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Los cuatro proyectos anunciados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner referidos al derecho a la identidad y a la eliminación del delito de calumnias e injurias ingresaron este viernes a la Cámara de Diputados, según informaron a Télam fuentes parlamentarias.

La presidenta formuló el anuncio al encabezar en el Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que funciona en la sede de la ex ESMA, en el barrio de Nuñez, un acto en homenaje a la labor que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó hace 30 años en el país en plena dictadura militar.

En ese marco, la mandataria adelantó el envío al Congreso de cuatro proyectos de ley referidos a los derechos a la identidad y a la libertad de expresión, uno de los cuales busca «suprimir la figura del delito de calumnias e injurias», que ingresaron por Mesa de Entradas de la cámara baja a las 18,10 de este viernes.

Las otras iniciativas proponen un procedimiento para la obtención de muestras de ADN que «resguarde los derechos de los involucrados», otro impulsa la modificación del funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y un cuarto que plantea una reforma al Código Procesal «para garantizar de un modo más eficaz la participación judicial de las víctimas y las asociaciones».

Al formular el anuncio, la presidenta dijo además que el envío de proyectos «no es benevolencia, ni un gesto de generosidad sino el cumplimiento de la ley, y de las obligaciones y sentencias de la CIDH».

Sobre el proyecto para suprimir la figura del delito de calumnias e injurias, la jefa de Estado afirmó que de esta manera «se está dando cumplimiento a una condena que tiene el Estado en el caso (del periodista Eduardo) Kimel, condenado penal y civilmente» por su investigación sobre la masacre de cinco religiosos palotinos en 1976, cuyo caso llegó a la CIDH.

En cuanto a las otras iniciativas, Cristina indicó que se busca «asegurar la total transparencia en el manejo de datos genéticos», que exista la «posibilidad de ser querella por parte de los organismos de derechos humanos» y que se modifique el Código «para facilitar la actividad de los jueces y hacerlo con respeto a las víctimas y que no vuelvan a ser doblemente víctimas».

«Hemos podido acordar estas cuestiones entre el Estado y la CIDH para defender dos de los derechos más personalísimos y más colectivos que puede tener un ser humano: la libertad y la identidad», expresó.