Por Nicolás Lantos / El Destape
El gobierno de Javier Milei, con políticas de ajuste extremo y ataques a derechos históricos, ha convertido a Argentina en un “laboratorio” para la ultraderecha internacional. Desde el desmantelamiento estatal hasta la represión sindical, el nuevo escenario político local se asemeja a los lineamientos del Proyecto 2025 de Donald Trump, impulsado por think tanks conservadores en EE.UU. En una agenda de poder que prioriza el capital y busca eliminar límites a la acumulación privada, las coincidencias entre ambos proyectos alarman por su propósito compartido: reconfigurar el Estado a favor del mercado y en detrimento del bienestar ciudadano.
“Su objetivo central es desmantelar la administración del Estado, supuestamente cooptada por la izquierda. Eso implica disolver ministerios y agencias federales, recortar el financiamiento a la salud pública, la educación y las políticas de bienestar, y eliminar programas y recursos para combatir la violencia de género, la discriminación, la contaminación y el cambio climático”.
No es una descripción del gobierno de Javier Milei sino el corazón de la propuesta que, muchos creen, desplegará Donald Trump en su segundo mandato, de acuerdo al documento conocido como Proyecto 2025, la hoja de ruta para un gobierno de ultraderecha confeccionada e impulsada por algunos de los grupos de interés más influyentes en torno al electo por segunda vez presidente de Estados Unidos.
La semejanza no pasó desapercibida. La plataforma Open Democracy, uno de los medios independientes más prestigiosos del mundo, publicó esta semana, después del triunfo republicano, una nota de la periodista Diana Cariboni que da cuenta de estas coincidencias y se titula “El Proyecto 2025 de Trump ya está en marcha en la Argentina, y es aterrador”, de la que extraje la cita que da comienzo a esta columna.
Más aterradora es la bajada, que desafía: “Si te animás a ver cómo podría Trump implementar el Proyecto 2025, entonces mirá hacia la Argentina, un laboratorio para la extrema derecha global”. El texto, que puede leerse completo y de forma gratuita online, desgrana detalladamente las coincidencias y deja, tras el repaso, la inquietante sensación de que no son exactamente una casualidad.
En resumen: el Proyecto 2025 está desarrollado con lujo de detalles en un tomo de más de 900 páginas titulado “Mandato para liderar: la promesa conservadora”. Lo confeccionó la Heritage Foundation, un think tank de ultraderecha, con la participación de “más de un centenar” de organizaciones afines y “docenas de funcionarios del primer gobierno de Trump”, de acuerdo a Cariboni.
El resultado de ese trabajo es la recomendación de utilizar “tácticas autoritarias que existen en varias partes del mundo” y a los argentinos nos resultan familiares, y que van “desde el ataque a la educación pública hasta el desmantelamiento de las políticas contra el cambio climático o la restricción de los derechos de mujeres, minorías, inmigrantes y trabajadores”.
La web de la Heritage Foundation es bastante explícita respecto a los términos del Proyecto 2025: “No alcanza con ganar elecciones. Si queremos rescatar al país de las garras de la izquierda radical, necesitamos una agenda de gobierno y la gente adecuada en cada lugar, listos para impulsar esa agenda desde el día uno del próximo gobierno conservador”.
Los cuestionamientos que recibió el Proyecto 2025 en la campaña obligaron a Trump a desconocer su relación con los autores y a decir que “algunas de las cosas que propone son ridículas y pésimas”, aunque no aclaró cuáles. Sin embargo uno de los responsables del documento es John McEntee, exjefe de personal de la Casa Blanca y autor, en 2020, de una purga de funcionarios desleales al presidente.
Un día después de la elección, el influencer conservador Matt Walsh tuiteó: “Ahora que las elecciones han terminado podemos decir que, sí, el Proyecto 2025 es nuestra agenda”. La línea fue replicada por el estratega de ultraderecha Steve Bannon tras salir de la cárcel donde cumplió 4 meses de pena por negarse a responder ante el Capitolio por su rol en el intento de golpe de enero del 21.
“Si hay un país que ya está probando algunas de las políticas más extremas para debilitar al Estado y volver obsoletos ciertos derechos, es Argentina”, advierte Open Democracy al dar cuenta, a partir de documentos del Departamento de Justicia, de un contacto de Milei con la Heritage Foundation a través del lobbista Damian Merlo, conocido en DC por representar los intereses del salvadoreño Nayib Bukele.
Según medios salvadoreños, el trabajo de Merlo le cuesta al fisco de El Salvador unos 65 mil dólares por mes. No hay registro de cuánto costó ni quién pagó las gestiones que hizo por el candidato argentino durante la campaña, que incluyeron concertar la entrevista con el popular comunicador Carlson Tucker, que se emitió a través de las redes sociales pocas semanas antes de la elección nacional.
Ya como presidente, Milei coincidió con el vicepresidente ejecutivo de la Heritage, Derrick Morgan, en la cumbre ultraconservadora CPAC que se celebró en febrero de este año en Washington. Allí Morgan le obsequió un ejemplar de “Mandato para liberar: la promesa conservadora”, el libro donde se detalla, paso a paso, la hoja de ruta para una transición que diseñaron para Trump.
Una parte central del plan es echar a decenas de miles de trabajadores estatales para cerrar áreas enteras, en algunos casos, y en otros reemplazarlos por funcionarios leales. Para eso, antes se debe avanzar con la prohibición de que los empleados públicos tengan derecho a organizarse y a protestar. Cualquier semejanza con la actualidad argentina evidentemente no es casualidad.
El laboratorio de la ultraderecha global va a la vanguardia, como indica su rol en este novedoso reparto de tareas. Esta semana renunció al CONICET uno de sus directores, Manuel García Solá, denunciando en una carta “actos de persecución por ideas científicas, políticas y religiosas”. Fascismo desembozado. García Solá había ingresado al organismo en 2022 con el patrocinio de la Sociedad Rural.
Otro episodio del mismo tenor se vive por estas horas en Cancillería: la cacería de “traidores” y “enemigos” en el servicio diplomático a través de una “auditoría al personal de carrera” para identificar “impulsores de ideas enemigas de la libertad” (las palabras entrecomilladas corresponden a apreciaciones hechas en cámara por el presidente o publicadas en comunicaciones oficiales del gobierno).
Ese frente de batalla va a volverse más encarnizado a partir de la aplicación de un plan de reforma que diseña Santiago Caputo y contempla la creación de una red de embajadas paralelas operadas por personal político y probablemente fuera de la órbita del ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo a las versiones que circulan, quedarían bajo la órbita de Economía o jefatura de Gabinete.
Las purgas que describe el Proyecto 2025 y ejecuta, como un hámster, Javier Milei, remiten directamente a las promesas de Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental que, aparentemente, encabezará en el segundo mandato de Trump con la misión de despedir decenas de miles de empleados públicos para hacer un ajuste de 2 trillones de dólares y poner partidarios afines en puestos clave.
El objetivo explícito de Musk y otros megamillonarios embarcados en esa nave es deshacerse de los pocos límites que todavía les pone lo que queda de la democracia. Esa es la libertad de la que habla la ultraderecha cuando habla de libertad: la libertad anarcocapitalista, en la que no hay un Estado capaz de ponerle impuestos ni regulaciones al capital.
Resulta esclarecedor que al mismo tiempo estos sectores mantienen en la base de su propuesta política posturas extremas respecto a la migración. Ahí queda en evidencia que el único sujeto de derecho dentro de esa lógica es el dinero, al que le adjudican la libertad natural que le niegan a las personas: atravesar, como y cuando lo desee, y sin costo alguno, cualquier frontera. Ese es el núcleo del neoliberalismo.
Francis Fukuyama, célebre mundialmente por decretar el fin de la historia tras la caída del Muro de Berlín, resucitó a la criatura esta semana en una nota del Financial Times en la que advierte que Trump es una “amenaza” al orden liberal. Vuelve a cometer, como entonces, el mismo error, una mentira inventada por los propios liberales que de tanto repetirla terminaron creyendo.
Esa mentira dice que el liberalismo es el sano punto medio entre dos autoritarismos: por izquierda, el comunismo, y por derecha, el fascismo. Esa lectura ignora la naturaleza capitalista de las experiencias de extrema derecha del siglo pasado, que no pueden explicarse sin el apoyo del gran empresariado nacional de la época, ni en Italia en los años 20, ni Alemania en los 30, ni en la Argentina en los 70s.
Y aunque el discurso de los nuevos fascistas (y sus admiradores rojipardos) se construye en oposición al globalismo neoliberal, en realidad se trata de la profundización de ese mismo proceso, que tiene en el centro la sacralidad del capital por encima de todas las cosas, hasta la dignidad y la vida humana. Tarde o temprano, el imperio del mercado rige con puño de hierro.
Los beneficiarios son siempre los mismos. En la Argentina se enriquecieron con la dictadura, con Menem, con Macri y están volviendo a enriquecerse ahora, con Milei, en medio de un ajuste brutal que no se distribuye de manera equitativa entre todos, cada cual de acuerdo a sus posibilidades. Por eso lo aplauden cuando se burla de un trabajador despedido. Lo que cambian son las herramientas.
A veces ni tanto. El manual que aplica el presidente argentino para cumplir con las metas de su plan para destruir al Estado desde adentro lleva la marca de Margaret Thatcher, uno de sus principales referentes históricos, de quien tiene una foto en su despacho. “La economía es el método, pero mi objetivo es cambiar el alma”, dijo la ex primer ministro británica en una frase que define su tarea.
Pero, ¿cuál era ese método? ¿Cómo pudo desmantelar el Estado de bienestar? La respuesta que encontró fue quebrar la resistencia sindical. El gobierno fue intransigente en una huelga minera que duró más de un año hasta que los trabajadores, agotados, dieron de baja la medida de fuerza sin negociar nada a cambio. A partir de allí tuvo vía libre para aplicar sus recetas de ajuste.
Del otro lado del Atlántico Ronald Reagan enfrentó al comienzo de su gobierno una huelga durísima de controladores aéreos, que pudo saldar utilizando personal militar para reemplazarlos en las tareas. Un guión calcado al que anunció esta semana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco del conflicto con los operadores de rampas que trabajan en la empresa estatal Intercargo.
Las reminiscencias de esos episodios históricos en la actualidad argentina deben servir, al menos, como advertencia. Después de esos conflictos tan traumáticos, los partidos políticos que, desde la oposición, no pudieron o no supieron evitar la derrota de los trabajadores organizados, tardaron una década en volver al poder y cuando lo hicieron, con Bill Clinton y Tony Blair, su alma ya estaba quebrada.