El Destape
La estrategia judicial del Gobierno de Javier Milei para blindar el mega DNU sufrió un duro revés el jueves en tribunales. Si bien el decreto sigue vigente, el apartado laboral quedó suspendido hasta que se resuelva la cuestión de fondo; y en el fuero Contencioso Administrativo se allanó el camino para que toda la normativa en su conjunto pueda quedar sin aplicación, luego que se desarmara un amparo colectivo y se habilitara la feria para tratar los diversos planteos contra el decreto de forma individual. Esto hizo añicos el plan de la Casa Rosada que buscaba que todos los casos se nuclearan en un juzgado, el de Esteban Furnari, que hacía de foco de atracción. El nuevo cuadro de situación provoca que se multipliquen los expedientes en los tribunales al estilo de lo que sucedió con el “Corralito”.
Las malas noticias para el presidente libertario este jueves provinieron del fuero Laboral y del Contencioso Administrativo. En el Laboral, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una nueva cautelar a pedido de la CTA para suspender la aplicación de la reforma laboral incluida en el decreto (se trata de un resolución similar a la que tomó en el caso de la CGT). La Cámara del Trabajo también se declaró competente para abordar el caso, algo que el gobierno rechazaba. El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, hacedor de la estrategia judicial del blindaje del DNU, había declarado este miércoles en LN+ que “la Cámara laboral no tiene jurisdicción en el tema, ya que la competencia la tiene el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario”. “En pocos días tenemos devuelta la reforma laboral”, había dicho Barra, confiado en su poder de influencia sobre el fuero Contencioso. Cuando parecía que todo salía según lo planeado por Barra la estrategia del oficialismo estalló por los aires.
En línea con lo pretendido por el gobierno, por la mañana de este jueves, luego de que la cámara laboral dictara la cautelar contra el DNU en el “caso CGT”, el fiscal del fuero Contencioso Administrativo Miguel Ángel Guilligan consideró que debía habilitarse la feria para tratar el pedido del Ejecutivo de llevar el «caso CGT» del fuero laboral al Contencioso Administrativo. El mismo fiscal había rechazado habilitar la feria días atrás para discutir la constitucionalidad del Mega DNU. Tras esta solicitud, el juez Enrique Lavié Pico quedó en condicines de resolver.
Y aquí fue donde se produjo el quiebre. Porque Lavié Pico este jueves hizo lugar al pedido de habilitar la feria pero primero declaró “la inadmisibilidad formal de la acción como proceso colectivo” en la causa iniciada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, Claudio Lozano, Hugo Godoy y Rodolfo Aguiar. Es decir, desarmó el amparo colectivo, que se había transformado en polo de atracción de todas las presentaciones. Esto provocó que cada proceso judicial contra el DNU vuelva a tramitar en el juzgado donde fue presentado y tornó abstracto el planteo del gobierno para que se acumulen las causas del fuero laboral en el Contencioso. Esto hace que ahora haya una multiplicidad de procesos y que los casos de la CGT y CTA sigan su curso en el fuero del Trabajo.
Ante este cuadro de situación, Lavié Pico habilitó la feria para tratar el planteo de distintos denunciantes. Por ejemplo, se abrió la feria para tratar la presentación del abogado Jorge Rizzo –ya desvinculado del amparo colectivo-, quien planteó la inconstitucionalidad de todo el DNU. Rizzo es presidente de la asociación civil Gente de Derecho, integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, expresidente del Colegio Público de Abogados y ex abogado del cortesano Ricardo Lorenzetti, entre otros.
En diálogo con El Destape, Rizzo dijo tener mucha fe en poder “hacer caer la totalidad del DNU”. “Nuestro amparo es por la validez del decreto. Si se saca sentencia sobre lo que pedimos se terminaría el debate porque todo sería inaplicable”, indicó. Rizzo pidió se dicte una cautelar que suspenda la aplicación de todo el DNU hasta tanto se resuelva la cuestión fondo. Se estima que una decisión sobre ese planteo se podría conocer a mediados de la semana próxima. En tribunales se especulaba con que lo que se resuelva puede ser recurrido vía per saltum ante la Corte, sea por Rizzo o por el gobierno, según quien se vea perjudicado por la resolución. Hasta ahora, el Alto Tribunal no habilitó la feria para abordar el DNU (tiene el caso de la provincia de La Rioja, que ingresó vía competencia originaria).
Así como lo hizo con Rizzo, Lavié Pico también habilitó la feria para tratar el planteo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad para lograr la declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/2023. También el CELS requirió el dictado de una medida cautelar innovativa para suspender la aplicación del Mega DNU “a fin de evitar los perjuicios irreparables”. El Estado ya fue notificado de esto por lo que podría haber novedades sobre este planteo también la semana próxima.
La Asociación Inquilinos Agrupados, por su parte, pidió se habilite la feria para que se trate su planteo ante el fuero Contencioso para frenar el apartado del DNU que hace referencia a la Ley de Alquileres. Es decir, se abrió el juego para que avancen de forma individual los distintos planteos que se fueron realizando en tribunales contra el DNU.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sintetizó en un tuit el estado de situación del blindaje del DNU planeado por el Ejecutivo: “Un golpe de knock out para la estrategia judicial del Gobierno”. Esto implica un duro revés para Barra que fue designado justamente para administrar la relación con el fuero Contencioso Administrativo donde el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, que es penalista, no hacía pie.
Gil Domínguez, que se presentó en el Contencioso Administrativo también con una acción declarativa de inconstitucionalidad, explicó en las redes sociales lo que sucedió este jueves: “En la causa ‘Observatorio’ el juez de feria Doctor Lavie Pico resolvió de oficio desarmar la causa colectiva”. “¿Cuál es el efecto principal del fallo del juez Lavie Pico? Cada proceso judicial sigue tramitando donde fue presentado. Por ejemplo: el de la CGT en laboral y el que promoví ante el juez Lara Correa”, explicó el jurista.
Al desarmar el amparo colectivo, Lavié Pico escribió que “la normativa cuestionada modifica leyes que regulan materias muy disímiles entre sí (Farmacias, Hidrocarburos, Turismo, Energía Eléctrica, Código Civil y Comercial, Registro Automotor, Trabajo, Salud, Comercio Exterior, Reforma del Estado, Código Aeronáutico, entre otras, y dentro de ellas aspectos particulares) y que tramitarían en diferentes ámbitos judiciales, por lo que podrá, en su caso, examinarse -en los términos del artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional- de manera independiente y en relación a cada materia -en concreto- ante los diferentes tribunales en su competencia específica, ya que las decisiones sobre su aplicación y/o validez podrían ser diferentes en cada supuesto y en cada jurisdicción”.
Punto de quiebre
¿Qué sucedió en el Contencioso Administrativo que pasó de nuclear todo en un juzgado y ser reacio a la habilitación de la feria a este nuevo escenario? ¿Por qué de repente se rompió el dique de contención que había en ese fuero?
En tribunales consideran que hay diversos elementos que se yuxtaponen. “Algo se rompió”, afirman. Era evidente que en el Contencioso Administrativo había una intención de acaparar todo en un juzgado vía el amparo colectivo. Por esa razón, de manera automática, cada planteo que se hacía se acumulaba en el juzgado de Furnari. Eso se quebró este jueves cuando Lavié Pico intervino como juez de turno en la feria. “Es probable que la Corte haya bajado línea para que Lavié Pico se inclinara por esta decisión”, consideran los abogados y juristas consultados para esta nota.
En la lectura que se hace en tribunales se menciona la demora del Congreso para resolver este tema. Es que desde el primer momento, se interpretó que la decisión de la Corte de no abordar hasta el final de la feria el caso que tiene en sus manos promovido por el gobernador Ricardo Quintela, con el patrocinio de Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra, fue para que el Parlamento resolviera el conflicto que desata el DNU. Si las dos cámaras del Congreso rechazan el decreto este cae y no hace falta la intervención judicial. Pero eso no asoma como posible en el corto plazo. Y el DNU ya está vigente.
En tribunales también señalan que no cayó nada bien en el Poder Judicial la forma en que Barra se expresó sobre cómo el fuero Contencioso Administrativo en poco tiempo daría vuelta lo resuelto por la cámara laboral. Se mostró como el titiritero del fuero.