El estallido se registró poco después de que Pérez asumiera el cargo y respondió a un paquete de medidas económicas que incluía el alza del transporte público y la gasolina. Las protestas, fuertemente reprimidas por la policía y el ejército, dejaron 276 muertos, según cifras oficiales.
«Hay una orden de captura contra un ex presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, que por las investigaciones que se han hecho, su responsabilidad pudiera estar comprometida en estos hechos», explicó Ortega en una entrevista con la televisora estatal VTV.
La orden, explicó Ortega, «se incluye en el código rojo de Interpol, pero eso no es garantía que va a ser capturado. Eso depende del gobierno del país donde se encuentre en ese momento»
Venezuela anunció en 2007 que pediría a Estados Unidos, país donde actualmente reside Pérez, su extradición para juzgarlo como «cooperador inmediato por el delito de homicidio».
Sin embargo, Ortega explicó que esto «no se puede hacer porque ni siquiera está imputado, puesto que para el momento en que se emitió la orden de captura, ya (Pérez) estaba fuera del país».
Aunque el Estado venezolano admitió su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las muertes ocurridas durante el «Caracazo», nadie ha sido condenado por esos hechos, según la organización de defensa de los derechos humanos Cofavic, que se ha ocupado de estos casos.
La fiscal, que asegura haber «descongelado» el caso, indicó que se han imputado a tres personas por estos hechos, incluido el ministro de Defensa del gobierno de entonces, y hace una semana comenzó un proceso de exhumación en busca de identificar los restos de víctimas de esos disturbios.