La respuesta brasileña se fundamenta en el rechazo internacional al que está sometido el golpe de Estado en Honduras, ejecutado contra el gobierno legítimo de Zelaya, el pasado 28 de junio, fecha en la que se instauró el régimen inconstitucional de Roberto Micheletti.
Un comunicado del Ministerio de facto hondureño de Relaciones Exteriores, indica que el agente de Honduras en La Haya, Julio Rendón, abrió los trámites ante el máximo tribunal contra Brasil.
La acción es una «solicitud para iniciar acciones» contra Brasil ante la Corte, tales como medidas cautelares o una indemnización por parte del país suramericano, según explicó la cancillería de facto.
El Gobierno de facto de Roberto Micheletti, no es reconocido ni por la comunidad internacional ni por ninguna organización multilateral.
La supuesta injerencia por la que la administración ilegal de Honduras pretenden demandar a Brasil, tiene su raíz en que desde el pasado 21 de septiembre, la embajada de ese país mantiene alojado al presidente constitucional Manuel Zelaya.
Zelaya logró ingresar a su nación y llegar a la sede diplomática brasileña tras evadir inteligentemente retenes militares que tenían como objetivo impedirle el retorno a su nación desde el 28 de junio, cuando militares golpistas lo sacaron del poder y del país.
Desde que llegó el mandatario legítimo a la embajada centenares de militares y policías hondureños rodean la sede. Quienes están dentro del establecimiento han denunciado distintas acciones de hostigamiento por parte de esas fuerzas de seguridad golpistas.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución, a finales de septiembre, condenando los «actos de intimidación» del Gobierno de Micheletti contra la sede diplomática brasileña.