En una manifestación realizada hoy (15) en el municipio de Montes Claros, norte del estado brasilero de Minas Gerais, agricultores, profesores, servidores, sindicalistas, miembros de ONGs y pastorales sociales declararon su repudio a los «grandes” proyectos que el gobierno pretende desarrollar en la región, vinculados a la producción de gas, construcción de represas y, principalmente, a la minería.
Los manifestantes aprovecharon la presencia del gobernador del Estado, Antonio Anastasia, que estuvo en el municipio para anunciar el envío del proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y establecer normas para facilitar la atracción de inversiones y la instalación de empresas en los municipios del área minera. También firmó un despacho definiendo como prioridad gubernamental la elaboración de un plan regional para los municipios ricos en minerales.
Están previstos cuatro proyectos, en los municipios de Grano Mogol, Salinas, Río Pardo de Minas y Janaúba. Las empresas involucradas son el grupo Votorantim, Vale del Río Doce, la Minería y Transporte Minas (MTransMinas), Minería Minas Bahía (Miba), la empresa Gema y la china Honbridge.
Según el coordinador del equipo del Centro de Agricultura Alternativa del Norte de Minas (CAA/NM), Álvaro Carrara, los proyectos se presentan a la población como un óptimo negocio, la «salvación” de la región. Sin embargo, no hay diálogo con las comunidades que se verán afectadas; sólo existe la imposición de proyectos que están en fase de estudio y deben ser implementados en 2012.
«Ésta es la gran cuestión: no hay consulta a la población. Es lo mismo que ocurrió en la década del 70, cuando vinieron proyectos de monocultivo de eucalipto, represas, todo con la promesa de empleo y desarrollo, y lo que se vio fue la explotación, comprometer los recursos naturales, la expulsión de las familias hacia las ciudades, la desestructuración del modo de producción familiar”, manifiesta.
«Hoy, sin ningún diálogo, las máquinas ya están llegando y la población se queda solamente mirando, sin saber cuáles son los métodos de los proyectos y cuáles sus impactos”, agregó.
Para combatir la versión desarrollista propagada por el gobierno, el Foro de Desarrollo Sustentable del Norte de Minas, constituido por organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de la región, publicó un manifiesto en el que explicita los puntos negativos de los emprendimientos.
Entre los principales, está la cuestión del agua, que se consume en gran cantidad en la actividad minera y, por ese motivo, pone en riesgo el abastecimiento de la población. La región está caracterizada como semiárida, por lo tanto, no dispone de recursos hídricos abundantes.
«En el Norte de Minas Gerais sólo una de las empresas que quieren la minería tienen un otorgamiento preventivo de 30.700 millones de litros por año. Casi lo que consume la población entera de Montes Claros. Además pretenden implementar mineroductos (consumen mucha agua) para llevar el mineral a la exportación”, se aclara en el manifiesto.
Las enfermedades también constituyen una grave amenaza para los habitantes de la región, dado que varios estudios descubrieron la existencia de un gran yacimiento de arsénico, elemento altamente nocivo para la salud, junto con un yacimiento de oro.
«Donde hay explotación de oro, muchas personas son contaminadas por las diferentes formas de diseminación del arsénico, por el agua, por el polvo en el aire, y por el consumo de hojas y frutos que puedan haber sido alcanzados por el polvo con arsénico, o por el consumo de carne de animales o peces que hayan ingerido substancias con estos elementos”, alertan.
Como consecuencia, hay personas que sufren de cáncer y bebés que nacen con malformaciones. No es en vano que, según el manifiesto, en una escala de 1 a 6 de la potencialidad contaminante, el Proyecto de Minería Riacho de los Machados Ltda es clasificado como un emprendimiento de clase 6, por consiguiente, con alto riesgo de contaminación.
Ni financieramente los proyectos pueden proporcionar ventajas a la población. Los activistas del Foro denuncian que los impuestos pagados por las empresas mineras quedan entre el entre 2 y el 3% de la facturación líquida, siendo considerados «irrisorios”.
Los empleos no son tantos como el gobierno anuncia y serán ofertados sólo en los 15 meses iniciales de la instalación de la mina. El temor de la población es el aumento considerable del número de personas en la región, que debe generar, como en otras comunidades que recibieron proyectos mineros, crecimiento de la violencia y explotación sexual de niñas y adolescentes.
Después de ocho años de explotación minera previstos en el proyecto, las empresas controladoras de la actividad, la mayoría transnacionales, deben irse del lugar, llevándose los lucros y dejando muchas pérdidas a las comunidades. «De acuerdo con el estudio del Informe de Impacto Ambiental (Rima), en este corto período de tiempo la minera extraerá cerca de 15 millones de toneladas de mineral aurífero, riqueza incuestionable, siendo que, para eso, producirá cerca de 144 millones de toneladas de rechazos, una basura que quedará para todos los que permanezcan en la región”, se enfatiza.
Para leer el manifiesto completo, ingrese a:http://www.saofranciscovivo.com.br/files/Carta%20Aberta%20Mineraçao%20Norte%20de%20Minas.pdf
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=58423