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El gobierno argentino encabezado por Javier Milei decretó un aumento del salario mínimo del 9,3%, una cifra considerablemente menor a la inflación. La cifra no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria que necesita una familia para no pasar hambre.
El gobierno de Argentina publicó el 26 de diciembre un decreto que fija el salario mínimo vital y móvil (SMVM) en $296.832 para marzo de 2025, con un incremento del 9,3% escalonado en cuatro cuotas entre diciembre y marzo.
Sin un acuerdo tripartito, el gobierno tomó de manera inconsulta la resolución de fijar un aumento que representa el nivel más bajo en dos décadas.
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Deterioro del poder adquisitivo
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reflejan que el salario mínimo ha perdido el 58% de su poder adquisitivo desde 2017.
Luis Campos, investigador de la CTA, destacó en su análisis que esta situación no solo afecta a los trabajadores que perciben el salario mínimo, sino que también debilita el piso salarial de todo el mercado laboral. «Destruir el SMVM implica quitarles el piso a los trabajadores de menores ingresos», señaló en sus redes sociales.
1. El Gobierno Nacional actualizó unilateralmente el SMVM. A partir de marzo de 2025 queda en $ 296.832. En términos reales es el valor más bajo de las últimas dos décadas. Cayó un 17,8% contra diciembre de 2023 y un 39% contra fines de 2019 pic.twitter.com/xxMzUp4Geo
— Luis Campos (@luiscampos76) December 26, 2024
Críticas de sindicatos y postura oficial
La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA emitieron comunicados condenando la medida. Para la CGT, el gobierno ha mostrado «una falta de respeto institucional» al evitar consensos en el Consejo del Salario y favorecer los intereses empresariales.
Actualmente, Argentina enfrenta un complejo panorama económico y social marcado por una inflación anual superior al 140%, el incremento de la pobreza y una pérdida generalizada del poder adquisitivo de los trabajadores. Estas tensiones se agravan por las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno, que incluyen recortes en programas sociales y medidas que generan incertidumbre en sectores vulnerables, como los jubilados y trabajadores informales.