Aunque el gobierno argentino está muy lejos del llamado socialismo del siglo XXI impulsado por los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, y tenga incluso un contenido menos popular que el de otros gobiernos progresistas de la región, con muy pocas políticas sociales y cierta dignidad en cuestiones internacionales y de derechos humanos, ha despertado la ira de una oligarquía que siente que ya superó la crisis del 2001 y que debe volver a retomar las riendas del país.
Un columnista de un diario argentino resumió la situación escribiendo, “El neoliberalismo no se rinde”.
El paro agrario
La situación tensa entre el gobierno y los productores agropecuarios tuvo su punto más álgido en marzo del pasado año cuando los productores rechazaron la implementación de las retenciones móviles a las exportaciones de soja. Entonces lograron frenar al gobierno con la complicidad de la deserción del vicepresidente Julio Cobos. Pese a ello siguieron movilizados reclamando más liberalismo para el campo y excepciones impositivas argumentando las pérdidas por la sequía.
A fines del pasado mes, el gobierno sancionó la ley de emergencia agropecuaria, para atender precisamente la situación por la sequía, pero vetó un parte de la ley que establecía la eliminación de las retenciones para 22 distritos y la reducción de las alícuotas para otros 15. La explicación oficial del veto fue la existencia de problemas técnicos en la ley, la imposibilidad de implementar la eliminación de retenciones a zonas, y que el acuerdo parlamentario original no incluía ese aspecto. También se mencionó como argumento, las declaraciones del vicepresidente de Confederaciones Rurales (CRA), Néstor Roulet, publicadas por el diario Página 12 según las cuales éste habría dado a entender que los productores aprovecharían la exención para «vender todo» a través de esos municipios. Además se sostuvo que debido a la sequía en la zona de emergencia no habría excedente de producción para exportar, por lo que la eliminación de las retenciones a la exportación sólo beneficiaría a futuras ventas y sólo a los exportadores, y no a los productores que sufrieron la sequía.
El veto presidencial despertó las críticas del sector, y de inmediato, la Mesa de Enlace, que nuclea a diferentes asociaciones agrarias, decretó un paro de una semana que redujo considerablemente el abastecimiento de carne y granos a las ciudades. El paro culminó el pasado viernes, pero con la amenaza de nuevas movilizaciones, sin excluir el corte de rutas para paralizar todo el comercio.
Para varios analistas, el debate entre el campo y el gobierno es la lucha entre un modelo neoliberal donde el Estado no participe, y el desarrollista que busca fomentar la industria nacional captando recursos del agro para impulsar otros sectores de la economía.
A parte de ese esquema, también hay otros elementos en juego, que no terminan de definirse por el cambio profundo en la propiedad de la tierra y el nuevo modo de producción impuesto por la soja y que comienzan a copiarse en otros sectores. Empresas exportadoras, que no son propietarias de tierras, arriendan campos para plantar soja y exportarla. También se asocian a grandes productores ya establecidos. (1)
Según algunos estudios, el 60 por ciento de la producción agrícola argentina se realiza bajo alguna forma de contratación. Este modelo de inversión se está desarrollando también en el sector lechero y en otros granos. Así, la disputa entre el gobierno y el campo, es en realidad una disputa que integra también al sistema financiero y a grandes multinacionales. Los productores, que tienen un núcleo de diputados afines, pretenden también aplazar cualquier discusión referente al campo para después del 10 de diciembre, fecha en que asumirá el nuevo Congreso electo el pasado mes de junio, y donde el gobierno salió perjudicado.
Por otra parte, la semana del paro ha demostrado que el monolítico bloque rural comienza a resquebrajarse. Las asociaciones rurales han clausurado el paro con actos por separado, y el discurso de sus dirigentes ya no está coordinado. El pasaje de opositores gremiales a políticos despierta la competencia interna.
Rechazo al gobierno o reclamo para profundizar cambios
Los resultados de las elecciones legislativas parciales de junio están siendo interpretados de maneras muy diferentes. Como era lógico, los opositores al gobierno por la derecha sostienen que los resultados marcan el rechazo a la política impulsada por Cristina Fernández desde la presidencia, y por su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner desde la dirección del Partido Justicialista.
Por el contrario, para el ex presidente, lo que evidenciaron las elecciones de junio fue que los votantes quieren profundizar el modelo y el reclamo fue la necesidad de acelerar el ritmo.
«Sacamos a la Argentina de una situación límite ya ahora vamos a ver si lo podemos profundizar. Este modelo es lo mejor que le pudo pasar a la Argentina después del 2001», insistió el ex presidente antes de enumerar los que consideró sus éxitos: «Se bajó el nivel de pobreza y desocupación, se construyeron cuatro millones de empleos, tenemos el salario mínimo más alto de la historia, se retomaron las paritarias y en el tema de los derechos humanos fuimos un punto de inflexión» subrayó.
El gobierno ha reunido contra sí lo que se podría denominar como la “divina trinidad”, es decir la oligarquía, los medios de comunicación –que pertenecen y son parte de lo anterior- y la Iglesia, en un esquema copiado de cualquier otro país de la región que emprende el camino de un cambio, por mínimo que sea.
Los propietarios de los medios de comunicación están centrando ahora sus baterías contra la nueva ley de comunicación que el gobierno pretende aprobar antes de diciembre. (ver nota aparte).
La jerarquía de la Iglesia Católica, cómplice por acción y omisión de los horrores de la dictadura militar y de las políticas neoliberales impulsadas después por Carlos Menem, descubren ahora la pobreza en el país y responsabilizan al actual gobierno.
En esa oposición al gobierno han logrado incorporar al Papa, cuando el pasado mes de marzo, el cardenal primado de la Argentina Jorge Bergoglio le entregó un documento sobre el aumento de la pobreza en Argentina. Casi de inmediato, el Papa emitió una declaración en la que puso de relieve la preocupación por «el escándalo de la pobreza y la exclusión social» en Argentina. Enseguida, la Conferencia Episcopal Argentina abordó el tema, y su vocero, el sacerdote Jorge Oesteherld, dijo que la pobreza está «cercana a 40%», contradiciendo las cifras oficiales.
Oesteherld reclamó además al Gobierno «redoblar los esfuerzos» para enfrentar la problemática social, y aunque reconoció que «se hizo mucho» dijo que hasta ahora «no alcanza» para paliar las necesidades de millones de argentinos. Para nosotros -añadió- la pobreza está cerca del 40% y la diferencia que hay entre los más pobres y los más ricos (en el país) es inaceptable, un escándalo». Desde el gobierno se ha evitado entrar en polémica con la Iglesia, aunque el ex presidente Kirchner ha contradicho las cifras de pobreza de los sacerdotes.
Inician debate de la ley de Comunicación Audiovisual
Desde que la presidenta Cristina Fernández presentó el proyecto de ley de radiodifusión, los poderosos medios privados de comunicación se han esmerado en recopilar opiniones en contra, la mayoría tiene como argumento, que se está en un proceso de limitación de la libertad de prensa, y cuando no, sostienen que “se parece a lo que hace Hugo Chávez”. El proyecto ya está en discusión en el Congreso aunque la oposición pretende demorarlo hasta después de diciembre.
Las críticas al proyecto también aparecen desde algunos sectores de la izquierda que ven en este intento por modificar una ley heredada de la dictadura, una pelea entre sectores de la burguesía. En todo caso, el proyecto en lo fundamental reparte el espectro de los medios de comunicación audiovisual en tres, un tercio para el Estado, otro para la actividad privada empresarial, y un tercero para actores comunitarios, desde las iglesias, universidades, ONGS, etc. Asimismo, la iniciativa propone revisar las licencias de los medios cada dos años, lo que fue considerado por la diputada opositora, Ilisa Carrió, de elemento de “extorsión” a la prensa.
Al presentar el proyecto de ley, la presidenta dijo que la iniciativa tendía a “ una Argentina más democrática y más plural». Pidió no confundir «libertad de expresión con libertad de extorsión» al criticar los ataques de la prensa, especialmente del Grupo Clarín. »El espacio comercial tendrá un tercio, otro tercio el sector público, y otro tercio será para el sector cooperativo y de organismos no gubernamentales como universidades, iglesias, sindicatos y asociaciones de profesionales», anunció la presidenta.
Para la mandataria esta ley busca consagrar la pluralidad, que todos puedan ser escuchados, «la voz de los que nos gusta y la de los que no nos gusta; la de los que nos conviene y la de los que no nos conviene a cada uno de nosotros», agregó. La iniciativa también suplanta como autoridad de aplicación al viejo directorio militar por un órgano colegiado en el que habrá representantes del Ejecutivo y de las tres principales fuerzas legislativas. Además, se propone impedir la formación de monopolios y de oligopolios.
Cristina Fernández recordó que ninguno de los gobiernos posteriores a la dictadura lograron sancionar una iniciativa que pusiera fin a la ley de radiodifusión de los militare, “porque había un suprapoder en la Argentina, lo que significa que por sobre los poderes instituidos por la Constitución hay otros poderes que tienen suficiente fuerza para imponer decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presión”. Anteriormente, en marzo de este año, el gobierno había lanzado un anteproyecto que comenzó a ser discutido en foros y charlas por todo el país. De esa discusión pública se realizaron unas 50 modificaciones al proyecto original.
La oposición criticó también el momento de presentación del proyecto, efectuado poco después del acuerdo del gobierno con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la transmisión de los partidos de fútbol, rompiendo un convenio existente con una empresa del poderoso Grupo Clarín. El jefe de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, advirtió que si se aprueba el proyecto gubernamental el país se convertirá “en la Venezuela de Chávez”.
En un comunicado oficial, Morales insistió: “La estrategia de hacer valer una mayoría circunstancial pone en jaque a la democracia doblegando libertades al mejor estilo chavista, con medios de rodillas replicantes del discurso oficial”. El empresario y jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, reclamó que el proyecto de ley se discuta después del 10 de diciembre, cuando asuman los legisladores electos en junio. “Esta composición actual del Parlamento es legal, pero no es legítima”, dijo el dirigente derechista. El diputado del mismo sector, Francisco de Narváez, socio en una empresa de comunicación, también cuestionó el proyecto. “El kirchnerismo pretende controlar los medios de comunicación y controlar la opinión pública”, y añadió: “No es distinto de lo que ha hecho Hugo Chávez en Venezuela para perpetuarse en el poder. Expresamos nuestro más profundo rechazo”.
La diputada Silvana Giúdici (UCR) que preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja se quejó porque el proyecto pasaría por las comisiones de Presupuesto y Comunicación, pero no por la que ella integra. Se manifestó en contra de que las telefónicas ingresen al negocio de la comunicación audiovisual y que el Estado retenga el 33 por ciento del espectro de radiodifusión y sostuvo que “tiene la matriz chavista”.
La senadora María Eugenia Estenssoro de la la Coalición Cívica, dijo que “el verdadero objetivo –del proyecto de ley– es generar consorcios de medios públicos con medios comunitarios subsidiados por el Estado, el 60 por ciento de la prensa subsidiada por el Estado y adicta al gobierno. Ese es el modelo que propone la ley, un modelo peligroso”, incorporando el tercio destinado a la comunidad al Estado, y sin tener en cuenta que en una elección puede cambiar el titular del gobierno.
Sin embargo, el proyecto de ley tuvo un respaldo inesperado.
El relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, -quien visitó el país hace muy poco- envió un mensaje al gobierno dando un claro respaldo a su proyecto de ley que consideró “único en el mundo y un ejemplo para los demás países”.
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(1) Los grandes grupos económicos agrarios comenzaron a aparecer a fines de la década de 1980, consolidándose en la década de 1990, en consonancia con la disolución de la Junta Nacional de Granos. Se trata de productores rurales que abandonaron el sistema tradicional de la estancia, de raíz colonial, para organizar empresas rurales integradas (siembra, cosecha, acopio y comercialización), con utilización intensiva de la informática y la biotecnología, y aplicación de técnicas empresariales modernas, como la tercerización, la profesionalización de la gestión y la innovación productiva.
Entre estas empresas se destacan grupos multinacionales, que actúan en una gran región agraria subcontinental que abarca Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, como Los Grobo, Adecoagro (del magnate George Soros), Cresud del grupo Elsztain, el grupo Bemberg, el grupo Werthein y El Tejar.
Los denominados «pools de siembra», son fideicomisos transitorios a través de los cuales se reúnen grandes masas de capitales financieros, tierras y recursos, para ganar poder de mercado y capacidad de influir sobre los precios de la cadena. Aparecieron precariamente en la década de 1990, para desaparecer durante la recesión de 1998-2002; pero luego de 2003, con la recuperación de la economía argentina, volvieron a aparecer para instalarse sólidamente. Aunque no se encuentran bien individualizados, se estima que existen al menos 30 grandes pooles de siembra con un promedio de 70.000 hectáreas cada uno, que concentran aproximadamente un 7% de la superficie total sembrada con granos.
Los pools de siembra permitieron el ingreso masivo de sectores ajenos al campo, sobre todo financieros, en la producción agropecuaria y modificaron sustancialmente el régimen de tenencia de la tierra, al convertirse en grandes arrendatarios y provocar que una gran cantidad de productores agropecuarios propietarios de sus tierras, abandonen la producción para volverse rentistas.
La empresa Los Grobo controla 150.000 hectáreas, 90 por ciento de ellas tomadas en arriendo, cultiva principalmente soja y también produce ganado vacuno.
El Tejar, una asociación de productores explota más de 180.000 hectáreas en Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, dedicadas a la ganadería, desde la cría de animales hasta la exportación de carne, y a los granos, principalmente la soja. Cresud explota más de 165.000 hectáreas. Adecoagro, del magnate húngaro-estadounidense George Soros, controla 220.000 hectáreas principalmente en Argentina, pero también en Brasil y Uruguay.
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