La ordenanza firmada por el presidente Rafael Correa señala que esos establecimientos “tendrán el plazo máximo improrrogable” de seis meses, contados a partir de la publicación del texto en el registro oficial, “para el cese de sus actividades de negocio o comerciales y consiguiente cierre”.
Correa anunció a comienzos de agosto que los casinos tendrían un plazo de uno a dos años para liquidar sus operaciones.
La prohibición de esos centros fue decidida por los ecuatorianos en un referendo propuesto por el mandatario ecuatoriano.
Unas 3.200 personas trabajan en los 32 casinos constituidos legalmente en Ecuador, donde la ley autoriza su funcionamiento solo en hoteles cinco estrellas, según la Asociación de Casinos y Bingos (Ascabi).
Esa entidad había planteado al Ejecutivo que le concediera hasta cinco años de gracia para recuperar unas inversiones que calcula en 180 millones de dólares -realizadas mayoritariamente por firmas extranjeras- o el pago de una indemnización que debería “traer a valor presente” ese monto.