Observatorio Sudamericano de Patentes
El informe filtrado desde la Unidad de Inteligencia Económica de CAVEME, Cámara Venezolana de Medicamentos, y enviado a la USTR, Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, devela la amenaza de boicot de medicamentos de realizarse modificaciones de carácter jurídico a la ley de patentes contrarias a los intereses de sus asociados. Esto pudiera conducir a un boicot de medicamentos de modificarse la ley de patentes, dice el informe.
Informe completo:
14 de Septiembre de 2011
A: Ron Kirk, USTR
De: Aldo Rees, CAVEME
Los planes para modificar la ley patentes de medicamentos anunciada el 13 de septiembre por el gobierno de Venezuela adquiere curso de colisión con las empresas farmacéuticas mundiales. Existen esperanzas de influir en decisión legislativa.
Luego de filtarse un cable de la agencia Wikileaks desde Caracas, el Presidente Hugo Chávez habría dado la instrucción a las autoridades del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual de Venezuela de planes de redacción de propuestas para nueva ley de propiedad intelectual, que se presentara a la Asamblea Nacional.
Los detalles de este plan siguen siendo escasos, pero la declaraciones de las actuales autoridades del SAPI de que existen tres propuestas de leyes relacionadas con las patentes”, indican que la iniciativa puede alejarse más allá de las disposiciones sobre licencias obligatorias previstas en los Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de los que Venezuela es país signatario.
Una reforma de las leyes de patentes se espera que tenga lugar en Venezuela contrarias a los intereses de las empresas de Estados Unidos, aunque existen posibilidades de influir en la agenda y redacción de la nueva ley favorable a través de contactos locales cercanos a un actual Ministro del Gobierno, quien ha redactado una propuesta viable para los asociados de la Cámara. Sin embargo no todos los operadores farmacéutico confían en que se impondrá esta norma legal y ya se sienten amenazados por las iniciativas de posible nacionalización de facto de los medicamentos elaborados por empresas americanas pues ya se han nacionalizado sectores de energía, telecomunicaciones, hipermercados, industrias básicas e hipermercados. Esta iniciativa sobre las patentes y marcas enturbia más las aguas.
A pesar de los esfuerzos del gobierno anterior para adaptarse a los ADPIC, Venezuela ha estado en la Lista Prioritaria de Vigilancia 301 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos USTR, desde el año 2005. No se han patentado productos de drogas desde 2002 y las autoridades han concedido la autorización de comercialización de copias de fabricación local de medicamentos con patente internacional. Estas acciones del gobierno son una señal de la voluntad de desafiar los acuerdos internacionales con acción legislativa formal.
No ha habido ninguna mención explícita de planes de utilizar las licencias obligatorias con respecto a cualquier situación de emergencia nacional en consonancia sobre las normas sobre los ADPIC. Tampoco ha habido ninguna evidencia de intentos de negociar con las multinacionales a precios más bajos o acuerdos de licencias entre los titulares de patentes y los fabricantes locales. En cambio, las declaraciones sobre este tema que afirman que las empresas de medicamentos ponen su interés en las patentes antes que el de los pacientes, ha alineado al gobierno en avanzar contra las empresas farmacéuticas multinacionales.
La revolución socialista de Chávez se centra en avanzar sobre la industria farmacéutica. Esto permitiría reproducir copias baratas de los medicamentos. Hecho que a su vez podría conducir a un boicot del mercado por las empresas internacionales.
Es muy probable que alguna de las mayores compañías farmacéuticas del mundo dejará de comercializar sus medicamentos en el país como protesta contra lo que se percibe como un ataque contra las patentes de producto. Teniendo en cuenta que Venezuela depende de las importaciones para satisfacer aproximadamente el 50 % de sus necesidades farmacéuticas, esto dará lugar a la escasez de ciertos medicamentos.
También dará lugar a una mayor pérdida de inversión directa en la propia industria local de drogas del país. Las políticas socialistas han provocado un clima de inversión en deterioro y muchas empresas farmacéuticas extranjeras ya han trasladado sus instalaciones de producción a otros países de la región. A pesar que 500 empresas operan en Venezuela, hay solo 33 plantas de fabricación.
Debido a que la presencia de las principales firmas farmacéuticas extranjeras en países en subdesarrollados provén en general transferencia de tecnológica y científico, las capacidades generales de la industria farmacéutica ya han sido seriamente dañadas por la dirección de las políticas gubernamentales. La actual decisión oficial de revisar sus leyes de derechos de propiedad intelectual podría potencialmente causar la implosión total de la infraestructura farmacéutica del país. Esto socavaría aún más la capacidad de las empresas locales para cerrar la brecha de sus suministros, que podría ser causado por el retiro de las empresas extranjeras de algunos o todos sus productos del mercado.
Algunas multinacionales pueden mantenerse renuentes a salir de Venezuela por completo, ya que tal retirada podría significar la pérdida de ventas de un mercado valorado en aproximadamente 6 mil trecientos millones de dólares estadounidenses al año (estimación para 2011 ), pero es difícil imaginar que algún fabricante propietario de medicamentos vaya a querer lanzar un medicamento nuevo e innovador en el país si hay una alta probabilidad de que la informacion técnica exclusiva sobre la composición de un producto sea publicada para que todos la vean. En consecuencia, la propuesta de implantar una ley contaria a la producción y protección de las inversiones en medicamentos significa que en el futuro los pacientes venezolanos no podrán acceder a los tratamientos más nuevos y más eficaces que se comercializan cada año a nivel mundial.
Tanto como involuciona la agenda socialista en materia de propiedad intelectual luego de la salida de Samán del gobierno, las empresas farmacéuticas multinacionales en Venezuela tienen la esperanza que una nueva ley de patentes en última instancia las beneficie. Mientras el gobierno de Chávez se ha focalizado en ampliar la prestación de servicios de salud en comunidades de bajos ingresos, su capacidad para realizar inversiones significativas en el sistema se ha visto obstaculizado por un exceso de dependencia de los ingresos petroleros fluctuantes.
La intención del gobierno es reducir el gasto de medicinas que el gobierno prodiga a la industria nacional con el conocimiento científico necesario para reproducir los medicamentos caros que se han producido en el extranjero. Pero con la fabricación local en declive desde hace muchos años y las capacidades locales en plena tensión, es muy poco probable que los jugadores nacionales serán capaces de aprovechar una futura normativa de patentes de manera eficaz y es muy probable que las empresas de Estados Unidos continúen controlando el tercer mercado de medicinas más grande de Latinoamérica.
Dr. Aldo Rees
Presidente