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El 17 de julio se celebra el Día de la Corte Internacional de Justicia. Yo personalmente no veo nada que celebrar ese día. Lo mejor que el sistema de derecho internacional y sus instituciones nacionales podría hacer es proteger el imperio de la ley. En cambio lo que hace es implementar iniciativas de carácter geopolítico que no tienen nada que ver con los derechos de los ciudadanos ni de los estados.
La fecha fue establecida el 17 de julio de 1998 que marca la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, el tratado que estableció la CIJ. Se supone que el tribunal enjuicia a individuos acusados de genocidio y otros graves delitos internacionales, tales como crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra.
Se sugirió también que se incluyera en la lista los delitos de agresión. No obstante, durante las deliberaciones en Romas las partes no se pusieron de acuerdo en cuanto a la definición de delito y de este modo el Estatuto estipula que la Corte no puede ejercer su jurisdicción sobre el delito de agresión hasta que los estados participantes lleguen a un acuerdo sobre el problema.
El establecimiento de la Corte fue recibido de manera ambigua. Tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, China y Estados Unidos, como también la India, Israel e Irán no han ratificado el Estatuto de Roma. Todos ellos sostienen que ese documento limita la soberanía de los estados y le brinda “demasiadas atribuciones a la Corte.” A diferencia con el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, la Corte no es parte de la Organización de Naciones Unidas, aunque si puede presentar casos a solicitud de esta. La Corte puede ser referida como “un tribunal de la Unión Europea” en cuanto a sus fuentes de financiamiento. El año 2008 la parte de la Unión Europea del financiamiento de la Corte fue de más del 57 por ciento. Esto explica con facilidad por qué la Corte de manera expedita emitió órdenes de arresto contra los líderes libios que habían estado enfrentando las operaciones militares llevadas a cabo por Europa, principalmente por Inglaterra y Francia.
También vale la pena mencionar que la comunidad internacional ya conoce algunos hechos notorios acerca del Tribunal Internacional de Justicia para la ex Yugoslavia y la Corte Internacional de Justicia para Ruanda. Enfoque selectivo para los acusados, ausencia de una verdadera competencia durante las audiencias, los jueces y los fiscales se inclinan por hacer declaraciones politizadas, esto resulta típico de ambos tribunales y seguramente proyecta una sombra sobre el actual sistema de derecho internacional. Las instituciones jurídicas a menudo sirven intereses políticos.
De este modo, muchos expertos están de acuerdo en que el papel principal actuado por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, tiene que ver con esconder los nombres de aquellos que realmente están implicados en el desencadenamiento de la guerra civil en Yugoslavia y acusar a los políticos serbios de todas las tragedias que ocurrieron en la región.
Prácticamente lo mismo sucede con la Corte Internacional de Justicia por cuanto sus decisiones violan abiertamente la soberanía de otros países y sirve los intereses de una de las partes involucradas en un conflicto. Todo esto comenzó el 2010 cuando la Corte emitió órdenes de arresto para el actual presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, acusándolo de genocidio contra tres grupos étnicos. De este modo, la Corte interfirió en el conflicto interno en la provincia sudanesa de Darfur.
Se suponía que la orden obligaría a las autoridades de Jartum a permitir la partición territorial de algunas áreas del sur de Sudán ricas en recursos energéticos.
Aquí podríamos trazar un paralelo con la acusación contra Slobodan Milosevic en La Haya –¡cuando el testimonio rendido por los separatistas y sus aliados en el Occidente fue utilizado para justificar la decisión de la corte! Lo curioso es que la Corte para acusar a Omar Al-Bashir tuvo que recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU ya que Sudán no es miembro de la Corte. La situación en Libia demostró que la Corte tiene un enfoque prejuiciado por completo. Emitió una orden de arresto contra Gadafi y sus hijos antes de realizar ninguna investigación en medio de la crisis que se profundizaba en el país. Como en el caso de Yugoslavia, las cortes van de la mano con la OTAN manifestando así su adhesión al sistema que se supone que custodia la soberanía y la integridad territorial de los países….
Y tengo más que agregar, aunque la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia cubre todos los continentes y posee los archivos relacionados con casos abiertos en 139 países, los estados africanos son mayoría en la lista: la República Democrática del Congo, Uganda, Sudán, Kenia, Libia, la República Costa de Marfil lo cual hace pensar que todo esto se trata de un neocolonialismo legal internacional. No es por casualidad que en el mes de junio de 2009 treinta miembros de la Corte Internacional de Justicia, CIJ representantes de África (Senegal, Yibuti y las Islas Comoros, entre otros) urgieron a sus colegas a retirarse de la corte en protesta contra su política anti-africana. El Comisionado para la Paz y la Seguridad de la Unión Africana, Embajador Lamamra Ramtane cree que el fiscal de la CIJ, José Luis Moreno “sigue una política de doble rasero, acusa a un líder pero ignora a otro.” El señor Ramtane describió esto como un buen ejemplo de “justicia selectiva” lo cual es uno de los primeros signos que demuestran que la corte está al servicio de los intereses políticos de alguien.
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