Mediante un comunicado se informó que se derogó el Decreto Supremo número 083-2007, correspondiente al proyecto minero y se emitirá una resolución, que establezca la consulta previa antes de aprobar toda iniciativa futura sobre concesiones mineras y petroleras.
El proyecto minero Santa Ana, dirigido por la empresa canadiense, Bear Greek, contemplaba la explotación minera en la región de Puno, cerca del lago Titicaca. Esto causó preocupación entre los habitantes de la zona, tras considerar que la actividad contaminaría este reservorio natural, necesario para la vida de esta población. Por tal razón cerraron la frontera que comunica Perú y Bolivia, ocasionando daños a la economía de ambos países.
Los manifestantes exigían la promulgación de dos decretos supremos que establezcan la cancelación definitiva de todas las concesiones mineras y petroleras en la zona.
El acuerdo anunciado por el Ejecutivo se logró después de más de 10 horas de negociaciones en la capital peruana, entre el ministro del Interior, Miguel Hidalgo; y el viceministro de Minas, Fernando Gala, con los huelguistas, mayoritariamente de la etnia aimara.
De acuerdo con el MEM, esto posibilitará el fin de la huelga contra la concesiones mineras y petroleras en la zona sur de Puno.
En lo referente a los procesos de consulta, en Puno se acordó que «los procesos, procedimientos, títulos de concesiones mineras y el otorgamiento de derechos de exploración y/o explotación de hidrocarburos existentes en esta zona del país no autorizan por sí mismos a realizar actividades mineras o petroleras de exploración ni explotación».
Para ello, debe «efectuarse el proceso de consulta, con el fin de llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente, en mérito al Convenio 169 de la OIT y la Ley de Comunidades Campesinas (Ley 24656), según lo determine el Ministerio de Cultura».
En cuanto a las concesiones vigentes, se acordó que «el MEM coordinará con los ministerios de Cultura y Agricultura, a efecto de una adecuada determinación de los pueblos indígenas que deban ser materia del proceso de consulta, en cumplimiento del Convenio 169», añade el comunicado.
El viceministro de Minas, Fernando Gala, subrayó que “los acuerdos que se lleven a cabo en la consulta con las comunidades tienen que respetarse, así no exista el derecho de veto. Si las comunidades no quieren minería no se puede obligarlas”.
“Hay empresas que cuentan con concesiones antiguas que ya se han otorgado y éstas van a tener que realizar la respectiva consulta antes de su actividad de explotación. Si en la consulta se decide que no hay aprobación al proyecto, así será. No se les puede obligar”, aclaró el funcionario sobre las concesiones vigentes.
La parte oficial aguarda por las acciones de la minera Bear Greek ante la medida de derogar su concesión.
Por otro lado, el dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conami) en Puno, Pablo Salas, consideró que estas acciones representan un avance en su lucha, pero no cubren todas las expectativas de las comunidades.
«Por ejemplo, el dirigente indicó que se busca que la consulta se realice en procesos de negociación entre las comunidades y las empresas, cuando lo que ellos plantean es realizar un referendo», refirió una agencia de noticias.
Advirtió que una posibilidad que se estudiará con los huelguistas es levantar la protesta después del 28 de julio, cuando el presidente electo, Ollanta Humala, inicie su gestión.
«El Gobierno lo que está haciendo es dividirnos, cuando hemos debido negociarlo en conjunto. No somos intransigentes, simple y llanamente el espíritu es que nos comprendan a nosotros», expresó Salas.