El avance del capitalismo global ha hecho que, en el último siglo, las empresas transnacionales hayan venido adquiriendo cada vez más capacidad de influencia y poder.
Actualmente, las 500 mayores corporaciones controlan una cuarta parte de la producción y la mitad del comercio mundial, y su capacidad económica supera a la de muchos países: Wal-Mart, por ejemplo, maneja un volumen de ventas que supera el Producto Interior Bruto (PIB) de Noruega, mientras que los ingresos de ExxonMobil son mayores que la suma del PIB de Venezuela y Chile. Del mismo modo, si nos fijamos en las multinacionales que tienen su sede central en el Estado español, podemos comprobar que los ingresos anuales de Repsol y del BBVA son mayores que el PIB de Ecuador y de Guatemala, respectivamente.
Después de todo, las compañías multinacionales han resultado ser las principales beneficiarias del proceso de globalización neoliberal y, por ello, en el actual modelo socioeconómico, los derechos sociales de la mayoría de hombres y mujeres del planeta se encuentran sometidos a la lógica de un mercado dominado por las corporaciones transnacionales. Por eso, puede afirmarse que, como dijo Salvador Allende hace cuatro décadas en una reflexión que hoy tiene plena vigencia, «estamos ante un conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Éstos aparecen interferidos en sus decisiones políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que no están fiscalizadas por ningún parlamento».
En este contexto, resulta oportuno desvelar la existencia de los conflictos que están siendo causados por la expansión de las empresas multinacionales: daños medioambientales, desplazamientos de comunidades, alzas de tarifas y deficiencias de los servicios públicos privatizados, deterioro de los derechos laborales, expolio de los recursos naturales, persecuciones a las organizaciones sociales y sindicales y, en general, una sucesión de situaciones de abuso y de violación de los derechos humanos. Y, junto a ello, se hace patente la profunda asimetría que existe entre los derechos de las corporaciones transnacionales, que se protegen mediante los múltiples acuerdos que forman la nueva lex mercatoria -ésta se concreta en toda una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde instancias como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional-, y sus obligaciones a nivel ambiental, laboral y social, que en buena medida se dejan en manos de los códigos de conducta voluntarios y la Responsabilidad Social Corporativa.
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
Texto publicado en la revista Ahotsa de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, nº 64, diciembre de 2011.