La Haine
Se destaca que el asesoramiento a los guaraníes para la implementación del Acuerdo, así como la negociación financiera ha sido dirigida por el argentino-español Gregorio Dionis, presidente de la ONG Nizkor, que opera en 40 países, cuyas oficinas principales están en España, Bélgica y EEUU. Advierte que el equipo Nizcor está especializado en derecho mercantil y financiero internacional, así como en derecho indígena. La APG IG designó en la referida Asamblea a un “Consejo de Sabios” para recibir los informes de la ONG. La cooperación APG IG y Nizkor se basa en el reconocimiento jurídico de los usos y costumbres ancestrales, así como en el derecho internacional en su vertiente de derecho indígena.
El convenio, pese a su supuesto carácter público, fue mantenido en reserva hasta que el representante tarijeño en el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luís Lafuente, hizo saber que los guaraníes se oponen a la ampliación del gasoducto Villa Montes (lugar de los megacampos) y la ciudad de Tarija. Dejó constancia que el acuerdo había sido suscrito de espaldas a YPFB y al gobierno de Evo Morales y que vulnera la nueva Constitución Política del Estado (NCPE), la que, pese a su carácter indigenista, prescribe que YPFB es la única empresa facultada para ocuparse de la producción y comercialización de hidrocarburos y que no podrá transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa o in directamente (Artículo 361).
Por su parte, la autoridad denominada “Defensor del Pueblo de Tarija”, Andrés Tablada, advirtió que había surgido en el país una especie de “Super Estado”, ya que no le permitieron ingresar a la zona en que habitan los guaraníes, por no haber obtenido previamente una autorización de la APG. Los hechos descritos fueron informados por el periódico “El País”, de Tarija, en sus ediciones del 8, 9 y 12 de diciembre, en las que publicó declaraciones de Lafuente y Tablada, lo que motivó una dura reacción de Gregorio Dionis, quien exigió que se le envíe la lista de los propietarios de “El País” y de quienes publican anuncios en ese medio, para después añadir que los guaraníes estaban recibiendo “ataques racistas”, que desconocen los derechos indígenas. El resto de medios de comunicación, oficialistas y opositores, no se han ocupado, hasta ahora, de tan importante tema.
El avance del indigenismo fundamentalista (o pachamamismo) no encuentra límite. Los días 7 y 8 de diciembre pasados la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), auspició, en Cobija, Pando (frontera con Brasil), un amplio encuentro destinado a lograr el absoluto cumplimiento del artículo 31 de la NCPE, cuyo texto dice: “Las naciones indígenas y pueblos originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos en sus formas de vida individual y colectiva… Gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan”. El artículo 17, concede a las naciones y pueblos indígena, originario campesinos “el derecho a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio…”
Asistieron al encuentro, además de representantes de ONG, la viceministra de justicia, Isabel Ortega, y un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en La Paz. En la oportunidad, se elaboró un anteproyecto de ley, en el que se pone de relieve que las naciones y pueblos originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, también tienen derecho a su autodeterminación. En este marco, se informó que el 90 % de los 327 municipios existentes en el país tiene problemas limítrofes. Los municipios que rodean a la ciudad de La Paz reclaman territorios ancestrales, los que, por falta de delimitación, podrían llegar a territorios de países vecinos. La debilidad del gobierno central se puso de manifiesto ante el avance del narcotráfico y la imposibilidad de detener el ingreso ilegal de 110 mil automóviles usados, altamente contaminantes, que fueron legalizados en octubre pasado.