Escrito por Organizaciones Sociales Centro Oriente Colombiano jueves, 22 de septiembre de 2011Afanadamente el gobierno de Juan Manuel Santos procuraba la famosa CERTIFICACIÓN, esa calificación positiva que otorga anualmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos a los países del tercer mundo en materia de Derechos Humanos, y justificar así el desembolso de millonarios recursos para la guerra. Ayuda que no estará servida de inmediato pues debe pasar por el visto bueno del Senado Norte Americano.
Sarcásticamente esta certificación se anuncia en el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos, heredero a ultranza del Plan Colombia y sus estrategias de agresión contra el pueblo, garantizando la continuidad de la guerra sucia, como la ratifica el asesinato de más de 50 líderes y dirigentes políticos bajo su gobierno, como es el caso de Ana Felicia Córdoba dirigente desplazada y asesinada en Antioquia en junio de 2011; Humberto Peroza Wampiare, indígena del Pueblo Sikuani asesinado por el Ejército de Colombia en el municipio de Arauquita en junio de 2011; la niña violada y asesinada junto con sus dos hermanitos en el municipio de Tame en octubre de 2010 por el Ejército de Colombia; Hernando Pérez, dirigente de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes; y muchos más.
El destierro y la persecución política y judicial al que son sometidos dirigentes políticos por confrontar y denunciar hecho de gravedad de acciones del Estado Colombiano, como es el caso de Piedad Córdoba, hoy exiliada.
La permanencia del Paramilitarismo a pesar del intento por maquillar esta política militar de Estado bajo la figura de las Bandas Criminales, quienes han seguido su espiral de violencia y economía narcotraficante. Como lo muestran los homicidios de José Joaquín Malaver Cubides, en abril de 2011 en la vereda Puerto Gaitán del municipio de Tame; el Pastor Walberto Nieves Niño y la niña Mayerli Niño Blanco en la vereda Uriepe del municipio de Cravo Norte; Walis Freth Barreto, asesinado en junio de 2011 en el casco urbano del municipio de Tame.
Los falsos positivos judiciales con los que se ha reprimido la labor social, enviando a la cárcel a dirigentes y pobladores, continúa como el caso de el líder sindical José Marín Moreno, miembro de la Junta Nacional de la USO, detenido en septiembre de 2011; el Cacique Ismael Uncacia Uncacia, Verónica Solís Fuentes y Álvaro Leal Toloza, detenidos en enero de 2011.
Exhortamos a las ONG Internacionales, a los movimientos sociales del mundo y los organizamos internacionales de Derechos Humanos, a rechazar este tipo de pronunciamiento unilateral que evoca la consecución de recursos para la guerra en nuestra país y sus consecuencias nefastas para la población y sus planes de vida, expedidos por quien carece de todo tipo de autoridad moral para calificar y señalar sobre la protección y cumplimiento de los Derechos Humanos.
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