En el marco del furibundo ajuste de España –única herramienta utilizada para paliar los efectos de la crisis europea– el gobierno de Mariano Rajoy decidió cortar con los subsidios estatales a la actividad minera y anunció que cerrará todos los yacimientos de carbón del país. La medida desató la ira de los gremios de la actividad, que se hicieron conocidos en los medios del mundo por haber cargado bazookas caseras para defenderse de la represión policial sobre las protestas (ver aparte). Esto fue sólo un dato de color en un conflicto macroeconómico relacionado con la devastación del mercado interno del carbón, para empezar a importar el producto. En pocas palabras, una cuestión de abandono de la soberanía energética que los mismos mineros españoles se encargan de diferenciar de la reciente “nacionalización” de YPF que estaba en manos de Repsol.
“Sobre lo que pedimos se sabe poco, y se habla de un tema salarial. Pero lo real es que el gobierno de Rajoy nos quiere cerrar las minas y dejarnos en la calle para comprar carbón importado desde Sudáfrica, Ucrania y Alemania”, explicó a Tiempo Argentino Víctor Herrero Canga, un minero prejubilado que actúa como vocero de la caravana de los 30 mil trabajadores de las más de 200 minas del norte del país que serían cerradas.