El canciller argentino, Héctor Timerman, acentuó que la exploración petrolera en aguas cercanas a las Islas Malvinas es ilegal e insistió en que el Gobierno de Cristina Fernández pretende que todos los accionistas de las compañías involucradas sepan que «están violando las resoluciones de la ONU».
Asimismo, advirtió que Argentina también emprenderá «acciones administrativas, civiles y penales» en tribunales contra cualquier empresa que preste apoyo logístico y financiero a los agentes petroleros.
Durante su discurso en la sede de la Cancillería, Timerman enumeró las compañías involucradas en el negocio petrolero en la región, entre las que figuran Falkland Oil Gas, Argos, Rockhopper, Desire Petroleum y Borders and Southern.
En respuesta a las declaraciones de Buenos Aires, el Gobierno británico subrayó su derecho de llevar a cabo la explotación de recursos naturales en el territorio de las Islas Malvinas.
En 2007 Argentina puso fin a un acuerdo con el Reino Unido para la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, argumentando que los británicos habían lanzado de manera unilateral una licitación en el área de conflicto. En ese entonces el Gobierno británico calificó de «lamentable» la suspensión del acuerdo petrolero. A partir de ese momento, el pulso por los hidrocarburos en la región entre ambos países ha sido constante.