Agencia ANDES- Telam

Quito, octubre 30 -La privatización de la comunicación a favor de intereses privados es un debate que debe hacerse a escala mundial, afirmó este sábado el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

El primer mandatario dijo en una entrevista hecha por la agencia pública de Argentina Telam que el gobierno está a favor de la libertad de expresión pero no a favor de la corrupción de  los negocios dedicados a la comunicación.

Correa señaló que la Ley de Comunicación que se debate en la Asamblea Nacional ha sido bloqueada durante dos años por los medios de comunicación, quienes pretenden ser un “poder de poderes” sin legitimidad democrática y por ello se han convertido en “nuestro principal opositor” señaló el jefe de Estado.

 

Correa aclaró que la ley no es iniciativa del Ejecutivo sino del Legislativo y afirmó que busca regular el poder de las empresas que defienden los privilegios del gran capital y no la libertad de expresión.

Sobre el proceso de restructuración de la Justica en Ecuador, Correa afirmó que es un proceso inédito en el país en donde el “sistema no era de Justicia, sino de injusticia”.

El primer mandatario recordó que este cambio fue por exigencia de la ciudadanía a través del referéndum de mayo pasado y agregó que el sistema injusto a permitido que se den alrededor de cuatro mil caducidades de prisión preventiva, seis mil medidas sustitutivas y millonarias pérdidas por demandas en tribunales internacionales.

Sobre los alcances de la vigésima Cumbre Iberoamericana, desarrollada en Paraguay, Correa dijo que se ha avanzado muy poco y señaló que confía más en los resultados de las reuniones de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

“Es una instancia para avanzar como región” en donde se está consolidando el Consejo de Defensas, una estructura financiera regional, entre otras, afirmó el presidente.

Además dijo que la región debe crear sus propios Tribunales de Arbitraje y recordó que el modelo Neoliberal protege el Capital, por ello, “las empresas trasnacionales han llevado a Estados a Tribunales Internacionales que siempre fallan a favor de ellas (empresas)”.