El acuerdo implicaría también el pago de unos 3,5 millones de euros por los daños causados a la Administración, según El País. Este diario asegura que el «principal escollo» para firmar el acuerdo es determinar «quién de los dos debe asumir la mayor parte del desembolso».
Además, indica que la respuesta inmediata del Ministerio Público a las defensas de Urdangarin y de su socio ha sido la de limitarse a escuchar las propuestas de ambos sin avanzar en ningún momento si está dispuesto a aceptar el pacto. Para esta publicación, Anticorrupción solo se plantearía negociar si ambos revelan dónde está el dinero que han evadido.
El País agrega que el yerno del rey ha tomado la iniciativa «a través de personas de su entorno». En el caso del duque, explica, «se impone la necesidad» de evitar la celebración de un juicio que podría «erosionar aún más la imagen de la monarquía».
Por último, El Periódico de Catalunya destaca que los abogados de ambos se reunirán con la fiscalía en los próximos días por separado a iniciativa de esta institución.