A 10 años de la Masacre de Avellaneda:
Seguimos construyendo Poder Popular.
Por una Argentina sin hambre, sin saqueo ni explotación
A diez años de la represión que intentó acallar las luchas populares y se cobró las vidas de Darío y Maxi; en un contexto donde se reaviva la impunidad de los asesinos de Fuentealba, Kosteki y Santillán; en un momento político en el que las luchas de los trabajadores son judicializadas y criminalizadas; las organizaciones populares seguimos reclamando justicia, construyendo poder popular y gestando un nuevo proyecto de país, sin hambre, sin saqueo ni explotación.
La Masacre de Avellaneda, al igual que la rebelión del 19 y 20 de diciembre, provocó una indignación en todo nuestro pueblo y marcó a fuego a una nueva generación militante, para quienes los ejemplos de Maxi y Darío proyectaron un compromiso de lucha e intransigencia contra las injusticias que nos advierte sobre los peligros que entraña el posibilismo y la resignación.
En estos años los gobiernos kirchneristas adoptaron algunas medidas efectivamente progresivas, en muchos casos inspiradas en históricas reivindicaciones populares. Pero estas medidas no configuraron un programa integral capaz de superar la precarización del trabajo, el salario y la vida. La política de “sintonía fina” frente al impacto de la crisis internacional no ha resuelto sino profundizado el golpe de la inflación sobre los bolsillos del pueblo. El gobierno intenta poner techo a las paritarias, sostiene un sistema impositivo regresivo y a una gran masa de trabajadores precarizados y tercerizados. A la vez instala un discurso que condena y judicializa la lucha, como vemos que sucede hoy ante los distintos reclamos sociales y sindicales. A eso se suman problemas estructurales como la ausencia de una política integral de transporte público, que por su estado de abandono pone en riesgo la vida de nuestro pueblo como sucedió hace cuatro meses en la tragedia ferroviaria conocida como la Masacre de Once.
Entendemos que cualquier proyecto emancipatorio debe revertir la sobreexplotación y el saqueo de los bienes naturales por parte de corporaciones transnacionales; la “sojización” cada vez más extendida del campo; el modelo de la megaminería con las consecuencias socio ambientales que implica, así como el entramado industrial extranjerizado, concentrado, y basado en variadas formas de sobreexplotación de los trabajadores que sustenta este modelo productivo.