El estado tomó el control de NovacaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, tres bancos resultantes de fusiones entre pequeñas cajas de ahorro, al no haber cumplido las exigencias de capital marcadas.
El gobierno socialista anunció en febrero una exigente reestructuración de su sector financiero y en especial de sus cajas de ahorro, más expuestas al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis de deuda.
La recapitalización se completó con otros 5.838 millones (7.880 millones de dólares) de fondos privados, lo que eleva la factura total de la reestructuración a casi 13.400 millones (18.090 millones de dólares).
El ministro de Fomento y portavoz del gobierno, José Blanco, señaló que España cuenta ahora con un sistema financiero “solvente, eficiente y transparente”, que facilitará la apertura del crédito hacia los consumidores y las familias.
La principal exigencia del plan era que las entidades debían tener a fecha 30 de septiembre un capital básico mínimo del 8% para los bancos y 10% para las cajas de ahorro.
Esta relación mide las reservas y el capital del que un banco puede disponer de forma inmediata frente al valor de las deudas a las que hace frente por sus operaciones.
Las cajas podían acceder a dinero del FROB, transformarse en bancos y cotizar en bolsa para atraer inversores privados. Pero de no cumplir el porcentaje fijado, se exponían a la nacionalización, tal y como ha ocurrido con NovacaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim.
“Hoy, a 30 de septiembre, se ha completado el proceso, se ha cumplido el calendario exigido y todas las entidades cumplen con el nivel exigido”, dijo el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, en rueda de prensa.
A lo largo de estos meses, las cajas de ahorro se han reducido de 42 a 15. La mayoría se han fusionado entre sí y han creado nuevos bancos.
Los más importantes son Bankia, liderado por Caja Madrid, y CaixaBank, de la catalana La Caixa que cuenta como principal socio con el multimillonario mexicano Carlos Slim.
Grandes entidades como el BBVA o el Banco Santander no se vieron afectadas por este proceso, al cumplir desde hace tiempo las exigencias establecidas.
En febrero, el gobierno español cifró en unos 27.000 millones de dólares las necesidades para sanear su sistema financiero, muy castigado por su exposición a la burbuja inmobiliaria.
España ha comenzado una leve recuperación económica tras dos años de profunda recesión, pero su tasa de desempleo sigue cercana al 21%. Además, las medidas de austeridad para corregir el déficit no han espantado los fantasmas sobre la solvencia de España tras la crisis de deuda que sacude Europa y Grecia en particular.