, el Gobierno ha decidido ir más allá y exigirá haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) y suprimirá muchas bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato de emprendedores.
Además, presentará un nuevo proyecto de ley sobre el sistema de pensiones para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada. Esta reforma podría acelerar la entrada en vigor del aumento de la edad de jubilación a los 67 años, algo que también demandaba la UE.
Más recortes a los funcionarios
Asimismo, el Gobierno ha decido recortar una vez más el sueldo de los funcionarios y empleados públicos, aunque en esta ocasión a través de la supresión de la segunda paga extra y el ajuste de el número de liberados sindicales.