Por Andy López
Buenos Aires, Argentina.-La reciente alianza anunciada entre el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y Mercado Libre, firmada por Carlos María Gallo y Paula Fernández Pfizenmaier (Foto), el pasado 7 de agosto, fue presentada como un paso «innovador» para fomentar la cultura de la propiedad intelectual en Argentina, aunque es en realidad un acuerdo profundamente cuestionable que desdibuja los roles del Estado y favorece la legalización de un monopolio digital privado.
Lejos de ser una colaboración equitativa, este pacto parece consolidar una forma de captura corporativa de una función pública esencial, cediendo control y legitimidad a una empresa privada con intereses comerciales propios y bien definidos.
La narrativa oficial habla de «empoderar a emprendedores» y de crear un «ecosistema más seguro», sin embargo, un análisis crítico revela que esta alianza sirve, en primer lugar, a las necesidades y la agenda de Mercado Libre. La empresa no es un socio neutral; es un actor dominante que ha luchado durante años por controlar los litigios de propiedad intelectual que surgen en su plataforma, a menudo con costosos y complejos resultados legales.
El Estado como Validador de una Solución de Mercado
El núcleo del problema radica en que el INPI, la máxima autoridad de propiedad industrial del país, está endosando la solución de una empresa privada a un problema sistémico. El «Programa de Protección de Marca» de Mercado Libre, lejos de ser un servicio desinteresado, es una herramienta interna de gestión de riesgos y de eficiencia operativa. Ahora, con el sello oficial del INPI, esta herramienta adquiere una legitimidad que le permite a Mercado Libre ejercer un control casi regulatorio sobre los derechos de propiedad intelectual en su vasto ecosistema digital, creando de facto un monopolio y desplazando a otras plataformas o usuarios oferentes.
La asociación convierte al INPI en un promotor de las herramientas de una empresa privada, en lugar de fortalecer sus propios mecanismos y su capacidad de fiscalización. Esto no es una colaboración; es una subcontratación de la autoridad pública. Se le está pidiendo al INPI que se convierta en un departamento de relaciones públicas para una empresa que necesita legitimar sus procesos de control para reducir su propia exposición legal.
El Conflicto de Interés como Eje Central
El supuesto «conflicto de interés potencial» es, de hecho, un conflicto inherente y fundamental. Mercado Libre no es un mediador imparcial. Sus decisiones sobre qué marcas proteger y qué disputas priorizar estarán siempre influenciadas por su imperativo de maximizar ganancias, mantener la estabilidad de la plataforma y evitar litigios costosos. En este escenario, la alianza obliga al INPI a validar decisiones de una empresa que no está obligada a operar bajo los mismos principios de equidad, transparencia y debido proceso que una institución pública.
¿Qué sucede cuando los intereses de un pequeño emprendedor se oponen a los de una gran marca que genera un volumen de ventas significativo para la plataforma? La historia de las plataformas digitales sugiere que las decisiones no siempre se toman en beneficio de los más débiles.
El Peligro de Privatizar la Justicia de la Propiedad Intelectual: Un Precedente Controversial
La centralidad de Mercado Libre en este esquema puede llevar a una privatización de facto de la resolución de disputas de propiedad intelectual en el ámbito digital, sentando un precedente peligroso y potencialmente escandaloso:
- Justicia en Manos Privadas: Si el «Programa de Protección de Marca» de Mercado Libre se convierte en la vía principal para la resolución de conflictos, ¿qué garantías hay de imparcialidad, debido proceso y transparencia? Los mecanismos internos de una empresa privada, por definición, no tienen la misma autoridad ni las mismas obligaciones que un tribunal o un organismo público como el INPI. Esto podría resultar en fallos arbitrarios o sesgados que generen un gran descontento y denuncias públicas.
- Barreras para Pequeños Emprendedores: Irónicamente, este acuerdo podría aumentar las barreras de entrada para pequeños emprendedores y startups. Aquellos que no tengan la capacidad de monitorear constantemente la plataforma y presentar denuncias complejas podrían quedar desprotegidos frente a la infracción, mientras que los grandes jugadores con recursos legales robustos podrán navegar el sistema. Si la «protección» se vuelve un privilegio y no un derecho accesible, el escándalo de la desigualdad no tardará en surgir.
La Falacia de la «Educación»
El énfasis en la «educación» es una táctica brillante. Al centrarse en concientizar a los usuarios sobre la importancia del registro, la alianza desvía la atención de la falta de fiscalización efectiva por parte de Mercado Libre y la incapacidad (o desinterés) del Estado para imponer sanciones reales. En lugar de crear un sistema robusto de protección, se le traslada la responsabilidad a los propios emprendedores para que se adapten a las reglas de la plataforma privada. La «cultura de la propiedad industrial» se convierte en la cultura de cómo operar dentro de las reglas impuestas por Mercado Libre.
Conclusión: Un Precedente que lesiona la propiedad intelectual en Argentina
En última instancia, esta alianza no es un «paso adelante» para la propiedad industrial argentina. Es un precedente peligroso que formaliza la privatización de funciones públicas esenciales consolidando un monopolio digital. El INPI está renunciando a una parte de su autoridad en el entorno digital, otorgando a un actor comercial un poder desproporcionado para definir las reglas de juego en uno de los mercados más importantes del país.
La protección de la propiedad intelectual no debería ser un servicio que se gestiona bajo una lógica de negocios, sino un derecho garantizado por el Estado. Esta alianza parece ser el primer paso en la dirección contraria y se sospecha de oscuros intereses al momento de la firma.