Panorama Alternativo
La utilización de la base militar de Palanquero como centro geopolítico estratégico de utilización norteamericano, posee entre otros, un antecedente nefasto y criminal que resurgió tras conocerse su localización como base militar norteamericana.
El 13 de diciembre de 1998, un helicóptero que operaba desde esta base, bombardeó a una comunidad al norte de Bogotá matando a 17 personas, entre ellas seis menores de edad. Una bomba tipo” Cluster” o racimo, fue lanzada por aviones de combate de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
En el operativo, un número «no determinado» de aviones y helicópteros bombardearon el caserío en la localidad de Santo Domingo, Arauca, y uno de los proyectiles explotó sobre un camión en el que iban las 17 víctimas civiles.
El ataque sobre población civil fue encubierto por el ejército y la justicia colombiana, hasta que grupos en defensa de los derechos humanos obligaron al gobierno de Bogotá a admitir la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la masacre.
Los militares que participaron de la matanza, utilizaron «procedimientos falsos», obstruyendo y dilatando las diversas investigaciones «cuando era evidente que lo ocurrido había sido una masacre», según lo manifestado por familiares de las víctimas.
Funerale de víctimas de masacre en 1998
El dictamen señaló que las arbitrariedades de los militares llegaron a tal punto que permanecieron durante 17 días en el caserío, en los que «las casas de la población civil fueron abusivamente violentadas, se registraron allanamientos ilegales y fueron saqueados sus comercios».
Además, «fueron destruidos sus enseres, hurtados dineros y joyas, y fueron consumidas las gallinas de propiedad de la población civil por los soldados», reconoció el fallo, en 2006.
Vista aérea de base Palanquero
Los lugareños solo pudieron regresar a sus viviendas cuando las tropas salieron del caserío, y tras dejar el poblado, «el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana justificaron la operación militar y negaron su responsabilidad en las muertes», afirmó la sentencia.
Una sanción de Estados Unidos se había impuesto a la base situada en Puerto Salgar, a 100 Km. de Bogotá. La sanción implicaba el cese de ayuda dada la magnitud del «escándalo».
Estos “detalles” fueron obviados por Estados Unidos quien ya estaba preparando su plan de traslado de la base de Manta y, en abril de 2008, el Departamento de Estado decidió “re-certificar” al Comando Aéreo de Combate Uno, que opera en Palanquero, y poder recibir entonces, la asistencia de Estados Unidos en su “cruzada” contra el “narcotráfico y el terrorismo”.
El embajador de EE.UU. en Bogotá, William Brownfield, había anunciado en 2008 esta decisión explicando que la misma le permitiía a la base aérea colombiana, obtener “ayuda estadounidense”.
En la capital norteamericana, el Congreso está a punto de aprobar una partida para invertir 46 millones de dólares en la ampliación de las actividades de Palanquero.
En la actualidad, Palanquero cuenta con una pista aérea de 3500 metros de longitud, dos hangares y aloja la división más importante de la Fuerza Aérea colombiana.
Bogotá recibe desde el año 2000 asistencia de Washington para la lucha antidrogas y después contra los grupos armados. Bajo ese programa de asistencia, llamado «Plan Colombia», Bogotá obtuvo más de seis mil millones de dólares.
Los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunirán el viernes 28 de agosto en San Carlos de Bariloche para discutir sobre los planes de Estados Unidos de utilizar bases militares en Colombia.
La fotografía muestras los funerales de las víctimas civiles masacradas por la cobarde aviación colombiana.