Francisco Rodríguez

El fortalecimiento de las relaciones internacionales en sentido Sur-Sur y el avance en la construcción del sistema internacional multipolar son dos objetivos trazados en la política exterior bolivariana que tendrán nuevo impulso con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, proyecto acogido por 32 Jefes de Estado y de Gobierno en el marco de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en Playa San Carmen, México el 23 febrero de 2010. La CELAC se constituye desde ya, en pieza clave de la nueva arquitectura de la integración regional formada por la Unión Suramericana y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina y el Caribe.

A lo largo de este año y medio transcurridos, sin aspavientos y con discreción, la Diplomacia Bolivariana ha sido firme impulsora de CELAC. Dos encuentros de cancilleres y varias reuniones de comisiones de trabajo han hecho posible la convocatoria de la I Cumbre en Caracas, prevista para los días 2 y 3 de diciembre próximo. Ella significará un paso decisivo, un momento histórico como lo calificó el Presidente Hugo Chávez, pues se habrá hecho realidad un propósito anhelado por el Precursor, el Generalísimo Francisco de Miranda, el primero que soñara una Colombia americana; luego por El Libertador Simón Bolívar desde los tiempos de la Carta de Jamaica y el prócer cubano José Martí, entre otros visionarios de la unión latinoamericana y caribeña.

El mapa geoestratégico regional comienza a reflejar un nuevo eje de equilibrio, un total de 33 países, incluyendo a Honduras que no participó en la Cumbre de México, por estar sancionada tras el golpe de estado al Presidente José Manuel Zelaya; mas de 453 millones de personas diseminadas en una extensión geográfica que supera los 15 millones de kilómetros cuadrados han puesto de manifiesto la voluntad política de emprender un proceso de integración regional, cuya meta es la conformación de una comunidad de naciones.

El nuevo organismo tiene como propósito promover la integración bajo un modelo de desarrollo sostenible e impulsar la cooperación entre los diferentes mecanismos actualmente existentes a nivel regional como el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, CARICOM, ALADI, SELA y los nuevos esquemas de la UNASUR y ALBA. Su diseño parte del reconocimiento de la igualdad de los estados, el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, el rechazo a la amenaza y uso de la fuerza, las normas y principios del derecho internacional, la promoción de los derechos humanos, la democracia y el impulso de una agenda regional y concertada políticamente en los diversos foros internacionales en los que participan los países latinoamericanos y caribeños. Al definir como ámbito América Latina y el Caribe no está prevista la adhesión de estados que estén fuera de la geografía regional, lo cual descarta a los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia y Holanda que mantienen dependencias, territorios sujetos al estatus de descolonización o estados asociados en la región.

Vale la pena destacar la significación que reviste esta apuesta latinoamericana y caribeña, la cual avanza a contracorriente del escenario internacional marcado por la crisis del sistema económico y financiero mundial de orientación capitalista y liberal que hace tambalear a la Unión Europea, mueve crecientes tensiones de las democracias representativas en países desarrollados, despierta el resurgimiento del nacionalismo chovinista y da nuevos bríos a la expansión imperialista en el Cercano Oriente y África, por los momentos.

La CELAC nace como heredera del legado del Grupo de Río y de la Cumbre de América Latina y el Caribe. Aunque su propósito no es reemplazar a la vetusta Organización de Estados Americanos (OEA), pues nacerá suscribiendo un instrumento distinto que da pie a la creación de órganos propios. Sin embargo es innegable que irá mas allá por otra senda, superando con creces las deudas no saldadas que arrastra la OEA desde hace largo tiempo, las limitaciones impuestas por el contexto de la postguerra fría con su anticomunismo militante que influyó en la creación y la mediatización de sus órganos por parte de los Estados Unidos, lo cual ha hecho cuestionar la legitimidad de sus actuaciones en numerosas ocasiones. Es así que repara una injusticia al reincorporar a Cuba en el concierto regional como estado miembro de pleno derecho. También plasmará como fundamento de la organización, sin temores ni desconfianza, la unidad regional en la diversidad ideológica de formas políticas y gobiernos progresistas y nacionalistas.

Queda por delante la labor de filigrana política y diplomática que allane el camino para aprobar el estatuto y conciliar el modelo de integración orientado al comercio de los pueblos que suscribe ALBA con la tradicional zona de libre comercio que soporta a MERCOSUR. Asimismo la conexión transversal del tema sensible de la defensa regional, la cual muestra avances en el seno de UNASUR con la creación del Consejo de Defensa, pero perentorio ante un sistema internacional inseguro. No menos importante es la democratización del organismo, diseñando mecanismos que permitan la participación efectiva de los movimientos sociales en el seno de la organización. La experiencia generalizada es que los esquemas de integración avancen como acuerdos de estado, en los cuales queda al margen la existencia de espacios institucionales que permita a grupos y organizaciones populares engranar e incidir en la dinámica de integración. La hechura de leyes de alcance regional y la armonización entre los sistemas legales nacionales es crucial para el objetivo integracionista y para el propósito último de formar una comunidad de naciones. Por ello, reviste la mayor significación la Resolución adoptada en julio de este año por el Parlamento Latinoamericano que presentará en la Cumbre de Caracas, la propuesta de integrarse como órgano legislativo del bloque regional.

La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela establece de forma expresa que se promueve y favorece la integración latinoamericana y caribeña tendiente a la creación de una comunidad de naciones. De ahí que, el proyecto bolivariano y socialista plenamente coincidente con el precepto normativo constitucional impulsa a su vez, una política exterior activa y una diplomacia de igual tenor que asumirá el compromiso de hacer hoy realidad, el sueño de Bolívar al convocar el Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), con el propósito de hacer realidad una América unida, latinoamericana y caribeña.

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