Argenpress / Alejandro Teitelbaum

I. El ser humano, para ejercer su derecho a estar informado más allá de su entorno inmediato a fin de conocer lo que ocurre en el mundo, tiene que recurrir a los proveedores de información, es decir a los medios de comunicación.

En la transmisión de la información a través de los medios de comunicación existen por lo menos dos niveles de subjetividad. El primero consiste en la selección y jerarquización de la información: el comunicador decide primero qué hechos son noticias y deben comunicarse y luego cuáles son importantes y cuáles no, es decir, el lugar o el tiempo que se le atribuye a cada noticia en el medio de comunicación. El segundo nivel de subjetividad es la interpretación de cada noticia: el comunicador impregna al hecho con su versión del mismo. De modo que el derecho a estar informado está mediatizado por la subjetividad (o más concretamente por la ideología) del comunicador. Pero también puede ocurrir que la información sea totalmente ocultada o deformada, cuando la misma contraría los intereses de quienes tienen el control económico y/o político directo o indirecto del medio de comunicación.

El primer requisito para ejercer el derecho de opinión, a fin de poder opinar con conocimiento de causa, consiste en disponer de una información objetiva e imparcial lo cual, como acabamos de ver, no ocurre.

El ser humano puede teóricamente ejercer el derecho de opinión en diferentes niveles: en el entorno inmediato, en la colectividad cercana y ante la sociedad en general. La base del derecho de opinión es la libertad de expresión: cada uno debe poder expresar sus opiniones sin correr el riesgo de sufrir una sanción. Además, el ejercicio del derecho de opinión ante la sociedad en general requiere la posibilidad de ejercitar ese derecho a través de los medios de comunicación de masas. Pero esa posibilidad está fuertemente condicionado por la selección que practican -por razones político-ideológicas – quienes controlan dichos medios de comunicación.

La propiedad de los medios de comunicación está sometida desde hace tiempo a un proceso de concentración que se ha acentuado en los últimos decenios.

Con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación se han formado grandes conglomerados transnacionales que abarcan la producción y utilización de los soportes materiales: editoriales, periódicos, radiodifusoras, filmes, emisoras de televisión, vídeos, satélites, medios electrónicos, etc., que dominan también las redes de comercialización y difusión.

Es cierto que en la mayoría de los países todo ciudadano o grupo de ciudadanos tiene teóricamente derecho a crear un medio de información. Pero si tal medio llega a existir su alcance es limitado y finalmente desaparece o es absorbido por los grandes oligopolios. De todos modos no pueden competir con los consorcios nacionales y transnacionales, que llegan con sus productos (informativos y otros) a centenares de millones de personas y que son los verdaderos formadores (más bien deformadores) de la opinión pública.

Actualmente la concentración oligopólica de los medios de comunicación de masas (incluida la comunicación electrónica) y de los productos de entretenimiento de masas (series televisivas, música popular, parques de diversiones, juegos de vídeo, filmes, etc.) está en su apogeo. Grandes empresas tienen el control mundial casi total de esos productos, entre ellas General Electric (NBC-Vivendi Universal), AOL-Time Warner, AT&T Corp, Viacom Inc., Walt Disney, News Corp, Bertelsmann, Sony, Liberty Media Corp, etc. quienes dictan a los seres humanos cómo deben pensar, qué deben consumir, cómo deben utilizar su tiempo libre, cuáles deben ser sus aspiraciones, etc. Uniformizan a escala planetaria los reflejos y comportamientos del ser humano, anestesiando en las personas el espíritu crítico y destruyendo la originalidad y riqueza de la cultura de cada pueblo. Son los vectores de la ideología del sistema dominante, que filtran la información y que tiñen la información ya filtrada de esa misma ideología y en función de sus intereses particulares.

Se podría escribir largamente sobre las series de televisión y programas de entretenimientos difundidos a escala mundial que exaltan la violencia, la competencia encarnizada, el dinero como valor supremo, que envilecen la condición humana y reducen a la mujer a la categoría de objeto sexual.

En resumen: los medios masivos de comunicación, controlados en su inmensa mayoría por consorcios transnacionales, son formidables vectores para la neutralización del espíritu crítico, la domesticación y la degradación intelectual, ética y estética del ser humano.

Esas sociedades transnacionales se ocupan al mismo tiempo de las actividades más diversas, desde la fabricación de equipos electrónicos para uso militar hasta el tratamiento y distribución del agua potable y la recolección de residuos.

Es decir que de la comunidad de intereses existente entre los grandes medios de comunicación de masa y el gran capital a través del capital financiero y de los presupuestos publicitarios, se ha pasado a una comunidad concreta de intereses a través de la fusión de conglomerados industriales de diversa naturaleza que incluyen medios de comunicación de masas.

Por ejemplo General Electric, que entre otras cosas produce piezas para la industria bélica, es propietaria de la National Broadcasting Company y de otras emisoras de televisión. A principios de setiembre 2003 General Electric compró los activos de Vivendi Universal en los medios de comunicación estadounidenses y controla ahora el 80 por ciento del grupo media. El nuevo grupo lo dirige el vicepresidente de General Electric y Presidente Director General de la NBC.

Así es como puede ocurrir que cuando un canal de televisión muestra la supuesta precisión “quirúrgica” de un bombardeo aéreo, está haciendo publicidad a un producto bélico electrónico fabricado por el mismo conglomerado de que forma parte la emisora televisiva (por ejemplo la National Broadcasting Company y General Electric).

Es ampliamente conocido el “imperio” mediático de Silvio Berlusconi en Italia, que pesa enormemente en las orientaciones electorales de la población.

Pero esa no es una “excepción italiana”.

El Grupo francés Matra (Lagardère) reúne Matra (industria aeronáutica y militar) y Hachette (industria editorial: Fayard, Grasset, Stock, Calman Lévy, Livre de Poche, etc.) y adquirió a fines del 2002 el grupo editorial Vivendi Universal Publishing -VUP- (Larousse, Robert, Nathan, Colin, Bordas, Plon-Perrin, Laffont, 10/18, Pocket…) e incluye canales de televisión, revistas, etc.

El constructor de aviones francés Serge Dassault se convirtió en julio de 2004 en el primer propietario de periódicos de Francia al tomar el control del 82 por ciento de las partes de la sociedad Socpresse. “A papá le gustan las buenas noticias”, dice su hijo Olivier Dassault. En efecto, Serge Dassault dice que él pertenece a esa parte de los lectores que desearía que se hable de las cosas que marchan bien. Igualmente ha precisado su concepción de dirigente de empresas de prensa declarando que su nuevo imperio le permitirá difundir ideas que él considera sanas. No oculta su intención de intervenir en las políticas de las redacciones para manipular a la opinión pública, en el sentido que será, para él, el más sano.

Socpresse (Dassault) y Matra – Hachette (Lagardère), que controlan casi toda la prensa francesa, son al mismo tiempo los dos más grandes fabricantes de armas de Francia.

El Gobierno francés, por intermedio de su Ministro de la Cultura y la Comunicación, expuso su opinión ante la Asamblea Nacional el 30 de junio de 2004: “para el Gobierno… la alianza de la libertad de expresión y de la realidad económica y financiera contribuyen al pluralismo”.

El 2 de junio de 2003 la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (presidida hasta principios de 2005 por Michael Powell, hijo del ex Secretario de Estado Colin Powell) por tres votos contra dos modificó a favor de la desregulación las normas que limitan la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en dicho país. Uno de los miembros de la Comisión que votó en contra, Michael Crops, declaró: “La FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) refuerza a la nueva élite mediática de América con niveles inaceptables de influencia sobre las ideas e información, de las cuales nuestra sociedad y nuestra democracia tienen una fuerte dependencia”. Agregó: “Está en juego la eventualidad de conceder un mayor control de vigilantes a unas pocas corporaciones sobre el diálogo civil de nuestro país; más control sobre nuestra música, entretenimiento e información y poder de veto sobre la mayor parte de lo que nuestras familias miran, oyen y leen”. (1)

A veces los medios de comunicación de masa dejan de lado hasta la más mínima deontología de la información y se comprometen activamente en proyectos de derrocamiento violento de ciertos gobiernos que molestan al poder económico transnacional. Es el caso de los grandes medios de comunicación privados de Venezuela: …»después de la victoria de Hugo Chávez en diciembre de 1998, el derrumbe de los partidos tradicionales condujo rápidamente a los medios de comunicación a ocupar el vacío y a encarnar una oposición cada vez más virulenta» (diario Le Monde, 16 de abril de 2002, página 5). Finalmente los medios de comunicación privados incitaron abiertamente al golpe de Estado y se abstuvieron de informar cuando la situación comenzó a tornarse favorable al retorno de Chávez al Gobierno. El canal de TV Globovisión, el 13 de abril de 2002 a mediodía justificaba esta autocensura como «la decisión de no dar informaciones que podrían perturbar la armonía de la sociedad venezolana» (La misma fuente). Es notorio el paralelo con una parte de la prensa chilena que contribuyó activamente al derrocamiento del Presidente Salvador Allende en 1973, particularmente el diario “El Mercurio”, generosamente subvencionado en ese entonces por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. (2)

La Comisión Europea, confirmando una vez más su condición de fiel mandatario de los intereses de las grandes sociedades transnacionales sostiene que la tendencia a la concentración en la propiedad de los medios que se vive en la Unión Europea desde hace diez años y la entrada de grandes grupos internacionales en el mercado comunitario no implica necesariamente una reducción en el pluralismo informativo, a la vez que destaca la importancia de otros factores como la existencia de códigos editoriales que garanticen la diversidad de opiniones, o la variedad de los contenidos.

Agrega la Comisión que el hecho de que propietarios extranjeros tengan un papel importante en algunos mercados no supone necesariamente «una amenaza al pluralismo de los medios. Depende mucho de las salvaguardas legales y de la independencia editorial real respecto al propietario». El informe recomienda a estos inversores que apliquen estándares elevados de transparencia editorial.

Esta es la respuesta de la Comisión Europea a la preocupación expresada en diversas ocasiones por el Parlamento Europeo y por algunas ONG, de que la concentración en la propiedad de medios en algunos países de la UE da lugar a un «enorme poder de creación de opinión pública» y excluye los puntos de vista alternativos.

El Consejo de Editores Europeos, una organización que reúne a los principales grupos, entre ellos Bertelsmann, RTL, Reuters, Vocento y PRISA (editor de El País), expresó su satisfacción por este informe de la Comisión. (3)

Pero, al parecer, el control económico de los medios de comunicación no basta y también se recurre a los servicios de seguridad para vigilar a los periodistas.

En efecto, en junio de 2006 la Federación Internacional de Periodistas (FIP) hizo un llamado a la Unión Europea para que investigase el espionaje sistemático a periodistas por parte de funcionarios de seguridad en toda la Unión Europea, tras informes recientes de Dinamarca, Alemania y Holanda sobre persecución a colegas, el uso de informantes pagados en los medios de comunicación e intercepción de líneas telefónicas.

”Ha quedado claro que no existen suficientes medidas para proteger la legitimidad del periodismo y defenderlo de la vigilancia de fuerzas de seguridad y autoridades policiales de la Unión Europea”, afirmó Aidan White, Secretario General de la FIP. (4)

II. El caso de Argentina

Argentina no es una excepción en este proceso de concentración oligopólica de los medios de comunicación al servicio de los grandes intereses privados y de los gobiernos de turno.

Ha sido y es así por lo menos desde el decreto de Justo de 1933, la ley peronista de 1953 que adjudicó los medios a tres grupos privados: la Editorial Haynes, la Asociación de Promotores de Telerradiodifusión y La Razón Editorial, la ley de la dictadura de 1980 y el actual Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. (5)

En efecto, ya el artículo primero del Proyecto revela la orientación del mismo cuando se refiere al “fomento de la competencia” como si en un mundo dominado por el poder económico transnacional existiese la “libre competencia” y por ejemplo las radios comunitarias, que tienen una audiencia limitada, tuvieran la posibilidad de competir con los grandes oligopolios de la comunicación que llegan a decenas de millones de personas con su basura ideológica y cultural.

También son reveladoras de la orientación del proyecto las alusiones en el mismo artículo primero y en su nota a las normas europeas en la materia, que han permitido una fenomenal concentración, como hemos explicado en la primera parte , y a las Declaraciones y Planes de Acción de las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información, Cumbres inocuas porque estuvieron totalmente controladas por los oligopolios de la comunicación.

La falta de participación popular está consagrada en el artículo 14 del Proyecto con una Autoridad Federal de 7 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, cuyo control (fuente de extorsiones, coimas y participaciones en los negocios) se asegura el matrimonio K y sus amigos hasta dos años después de cesado el actual mandato presidencial: “los miembros son nombrados por 4 años hasta dos años después del cese del Presidente”. Un verdadero esperpento.

Pero el artículo clave que deja abierta de par en par las puertas de los medios de comunicación a los oligopolios nacionales y transnacionales es el 25.

En dicho artículo, luego de establecer en los incisos b) y c) limitaciones a la participación del capital extranjero, en la segunda parte del inciso c) se dice:

“Las condiciones establecidas en los incisos b) y c) no serán aplicables cuando según tratados internacionales en los que la Nación sea parte se establezca la reciprocidad efectiva en la actividad de servicios de comunicación audiovisual”.

Los “tratados internacionales en los que la Nación sea parte” no son otros que los de Promoción y Protección de las Inversiones Extranjeras, 54 actualmente en vigor, celebrados en el decenio del 90 por el peronismo en su versión menenista, ninguno denunciado, pese a que puede hacerlo, por el peronismo versión kichnerista. A lo que se suma la desregulación de la ley de inversiones extranjeras y la adhesión, siempre en vigor, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial. Todo lo cual constituye un estatuto colonial al que está sometida la economía argentina y las cuestiones litigiosas que se pueden suscitar. El proyecto más el estatuto colonial que comportan los TPPI y la pertenencia al CIADI, permitirán a las trasnacionales de la comunicación comportarse en Argentina como en tierra conquistada. Incluso permitirá a las telefónicas excluidas en el proyecto reingresar como inversiones extranjeras con todas las ventajas y privilegios que ello comporta.

Escribe Nancy Anzoátegui:

“…el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo a negociar tratados bilaterales de
inversión (TBI) mediante la Ley de Emergencia Económica 23.697/89 (artículo 19), y se derogaron disposiciones de la Ley de Inversiones Extranjeras 21.382/80, estableciendo su desregulación, por lo que no se les exige ningún requisito previo de autorización y/o registro, libertad para el movimiento de capitales, no hay limitación para la remisión de dividendos, se exceptúan
impuestos específicos, etc. Por medio de estos tratados se aseguran la protección contra expropiaciones; eliminación de restricciones a la transferencia de las ganancias de las corporaciones y/o Estados inversores; el trato justo y equitativo; la protección y seguridad jurídica; la no discriminación respecto de otros inversores extranjeros; el trato no menos favorable que el acordado a los inversores nacionales; el de Nación más favorecida, por el cual la ventaja obtenida por un país extranjero para sus inversores en un TBI puede perder todo valor si este país le otorga mejores condiciones a un tercer Estado; y, la posibilidad de que los inversores extranjeros puedan querellar a la Argentina ante tribunales extraños a la jurisdicción nacional”. (6)

Esa es la realidad de la “libre competencia” pregonada en el artículo primero.

Los que protestaron y obtuvieron la exclusión de las telefónicas del proyecto simulan ignorar las enormes implicaciones en materia de transnacionalización oligopólica de los medios que tiene la segunda parte del párrafo c) del artículo 25. Esta cuestión crucial surgió una vez en los debates del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Pero después todos los interlocutores parecen haber “olvidado” la cuestión.

También en el artículo 164 (Derogación) del Proyecto se han “olvidado” de derogar el decreto 127 del Presidente Kirchner de 2005, que prorrogó por diez años las licencias. Dice al respecto el artículo de la Revista Marea ya citado: “Esto significa que, de sancionarse , la nueva ley entrará en vigencia en el año 2015. Los monopolios como Clarín, Telefónica y Grupo Uno, que concentran cerca de 200 medios de comunicación, dispondrán de seis años para subdividir sus sociedades…el proyecto de ley asegura la continuidad del sistema concentrado”.

El Grupo Clarín S.A. es el multimedios más grande de la Argentina. Goldman Sachs, el niño mimado Wall Street y de la Administración Obama, posee el 18 por ciento de las acciones del Grupo.

El Grupo Clarín es accionista mayoritario desde 1977, junto con La Nación, de Papel Prensa, gracias a la dictadura de entonces.

En los últimos años el Grupo acrecentó su control de los medios adquiriendo Cablevisión, operación autorizada por el entonces Presidente Kirchner con la firma del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y aprobada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

También se sospecha que el Grupo adquirió secretamente el diario Página 12, vocero, con una tirada casi confidencial, de los intelectuales K y biblia de los “progres”.

El idilio Clarín- K, se terminó, por lo menos en apariencia, cuando surgió el conflicto entre “el campo” y la administración K por su participación respectiva en la renta agraria.

De modo que en Argentina se cumple rigurosamente con la ley económica planetaria de la concentración oligopólica de los medios de comunicación, con la consiguiente distribución de roles entre oficialistas y opositores, entre reaccionarios y “progresistas”. (7) Situación que el Proyecto no modificará pese a su envoltura demagógica.

El Grupo Clarín podrá perder algunas plumas. Pero le crecerán otras.

Y, como en todo lo demás, seguirán “pagando el pato” las clases populares, que continuarán siendo desinformadas. Pero cada vez más difícilmente manipuladas.

¿Acaso se podía esperar otra cosa de un Gobierno que entrega sistemáticamente los recursos naturales al capital transnacional, deja apoderarse de las mejores tierras y el monopolio del comercio exterior agrícolo- ganadero a las transnacionales agroalimentarias, vuelve al redil del FMI, reprime a los trabajadores (ideologizados, según Moyano), la titular del Ejecutivo guarda un estridente silencio sobre el negociado criminal de los medicamentos falsificados y el Ministro de Economía cede su despacho y aporta su presencia al gigante transnacional Carrefour para que lance en Argentina su campaña publicitaria internacional de venta de alimentos supuestamente baratos y supuestamente nutritivos?

Notas:
1) Ovaldo León, EE.UU.: Triunfo de los monopolios mediáticos, en América Latina en movimiento, ALAI, Nº 370, 10 de junio 2003, Quito, Ecuador. La decisión de la FCC debía entrar en vigor el 4 de septiembre 2003, pero debido a que algunos ven en ella “una grave amenaza para la democracia”, fue suspendida por la Corte Suprema.
2) Documentos desclasificados de la CIA e Informe Church del Senado norteamericano del año 1975: «Acción encubierta (de Estados Unidos) en Chile 1963-1973» (ya citado en la nota 68): «Con mucho, el mayor -y probablemente el más significativo apoyo a una organización periodística- fue el dinero proporcionado a “El Mercurio”, el principal diario de Santiago sometido a la presión gubernamental durante el régimen de Allende. (….). En 1971, la estación (la CIA) estimó que “El Mercurio” no sobreviviría a la presión del gobierno de Allende, incluyendo la intervención en el mercado del papel de imprenta y el retiro de los avisos del gobierno. El Comité 40 autorizó setecientos mil dólares para “El Mercurio” el 9 de septiembre de 1971 y agregó otros 965 mil dólares a esa autorización el 11 de abril de 1972. Una evaluación hecha por la CIA concluyó que “El Mercurio” y otros medios apoyados por la Agencia habían desempeñado un importante papel en la configuración del escenario adecuado para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973».
3) Fuentes: http://blogs.periodistadigital.com/dircom.php/2007/01/17/, diario Clarín, Buenos Aires, 19/01/07, diario El País, España, 17/01/07. Pese a que la posición de la Comisión Europea es manifiestamente favorable a la concentración de los medios de comunicación y, como consecuencia, contraria al pluralismo, Clarín titula la información: La Unión Europea a favor del pluralismo de los medios, aunque después el cuerpo de la noticia es un poco más objetivo. El diario El País de España también titula: Bruselas defiende el pluralismo en los medios de comunicación. Este es un ejemplo claro de lo que decíamos al principio de este párrafo: “el comunicador impregna al hecho con su versión del mismo”. En este caso la versión de los títulos de Clarín y El País, es exactamente contraria a una versión objetiva del hecho. Con el agregado que Clarín en el título involucra a la Unión Europea, es decir a todas las instituciones europeas, incluido el Parlamento, cuando en realidad la postura a favor de los oligopolios transnacionales compromete sólo a la Comisión Europea.
4) Comunicado de Prensa de la FIP. http://www.ifj-europe.org/default.asp?Index=3862&Language=EN
5) La Marea, Revista de cultura, arte e ideas Nº 32, Ley de medios.
6) Inversiones extranjeras. Tratado sobre promoción y protección recíproca de inversiones. Artículo publicado en la Revista “Abogados” del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal N° 86, Septiembre-Octubre de 2005, página 42.
7) La Nación, “tribuna de doctrina” del orden conservador, se escandaliza por el “desaire” del Jefe de Gabinete a la embajadora yanqui. Habitual técnica comunicacional o política del tero del Gobierno, que pega el grito “antiimperialista” en un lado y pone los huevos de la sumisión en otro.