Agencias
El Gobierno de Argentina publicó este lunes un comunicado para condenar la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que la Fiscalía solicitara que la funcionaria fuera condena a prisión.
En esta jornada, el fiscal Diego Luciani pidió ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que la vicepresidenta fuera condenada a 12 años de cárcel y su inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, en el marco del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015.
«Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno», refiere el texto.
Además, enfatizó que el Gobierno argentino reiteró su adhesión al principio constitucional de inocencia y «a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas».
En el comunicado, el Gobierno expresó su solidaridad con la vicepresidenta ante la persecución en su contra y la búsqueda de proscripción, lo que comparó con intentos realizados contra otros líderes populares «cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos».
Finalmente, cita al presidente Alberto Fernández, quien declaró que «desde lo personal, ‘hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”.
Tras la petición del fiscal Luciani, funcionarios, dirigentes y sectores de la población han expresado su apoyo a la exmandataria argentina y rechazaron la persecución judicial en su contra.
«Voy a demostrar por qué me están prohibiendo hablar en el juicio»
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablará este martes a través de sus redes sociales luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
«Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019», expresó este lunes la expresidenta en Twitter tras la negativa del tribunal.
En ese marco, anunció que hoy a las 11, «a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales».
En tanto, una vigilia de militantes se congregó durante la madrugada y continúa esta mañana frente a la casa de la vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta, a la espera de la salida de Fernández Kirchner hacia su despacho en el Senado, desde donde hablará a partir de las 11.
Las expresiones de apoyo comenzaron este lunes en las inmediaciones de su casa, en la intersección de las calles Juncal y Arenales, y a la llegada de un grupo opositor que se diluyó con las horas, se sumó la represión policial denunciada por la expresidenta, quien responsabilizó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
El rechazo a su pedido de ampliación de la indagatoria fue comunicado por el presidente del TOF2, Rodrigo Giménez Uriburu, tras una deliberación de 30 minutos con sus colegas Andrés Basso y Jorge Gorini, con quienes coincidió en que la próxima instancia que tiene la vicepresidenta para exponer ante el tribunal es la que se conoce como «últimas palabras», previo al veredicto.
Este lunes se completó la novena audiencia del alegato acusador en la causa también conocida como Vialidad, en la que los fiscales pidieron penas para todos los acusados.
Sobre el pedido de condena a Fernández de Kirchner, el Frente de Todos advirtió que se trata de un intento de proscripción o condicionamiento contra la exmandataria.
El debate se reanudará el 5 de septiembre.