Alcides González
El Departamento de Estado del principal fabricante mundial de armamentos, primer consumidor mundial de cocaína y primer productor mundial de marihuana, Estados Unidos, tal como lo hace en temas como narcotráfico, el contro de aduanas, la propiedad intelectual, la compra de radares, las armas de destrucción masivas, el material radiactivo de uso pacífico o cuanto tema se le antoje al único lanzador de bombas atómicas (Hiroshima y Nagasaki), propiciador de golpes de Estado en Latinoamérica: Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala; invasor: Grenada, Panamá, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, México y actual invasor de Irak, Afganistán (Pakistán y Palestina) presentó su informe anual, donde destacó la actitud y el esfuerzo del Gobierno argentino en la lucha contra los “grupos fundamentalistas”, aunque cuestionó “la falta de prevención para evitar el lavado de dinero”, potencial fuente de financiación del terrorismo.
En el capítulo dedicado a Latinoamérica, se felicita a la Argentina, Colombia (principal proveedor de cocaina a EE UU) y México (principal país de paso), por los «serios esfuerzos de prevención y preparación» que realizaron durante 2010, aunque advierte que en nuestro país «la ley contra el lavado de dinero no fue efectivamente implementada».
«El gobierno argentino y el Banco Central aseguraban estar comprometidos a congelar los fondos de los grupos terroristas identificados por Naciones Unidas. Sin embargo, las medidas para congelar los fondos se basan en procedimientos penales ordinarios que no permiten una aplicación en tiempo y eficaz».
El Departamento de Estado norteamericano, comandado por Hillary Clinton, se basa en el reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional para América del Sur (Gafisud).
El mencionado informe del gobierno de Barack Obama subraya también que «las autoridades argentinas dedicaron recursos limitados a monitorear la financiación de “grupos terroristas».
No obstante, el documento subraya como positiva la colaboración argentina en los esfuerzos para analizar «posibles amenazas terroristas», con la mira puesta, especialmente, en la zona de la triple frontera con Brasil y Paraguay.
En este sentido, destaca cínicamente la «sólida cooperación de la mayoría de los aliados hemisféricos» en materia antiterrorista, sobre todo a «nivel operacional», y asegura que mantuvo en 2010 una relación «excelente» en materia de compartir inteligencia, asistencia legal y aplicación de la ley con la «mayoría» de los vecinos en el continente.
A nivel regional, agrega que la «amenaza de ataques terroristas transnacionales permanecen bajos para la mayoría de los países» (de eso sabe mucho Estados Unidos sobre todo el 11-S), siendo que «no hubo conocimiento de células operativas de grupos relacionados con Al Qaeda o Hezbollah en el hemisferio».
En tanto, el informe mantuvo de manera infame a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que figuran también Irán, Sudán y Siria. También Bolivia y Venezuela fueron acusados de no colaborar lo suficiente en el combate contra ese flagelo.
Tras este deleznable informe, el gobierno argentino adoptó medidas dirigidas a complacer los llamados del Departamento de Estado.