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Existen suficientes elementos para determinar que la decisión tomada por el juez Federico Villena de incautar el avión venezolano perteneciente a la empresa Emtrasur, filial de Conviasa, constituye un hecho determinado más por razones políticas que por motivos estrictamente jurídicos, en un entramado que involucra a personajes vinculados al expresidente derechista Mauricio Macri, declarado opositor al Gobierno de Venezuela.
El magistrado en cuestión ha sido calificado en no pocas oportunidades de escalar posiciones en el sistema de justicia de Argentina mediante la construcción de vínculos con los últimos gobiernos de su país, en especial con la administración de Mauricio Macri.
Villena, según el medio bonaerense La Nación, reconocido por sus nexos con sectores empresariales y de derecha, llegó a su cargo actual merced del apoyo que le dio Silvia Majdalani, considerada «la poderosa exnúmero dos de la inteligencia en la época de Mauricio Macri», y también por favores de María Eugenia Vidal, quien fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires desde 2015 hasta 2019.
Asimismo ha sido cuestionado por la compra de una casa que habría declarado a un precio menor que el del mercado y financiado con supuestos préstamos simulados y ventas ficticias de inmuebles.
El juez la compró en octubre de 2020. La cotizó por valor de 400.000 dólares estadounidenses, pero su precio real sería casi el doble, unos 790.000 dólares, de acuerdo con información aparecida en los diarios de derecha Clarín y La Nación.
Otra polémica en la que estuvo involucrado Villena fue el escándalo provocado por el extinto juez Claudio Bonadio, cuando, en ejercicio de sus funciones, solicitó la colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina para tener acceso a audios de conversaciones sostenidas por reclusos del penal de Ezeiza, constituyendo un acto ilegal.
El medio argentino Ámbito explicó en un trabajo de investigación sobre este caso que la grabación de las comunicaciones pertenecía al narcotraficante Mario Segovia y había sido autorizada precisamente por el juez Federico Villena ante un pedido del Ministerio de Seguridad de aquel momento.
Los exespías de la AFI, Leandro Araque y Jorge Sáez, en el transcurso del proceso judicial, afirmaron que tuvieron el aval judicial del propio Villena, para realizar escuchas ilegales a Mario Segovia.
El magistrado Villena también fue denunciado e imputado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, a cargo del fiscal Diego Velasco.
En el caso de María Eugenia Vidal, la funcionaria participó en operaciones de robo de bienes venezolanos en Argentina, concretamente en los muelles de Dock Sud, en la provincia bonaerense.
Vidal, actual diputada, en el año 2019, siendo gobernadora de la provincia de Buenos Aires, violentó los candados de la empresa venezolana Petrolera del Cono Sur, filial de Pdvsa, encargada de la distribución de combustibles en el Río de la Plata y operadora de una planta de distribución de carburantes y varias estaciones de servicio.
La negativa de Uruguay
El gobierno de Uruguay, liderado por el derechista Luis Lacalle Pou, antepuso sus diferencias políticas con el presidente Nicolás Maduro, a quien en reiteradas oportunidades ha calificado de «dictador» y colocó en riesgo la vida de los 19 tripulantes de la aeronave cuando se disponía a aterrizar en Montevideo para abastecerse de combustible, ante la negativa de la empresa Shell de suministrarle el carburante.
Los controladores aéreos le negaron el permiso para tocar tierra, por lo que hubo de retornar de emergencia al aeródromo de Ezeiza.
El ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, en su comparencia ante el Senado de su país para aclarar detalles del incidente, argumentó que habían recibido información de servicios de inteligencia que referían «los antecedentes de este avión y que había servido en una circunstancia para apoyo logístico por movimientos de organizaciones terroristas».
La posición de Paraguay. Previo al incidente en el aeródromo de Ezeiza, ya la aeronave estaba en el ojo del huracán, pues el avión de Emtrasur aterrizó en el aeropuerto de Ciudad del Este, Paraguay, el 13 de mayo y permaneció hasta el 16, fecha en que despegó hacia Aruba con un cargamento de cigarrillos para la exportación, sin que se haya reportado para ese momento alguna objeción por parte de las autoridades guaraníes.
No obstante, luego del fallo del juez argentino, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien desconoció la legitimidad presidencial de Nicolás Maduro, y aceptó el «interinato» de Juan Guaidó, se atrevió a afirmar que gran parte de la tripulación del avión tiene vinculaciones con grupos terroristas internacionales.
«La inteligencia paraguaya hizo un gran trabajo para poder determinar la peligrosidad de este vuelo y desde que Paraguay informó y alertó se pudieron hacer las averiguaciones», aseguró el mandatario, al tiempo que afirmó que uno de los integrantes de la tripulación se operó «para cambiarse la cara en Cuba», en clara alusión al capitán.
A propósito de esta declaración, uno de los detalles que enturbian el caso Emtrasur es la supuesta presencia en el equipo de tripulantes de un supuesto general de brigada iraní, identificado como Amir Ghomlamreza Ghasemi, a quien se le señala de formar parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, un grupo militar considerado terrorista por el Gobierno de Estados Unidos.
Esta versión fue dada por cierta casi de inmediato por medios de comunicación del país austral, tradicionalmente vinculados con intereses de sectores empresariales y de derecha, lo que devino en la detención del piloto.
Resulta que Ghomlamreza Ghasemi falleció hace 10 años y era 28 años mayor que el piloto, Ghomlamreza Ghasemi Abbas, nacido en Teherán el 22 de noviembre de 1958.
A pesar de ello, la polémica sobre la tripulación continuó cuando la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, en la voz de su representante legal, Marta Nercellas, puso en duda que el Boeing 747 estuviera destinado a actividades de carga e instrucción para tripulantes y ratificó que sobre Ghomlamreza Ghasemi Abbas hay información que lo vincula al «transporte de armas o de personas».
Esta declaración contrasta con lo señalado en un informe emitido por la agencia de inteligencia de Israel Mossad.
De acuerdo con un informe del diario Página 12, el responsable para América Latina de la agencia israelí de inteligencia se contactó con funcionarios del gobierno nacional y les señaló que «no tiene objeciones con el avión de Emtrasur».
«Tampoco tenemos una acusación contra el piloto, Gholamreza Ghasemi. Ocupaba un cargo gerencial en materia comercial en Mahan Air. No somos nosotros (el Mossad) el que empuja las sospechas: es otra embajada. Nosotros no tenemos nada que decir: la inspección del Boeing estuvo muy bien, correspondía verificar si había explosivos, cosa que se hizo, y no tenemos sospecha alguna sobre la carga de autopartes para la empresa Volkswagen», añadió el representante del Mossad.
Cabe resaltar que Marta Nercellas fue abogada de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el juicio que se desarrolló por el atentado explosivo ocurrido en 1994 contra la referida congregación, que dejó un saldo de 84 personas muertas y que en su momento fue calificado como el peor ataque contra la comunidad judía después de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial.
En este proceso se ha mencionado sin pruebas la acción de grupos extremistas de Irán.
Datos y origen de la aeronave
El avión que permanece retenido desde el lunes 6 de junio de 2022 en el aeropuerto de Ezeiza, buenos Aires, es un Boeing 747-300 M, identificado con la matrícula YV3531, y pertenece a la empresa venezolana Emtrasur, filial de Conviasa.
La aeronave, diseñada por la compañía aeronáutica estadounidense Boeing, originalmente fue destinada al transporte de pasajeros, fue convertida en avión de carga. Comenzó a volar en enero de 1986 al ser adquirido por la compañía francesa Union de Transports Aeriens (UTA), que en 1992 fue comprada por Air France. Posteriormente fue vendido a la aerolínea iraní Mahan Air.
En 2022 el avión es adquirido por la empresa Emtrasur, filial de Conviasa y hasta el momento de su retención en Argentina prestaba servicio de carga de alimentos, medicinas e insumos médicos.
Avión y tripulantes deben retornar al país
Caracas. Tras la decisión tribunalicia de mantener retenido el avión de Emtrasur, cuya tripulación también se encuentra imposibilitada de salir de Argentina, las voces de protesta no se han hecho esperar, tanto de entes oficiales como de sectores populares, grupos sociales organizados y personajes del sector judicial y político.
El martes 9 de agosto se organizó en Caracas una multitudinaria marcha que partió desde la plaza Morelos y concluyó en la avenida Universidad, frente al Palacio Legislativo, en la que trabajadores y grupos organizados solicitaron la inmediata devolución de la aeronave y el retorno de su tripulación que se mantienen retenidos en Argentina, además de exigir las acciones correspondientes, de acuerdo con la gravedad del caso, al gobierno del presidente Alberto Fernández.
Asimismo el presidente de la República, Nicolás Maduro, previo a esta manifestación, emplazó a su homólogo Alberto Fernández a defender la soberanía de su país, ante la decisión de un tribunal de Estados Unidos, de embargar el avión.
«Ahora se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de la Florida. O sea que a partir de ahora un tribunal de la Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo. ¿No hay dominio soberano? ¿No hay respeto a la soberanía? ¿No hay respeto a la ley internacional o es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?», expresó el mandatario en una transmisión de televisión.
En medio de la controversia, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recordó que la fiscal argentina que conoció del caso, Cecilia Incardona, posee un oscuro historial, pues «fue fiscal de uno de los jueces más tenebrosos que soportó las acciones de lesa humanidad en contra de argentinos asesinados, desaparecidos, durante la dictadura militar».
Detalló sobre el caso que Incardona desapareció evidencias que comprometían al referido juez, que finalmente salió en libertad.
Rodríguez añadió que Incardona «se hace acompañar por un juez íntimo amigo de ese desastre que fue presidente de Argentina, Mauricio Macri, que además, ese, y entre otros, está el fiscal que está intentando detener a la vicepresidenta Cristina Fernández».
Recalcó además que «quien le vendió el avión a Irán fue la empresa Air France, no Rusia, Cuba, Corea del Norte». Y posteriormente, Irán le expendió la aeronave a Venezuela, «cosa que es una operación, una transacción completamente normal, habitual».
Solidaridad argentina
- Red de Intelectuales: La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad de Argentina expresó, a través de un comunicado, su preocupación y repudio «ante la retención del avión de la empresa venezolana Emtrasur y sus tripulantes». En este sentido, el comunicado asegura que esa decisión «carece de todo fundamento legal porque «el avión no estaba siendo solicitado por ninguna agencia reguladora de la aviación comercial».
- Atilio Borón: El analista político sureño enfatizó que la justicia argentina «está empecinada en retener el avión de Emtrasur y a sus tripulantes, aun al precio de violar los fundamentos del derecho moderno para dar cumplimiento a la orden de incautación emitida por las autoridades norteamericanas.
- Eugenio Zaffaroni: El exjefe de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y exmiembro de la Cidh expresó que «tener limitada la autonomía de movimiento de una cantidad de personas dos meses y tener retenida una aeronave dos meses, no le encuentro elementos suficientes para nada de los que se alegan».
- Cecilia Incardona: Ha ejercido durante varios años el cargo de fiscal. Incardona fue fiscal en uno de los casos más sonados de la historia judicial, pues actuó en el juicio a uno de los jueces que soportó las acciones de lesa humanidad en contra de argentinos que fueron asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar. En el proceso desapareció evidencias que comprometían al juez, que finalmente fue dejado en libertad.
- Federico Villena: Es juez federal de Lomas de Zamora. Su ascenso en las esferas judiciales ha ido de la mano de funcionarios vinculados al gobierno del expresidente Mauricio Macri. Ha sido señalado por dos espías de la Agencia Federal de Inteligencia de permitirles realizar de manera ilegal grabaciones de conversaciones del narcotraficante Mario Segovia, recluido en la cárcel de Ezeiza. También ha sido cuestionado por haber comprado una casa que habría declarado a un precio menor al del mercado.