Organizaciones campesinas vuelven a denunciar el accionar de grupos armados y la criminalización de las familias que habitan territorios codiciados por empresarios que esgrimen supuestos títulos de propiedad.
A principios de este mes, en “La Overa”, a 250 kilómetros de la capital provincial, alrededor de veinte familias campesinas fueron atacadas por un grupo de hombres armados que, desde diciembre del año pasado, intentan instalarse en el departamento de Alberdi, para realizar trabajos de desmonte y alambrado.
Según advierten los pobladores, se trataría de alrededor de diez hombres que a fines del año pasado atacaron a la comunidad del paraje El Simbolar, en el mismo Departamento.
Por su parte, El MOCASE – Vía Campesina, informó que en Campo Gallo, localidad cabecera de Alberdi, en la madrugada del pasado viernes 15 de julio, “los matones llegaron al rancho de don Enrique Taboada y de Domingo Salto. Al salir a atender, comenzaron a tirar con armas de fuego y golpearon a Don Domingo con la culata de una pistola en la cabeza dejándolo herido y con la amenaza de que se dejaran de joder, al tiempo que prendían fuego a la camioneta de la familia”.
“Se desplazan vestidos de civil, con ithacas y armas largas para las que no es sencillo tener permisos de portación”, relata Hugo Soria del Instituto de Cultura Popular (INCUPO), y advierte que “se mueven con total impunidad, no hay fuerza policial que les ponga un freno; en los operativos nunca llegan secuestrar armas o a detener personas, pareciera que se trata de zonas liberadas”.
Atentos a esto, tras presentar la denuncia en la comisaría de Santos Lugares, los integrantes del MOCASE se reunieron con el jefe de Gabinete provincial, Elías Suárez, para solicitarle que active la visita a la zona del Comité de Emergencia y Ordenamiento Territorial y de la plana mayor de la policía.
El Comité de Emergencia ha registrado más de trescientas situaciones de conflicto por la tierra, muchos de ellos violentas, pero las soluciones de fondo aún están pendientes.
De los datos relevados por el Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medio Ambiente Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), se desprende que, solo en catorce de estos conflictos, alrededor de tres mil seiscientas personas corren el riesgo o han sido desplazadas de sus territorios por sujetos y/o empresas que argumentan tener títulos de propiedad sobre esas tierras, involucrando alrededor de 41.587 hectáreas del monte santiagueño.
La presencia de estos grupos armados también fue advertida en la zona de El Negrito y Los Parvas, donde Soria presume que comenzaron a rondar porque se han vendido campos habitados por familias que han vivido allí por más de tres generaciones, pero no tienen título de propiedad.
“El viernes pasado llegaron a la casa de Don Carrizo en el paraje La Avenida, iban a sacarlo al hijo para que pelee y le han zamarreado a la madre”, cuenta Deolinda Carrizo, dirigente del MOCASE – Vía Campesina.
La respuesta judicial
La Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la nación, señala que entre 2002-2004, en el Departamento de Alberdi se perdieron 41.592 hectáreas de bosques nativos. Según los resultados aún preliminares de la actualización de este estudio, en el año 2006, en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Formosa, se duplicó la tasa anual de pérdida de bosque nativo con respecto al período 1998-2002. En este contexto, las detenciones por parte de la policía y la persecución judicial se suman a las estrategias de amedrentamiento de las que son víctimas los campesinos santiagueños.
“Hay una causa en la que detienen a Juan Santillán, a Antonio y a Alcides Santillán, los citan permanentemente y les toman declaraciones”, cuenta Deolinda Carrizo al referirse a la última detención de Alcides, el pasado 6 de junio, cuando fue llevado a la comisaría de Campo Gallo para ser liberado a las pocas horas.
Así como las detenciones de los Santillán, el MOCASE-Vía Campesina, ha alertado sobre una causa que se instruye en el Juzgado Criminal 4to de la ciudad de Santiago capital, a cargo de Ramón Tarchini Saavedra, contra 12 integrantes del movimiento.
Se trata de una acción judicial iniciada por la empresa Julianes SRL, en conflicto con la comunidad rural del campo La Flor en el departamento Alberdi. “Nos denuncian por frenar el alambrado, pero han metido a varios dirigentes y militantes que no viven allí, es un ataque contra la organización”, explica Deolinda.
Mientras las estrategias judiciales, ubican a los campesinos en el lugar de usurpadores de las tierras que han habitado por generaciones, los empresarios cuentan con el beneplácito de jueces prestos a reconocer la propiedad a los detentores de títulos de dominio. “Los juicios de prescripción veinteñal que inicia los campesinos demoran por los menos siete años, y hay algunos que están parados desde hace veinte años”, cuenta Hugo Soria.
A esta mora judicial se suman las limitaciones del campo jurídico en el que los jueces inscriben el conflicto, desconociendo el modo de vida de las comunidades campesinas que habitan esos territorios a contrapelo del modelo extractivo y la racionalidad de mercado en el “uso de la tierra”.
“El peso de los usos y costumbres es desestimado por los jueces como fuentes del derecho. Así, la práctica interpretativa de los jueces confluye en fallos que o bien implican el desalojo de las familias campesinas, o bien tienden a otorgar en propiedad superficies menores a las reclamadas por los campesinos”, concluye el sociólogo Pablo Barbetta, tras analizar el trámite judicial de 29 causa iniciadas por familias campesinas que buscaban un reaseguro frente a quienes pretenden correrlos del monte. En el marco de esa investigación, Barbetta entrevistó a uno de los jueces intervinientes, quien consideró que “hablar desde el punto de vista de la cultura escapa a la condición de jurista”.
Fuente: http://www.plazademayo.com/2011/07/sin-derecho-persecusion-y-violencia-en-los-montes-santiaguenos/