En compañía de cientos de miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Zelaya marchó hasta el juzgado penal de Tegucigalpa (capital), para exigir el cese de los juicios contra Flores.
«Mi presencia aquí es en calidad de ex Presidente, en mi condición de coordinador del Frente de Resistencia, de acompañar al demandado porque es injusto que se persiga a los golpeados, a las víctimas y se proteja a los que dieron el golpe de Estado» en junio de 2009, dijo Zelaya a los periodistas frente al juzgado.
El ex Ministro de la Presidencia está acusado del desvío de 5,6 millones de dólares para propaganda de una consulta popular no vinculante que preguntaría al pueblo si quería que se instalara una cuarta urna en las eleciones de noviembre de ese año para la futura instalación de una Asamblea Constituyente. Esta encuesta se usó como excusa para que el Ejército derrocara a Zelaya con el aval del Congreso y la Corte Suprema.
Flores compareció este lunes al juzgado para responder por otros dos juicios, de los cuatro que enfrenta, pero la audiencia fue suspendida porque la Fiscalía recusó a la jueza.
Según la información suministrada por la vocera del tribunal, Bárbara Castillo, el acto «no se realizó porque “el Ministerio Público argumentó que hay una amistad entre la jueza María Dolores López y Flores Lanza».
Mientras, la defensa de Flores recusó a la otra jueza, Alejandra Ochoa, porque tuvo «choques» con ella.
Bárbara Castillo indicó que de acuerdo con el procedimiento la Corte de Apelaciones deberá conocer las recusaciones y nombrar nuevos jueces, si lo considera pertinente, para los dos casos pendientes.
El juez Claudio Aguilar, quien le impuso arresto domiciliario el miércoles mientras dure el juicio por dos cargos por supuesto desvío de dinero, ordenó que el ex Ministro sea recluído en una cárcel si no paga dentro de un mes una fianza de tres millones de dólares.
Flores, quien se declaró «imposibilitado» para pagar esa suma, calificó la resolución como «sicariato judicial» y alegó que el juez recibe presiones de los golpistas que derrocaron a Zelaya.
La detención de Flores fue considerada por Manuel Zelaya como una violación al pacto de reconciliación que se firmó el pasado 22 de mayo con el presidente Porfirio Lobo, gracias a la mediación de los gobiernos de Colombia y Venezuela.
El ex funcionario volvió al país el 28 de mayo junto a Manuel Zelaya, tras alcanzar un acuerdo que estableció garantías para el regreso del ex mandatario y sus colaboradores, luego de que Zelaya estuviera refugiado 16 meses en República Dominicana.
Lobo se ha excusado por la situación de Flores diciendo que él no tiene control sobre el Poder Judicial, que sigue controlado por partidarios del golpe.